En el documento denominado: “Modelo Educativo 2016”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace una sola mención sobre el asunto del mérito como sistema. La autoridad educativa federal pretende con esto que “…tanto en lo individual como en lo colectivo, los maestros cuenten con los apoyos necesarios para facilitar su quehacer como educadores y contribuir a su desarrollo profesional. Es decir, que tengan acceso a recursos pedagógicos innovadores, una formación continua y asesoría técnica–pedagógica para trabajar de manera planeada, actualizada, orientada al aprendizaje de los alumnos y a la solución a los problemas diarios y diversos que se presentan en el aula”.

“Con el fin de ordenar este proceso de profesionalización del magisterio y construir un nuevo sistema basado en el mérito, la Reforma Educativa creó el Servicio Profesional Docente que define los mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los maestros”. (p. 54, en la versión digital)

En el documento antes citado, que consta de 102 páginas, no se argumenta por qué, ni cuál es la lógica administrativa que hay detrás de este sistema, como para crear criterios de acceso al Servicio Docente, “basado en el mérito”. ¿Qué fundamentos han sido presentados para defender esa concepción? El texto guarda silencio en torno a esta pregunta.

El tema de la “meritocracia” ha sido un punto de fuertes debates en el pasado y, a menudo, ventana que revela contradicciones profundas en el seno mismo de las instituciones educativas. El término, por ejemplo, fue utilizado en 1986 por el doctor Jorge Carpizo, entonces Rector de la UNAM, para defender la idea de seleccionar y elevar las cuotas a los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Hoy es una palabra que utiliza frecuentemente la autoridad educativa, tanto federal como estatal, los voceros de ciertos círculos empresariales y uno que otro comentarista en medios.

Pero el llamado a integrar un “sistema meritoicrático” está dirigido sólo a los “de abajo”, mas no a los “de arriba”, por deducción. “Que se queme la pradera en el terreno de mi compadre”, parece decir la SEP. Como lo veremos más adelante, este intento de imposición de un “sistema de méritos”, encierra una seria contradicción. Y más allá de esto, constituye una grave incongruencia de parte de los funcionarios públicos en nuestro contexto social e institucional.

Si se pretende crear un sistema educativo para la administración de los recursos humanos,  “basado en el mérito”, la cima de la “meritocracia” debería estar ocupada por los más aptos. ¿Cuándo, cómo y con qué criterios han sido evaluados para ocupar sus cargos el Secretario, los Subsecretarios y los Directores Generales de la SEP? Lo mismo podemos preguntar acerca de los nombramientos burocráticos del sector educativo, del más alto nivel, en las entidades federativas.

Hay elementos de prueba que dan respuesta parcial a estas preguntas. Veamos: Según una nota del diario La Jornada, el Maestro Germán Cervantes Ayala, nuevo director, desde julio pasado, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), no acreditó en dos ocasiones el examen del Servicio Profesional de Carrera (SPC del Gobierno Federal), sin embargo, éste fue nombrado olímpicamente por el gobernador oaxaqueño Gabino Cué.  De acuerdo con la nota periodística de Arturo Cano (La Jornada, 19 de julio, 2016, p. 7), el director del “nuevo” IEEPO, “debe su cargo a la fidelidad con la que ha seguido las instrucciones de sus jefes”.  Si esto es cierto, ¡¡¡qué bonito ejemplo de congruencia meritocrática !!!

No me quedan dudas acerca de las capacidades y experiencia del Maestro Cervantes Ayala, durante sus 21 años de servicio público en el sector educativo, pero de la misma manera en que el Secretario Nuño defiende sus argumentos a favor de la llamada “meritocracia”, ambos (incluido el gobernador de Oaxaca), deberían ser congruentes con lo que predican. Para estar en el pedestal del sistema meritocrático, deberán ser evaluados.

Queda claro que el llamado a integrar un “sistema educativo meritocrático”, forma parte de un proyecto y un discurso insostenibles. Primero, porque no abarca a la totalidad de la institución, desde los empleados hasta los directivos de alto nivel, sino que está destinado exclusivamente a los trabajadores de base; y en segundo lugar, porque es notoria la presencia de criterios excluyentes, sustentados en la lógica del poder político, al realizar la designación de funcionarios.

Esta “incogruencia meritocrática”, lamentablemente para nuestro país, se extiende hacia otros ámbitos de la administración pública federal. ¿Qué nos puede decir al respecto, por ejemplo, la Cancillería mexicana (SRE) acerca del nombramiento de Embajadores, que sólo pasan por la valoración del Senado de la República, pero no por los rigurosos exámenes del Servicio Exterior Mexicano? Y si es así, éstos no son creíbles.

Como podemos observar, es evidente que en diferentes ámbitos del sector público priva otro tipo de meritocracia: Aquella que está asociada con los factores del poder y la manera en que operan los circuitos de la clase política.

Por otra parte, el discurso oficial que se pronuncia a favor de un “sistema basado en el mérito”, no puede sostener un debate serio y suficientemente argumentado, en términos del Desarrollo Organizacional más avanzado. Los expertos en el tema, por ejemplo a finales del siglo pasado, han coincidido en señalar que este tipo de sistemas generan desconfianza, rivalidad e individualismo entre los empleados o colaboradores.  W. Edwards Deming, líder en el ámbito de la gestión de la calidad, y su discípulo Rafael Aguayo, decían que los sistemas de méritos causan perjuicios, “no sólo en el mundo de los negocios sino en nuestra sociedad en general… (porque) los sistemas que juzgan, castigan y premian por arriba o debajo del rendimiento medio, destruyen el espíritu de equipo.” (El Método Deming, 1993, Javier Vergara Editor, p. 30 y 35).

Queda la pregunta a los diseñadores y tomadores de decisiones de la SEP, así como a los legisladores mismos y a quienes confeccionan la normatividad de nuestras instituciones: ¿Harán una revisión profunda y consistente como para mirar desde otro ángulo el trabajo de docentes, asesores técnicos y directivos de la educación pública? ¿Serán sensatos ahora sí como para emprender un giro hacia otra dirección? ¿O seguirán adelante con estas pretensiones caducas, arrogantes e insostenibles de imponer un “sistema de méritos” al magisterio nacional? De ser así, valdría la pena que los funcionarios actuales del más alto nivel, se registraran, a la brevedad, en las convocatorias para concursar por los puestos que ocupan.

Una palabra podría dar respuesta a todas estas interrogantes, como para equilibrar los dos planos que están presentes en esta discusión, es decir, entre lo dicho y lo hecho: La palabra es congruencia.

*Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

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