La esperanza de crecimiento económico en 2020 y los años que siguen se ha sustentado en la presentación y desarrollo de un Plan Nacional de Infraestructura con el que el país crecerá a una tasa inicial de 2 por ciento para llegar a 4 por ciento al final del sexenio.

Alcanzar ese objetivo exige que el presupuesto público por 6.1 billones de pesos se ejerza escrupulosamente en tiempo y forma a lo largo del año y que, en paralelo, se desarrollen 116 proyectos de infraestructura con inversiones del sector privado por 70 mil millones de dólares, en un ambiente de certidumbre jurídica y seguridad social.

Dadas las condiciones del país el Plan representa un estado de ánimo muy optimista, y sin duda deseable, aunque el ambiente social no lo sea. No solo por la incertidumbre y la inseguridad reinante sino porque falta ver que esas inversiones se consoliden y porque el “paquete económico” federal es insuficiente.

Veamos. Aunque se prevé mantener una estricta disciplina fiscal que garantice control inflacionario y un sólido manejo de los requerimientos financieros del sector público sin aumentar el endeudamiento, las expectativas más generosas para el PIB nacional en 2020 son de 1.2 por ciento según las encuestas del Banco de México, cuando en este año estamos estancados, con cero crecimiento, siendo que en 2018 avanzamos a una tasa de 2 por ciento.

De tal manera, si crecemos menos de lo esperado el presupuesto público no puede materializarse. Se ha quedado corto, cuando menos desde el año pasado.

Esto se debe a una peligrosa mezcla de acontecimientos, en parte fuera de nuestro control como el retraso de la firma del T-Mec o las medidas proteccionistas al acero y el aluminio mexicano, entre otras; pero más que nada por decisiones del actual gobierno como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la indiferencia al estado de derecho y otras acciones en materia tributaria que, junto con la inseguridad generalizada, aceleraron la caída que desde hace más de 6 años se registra en la inversión privada, con lo que se deterioró más el empleo, el consumo y el dinamismo de los mercados.

El menoscabo de la economía es brutal. Cada punto porcentual del PIB equivale a más de 300 mil millones de pesos, con todo lo que eso significa. Además, el entorno global para 2020 se prevé en desaceleración generalizada, lo que ensombrece nuestro horizonte.

Crecer y garantizar el cumplimiento de todos los programas de beneficio social ofrecidos desde el centro, aun sin revisar las necesidades regionales, requiere de mucho esfuerzo y que el dinero disponible sea productivo.

Si los empresarios verdaderamente invierten de inmediato y arrancan los cientos de proyectos de infraestructura con salarios remuneradores, los efectos del Plan dependerán de un proceso de maduración que nunca es breve y que exige sacrificios que alguien debe pagar.

Además, el presupuesto, que se pensó sería la varita mágica para la transformación nacional, es insuficiente. La economía no crece o no es capaz de generar lo suficiente y, con ello, el margen de endeudamiento del país es limitado por su reducida capacidad de pago y el encarecimiento de los créditos.

Con otra, si no hay crecimiento la carga de la deuda aumenta, aunque se alargue el calendario de pagos. Entonces, hay que echar mano de los ahorros.

Este año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya rompió “el cochinito” y utilizó 129 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP) para cubrir los faltantes económicos, cantidad que representa alrededor del 37 por ciento del salto total, y todavía no se atienden muchas dificultades. Se estima que solamente este año se usará la mitad de esos ahorros, lo que reduce el margen de maniobra para 2020 en un escenario de plena desaceleración y riesgos de crisis global.

Con ahorros escasos, los faltantes serán extraídos de los contribuyentes, especialmente en los estados y en los municipios, la economía se desacelera con sus efectos sociales, mientras la informalidad crece geométricamente y aumenta la expectativa de que se apliquen recortes presupuestales o se reasignen programas.

En estos días previos a que se agote el plazo legal para que la Cámara de Diputados determine como se ejercerá el gasto público en 2020, es imprescindible toda la atención, racionalidad e inteligencia de los legisladores porque de ellos depende que la economía mexicana no pierda otro año.

Hasta ahora solamente se han dedicado a complacer al presidente sin mirar a los ciudadanos. No han mostrado coherencia ni voluntad política para impulsar el desarrollo social basada en la creación de oportunidades.

Si en 2020 no crecemos, cuando menos a una tasa de 2 por ciento como pivote para el futuro y con una estructura macroeconómica equilibrada, existe el riego real de que el actual sea otro modelo fallido.

@lusacevedop