Quien me conozca haya leído al menos una vez, sabe que soy detractor de las reivindicaciones callejeras como medio para exigir derechos. Los argumentos van desde la violación a derechos de terceros hasta la ingobernabilidad manifiesta en el hecho de que un particular pueda apoderarse de una vía pública sin otro criterio que su necesidad. La demanda, legítima o no en su origen, acaba convirtiéndose en extorsión al Estado y, sobre todo, en una estipulación en perjuicio de terceros ajenos al problema, todos los ciudadanos que no pueden llegar a su destino.

Sin embargo,no puedo evitar empatizar con los manifestantes en contra de las nuevas disposiciones reglamentarias del programa “Hoy no circula”; específicamente, las personas que reaccionaron furiosamente contra la prohibición de circular todos los sábados. La primera pregunta relevante es, ¿qué finalidad persiguen las normas del programa? La segunda, de igual importancia, ¿a quiénes perjudican y a quiénes benefician estas disposiciones?

Hay voces en departamentos científicos y académicos que afirman el fracaso del programa en materia de reducción de contaminación ambiental[1]. Lo interesante es que las críticas no son en el sentido de que habríamos de ampliarlo; la lógica para que un programa fallido en su esencia mejore, casi nunca es incremental (ahora que haya calcomanía 3, 4, y 5, para que nadie circule casi nunca). El problema, señalan, es que los autos más contaminantes son los del transporte público y luego las emisiones contaminantes distintas de las producidas por el aforo vehicular. Ninguno de esos aspectos es paliado por las reformas al reglamento que hoy se critica.

Así, si la finalidad ambiental es una mascarada, debemos analizar los otros posibles fines de la norma, que no son en absoluto halagadores para el gobierno. Si la finalidad es recaudatoria, por multas y verificaciones, entre otros gastos relacionados, el gobierno de la Ciudad está incrementando impuestos disfrazados de política ambiental. Si la finalidad es que la gente compre más vehículos a las distribuidoras, bueno, mejor no meterse en aguas tan sucias.

Es evidente que las disposiciones benefician a quien tiene autos nuevos (menos tránsito los sábados para llegar al restaurante y al cine) y a quien vende carros nuevos (mucha gente decidirá sacar un crédito para sacar su carrito a sesenta, setenta o doscientos meses aunque termine por agregarle más agua a los frijoles para poder comer).El cálculo errado del gobierno de la Ciudad, empero, fue hacia los perjudicados. La economía informal en el Distrito Federal es enorme y subrayarlo es ya una obviedad. Las personas que ponen sus puestos en tianguis, mercados y similares los días sábado, dependen en buena medida de mover sus automóviles (casi siempre viejos) para transportar sus herramientas y mercancía.Para miles de personas, su auto viejo es una herramienta de trabajo y el día sábado es su jornada laboral más productiva.

Si el Jefe de Gobierno decide meterse con el medio de vida de los comerciantes informales, no sabe lo que le espera. Si cree que una norma pseudoambiental prevalece sobre la protección a la libertad de trabajo de miles de mexicanos, el señor necesita mejores asesores. Si no había visto ninguna de estas cosas y se dejó llevar por los números positivos que arrojaba la medida en dinero, es hora de que alguien le pase el recado.

Miguel Ángel Mancera está en un error: esta medida es un golpe de precisión en contra de una de las redes clientelares más importantes de la izquierda en el Distrito Federal. O quizá el Gobierno del Distrito Federal ya está harto de que el PRD gane las elecciones en la Ciudad de México. Cada quien.

Alasdair Espinoza

[1]    Este artículo es ilustrativo: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/26/ciencias/a02n1cie