Especialmente en 2020 será muy difícil para el gobierno mexicano poder afirmar que ideológicamente es de izquierda, cuando la mayoría de sus acciones son las que han dado sentido a los regímenes neoliberales.
Paradójicamente, la insistencia discursiva de plantear el tema de la desigualdad de oportunidades establece la necesidad de llevar a cabo profundos cambios en materia fiscal (ingresos y gastos públicos) y necesariamente revisar la estructura impositiva, para hacer que realmente cumpla con el objetivo constitucional de la progresividad; esto es, que paguen más quienes tienen más, pero sin desestimularlos ni perseguirlos.
En este año, las autoridades trabajarán en el replanteamiento de la estructura fiscal, con cambios que deben ser radicales respecto de lo que se ha mantenido en los últimos veinte años, pero sobre todo inteligentes, justos y equilibrados para reforzar la democracia; por tanto, no deberían decidirse desde la perspectiva partidista sino desde el desarrollo socioeconómico, sin importar los giros políticos que pudieran ocurrir.
Las condiciones estructurales del país bajo las condiciones actuales no garantizan progreso ni promueven un cambio significativo para el desmantelamiento de la desigualdad; al contrario, la refuerzan en perjuicio de los más pobres.
Justamente durante este año, veremos que el gobierno mexicano trabajará muy de cerca con los organismos internacionales más relacionados con el reforzamiento del criticadísimo neoliberalismo para hacer algunos cambios fiscales que, por ejemplo, bajo la apariencia de que se cobrarán más impuestos a los ricos, se dará un giro a la insuficiencia de recursos financieros en favor del crecimiento económico.
Especialmente se ha reforzado la cercanía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para trabajar en una reforma fiscal desde la perspectiva del combate a la desigualdad de oportunidades.
El planteamiento inicial consiste en elevar las tasas de impuestos marginales dentro del segmento de la población con los ingresos más elevados, lo que no afectaría el crecimiento económico.
A la par, se promoverá que las declaraciones anuales de impuestos de las empresas, sobre todo, de las personas físicas se hagan vía internet para reforzar la percepción del combate a la corrupción ya que con la digitalización se reducirá el contacto con servidores públicos, con lo que veremos que se incrementará la recaudación.
Recordemos que el gobierno de la 4T se ha propuesto reactivar la economía en este año, lo que solamente puede ser posible mediante la inversión pública, que requiere de suficientes recursos fiscales, y del consumo, con lo que es posible enfrentar la desigualdad de oportunidades.
Para el FMI, como para el Banco Mundial y la OCDE, dentro de una estructura global de libre mercado, la desigualdad no se puede resolver sin resolver sin una reforma fiscal integral que, para el caso de México exige la revisión no solamente desde la estructura federal sino estatal y municipal, pero sin la tradicional miopía partidista.
En la línea básica del cambio impuesto desde Washington y en función de los acuerdos con la OCDE, se han intensificado acciones para enfrentar la desigualdad desde la perspectiva de género: Se han abierto más espacios, aunque falta actuar en materia presupuestal, lo que significa reconocer las deficiencias que prevalecen entre las mujeres en materia de gasto y tributación.
Aunque para enfrentar la desigualdad de oportunidades el reconocimiento del género no basta.
Se requieren políticas públicas alejadas de la frivolidad de la oferta del combate a la corrupción y la impunidad sin resultados tangibles.
Entre las políticas públicas, se debe trabajar en materia de educación, como promotor de movilidad social, y de salud, para mejorar la calidad de vida, así como el esquema de pensiones para dar sentido al concepto de la dignidad, junto con la impartición de la justicia. Estos elementos, cuando menos, son cruciales para progresar en un marco de seguridad.
De tal suerte, avanzar en una reforma fiscal que facilite con equidad y justicia los recursos suficientes para asegurar la infraestructura socioeconómica básica podrá reducir los costos de cualquier transformación, enfrentar las disparidades regionales y crear las condiciones laborales para resolver la desigualdad de oportunidades.
Ahí es en donde está el cambio prometido.
Es indudable que la presencia de los organismos internacionales será más evidente en las decisiones del gobierno y con sesgos, cada vez, más claros de lo que tanto se critica del neoliberalismo.
Ese es el sentido que se operará en esta primera etapa en materia de gasto social.
@lusacevedop
