Muchos negocios y ciudadanos padecen ya los estragos del Covid-19. Unos no pueden pagar la renta y otros no reciben el pago de la misma, razón por la cual quizá se perderán sus emprendimientos, sus viviendas y sus fuentes de ingreso. Ello los ubica en una situación vulnerable y con necesidad de protección.

Y es que ante una crisis sanitaria, las leyes actuales no contemplan pandemias, por lo que urge legislar para subsanar y contemplar ese tipo de eventualidades.

El próximo miércoles 13, ante la Comisión Permanente, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará una iniciativa con proyecto de decreto para agregar al Código Civil Federal un segundo párrafo que contemple, ante este supuesto, condiciones que brinden certeza jurídica tanto a los que rentan como a los que viven de ello.

En el escenario actual, el Código Civil Federal prevé supuestos para que se reduzcan los pagos en caso de que haya imposibilidad total o parcial del disfrute del bien arrendado por “caso fortuito o fuerza mayor”. No obstante, frente a una emergencia sanitaria de esta magnitud, lo ideal es procurar la protección de ambas partes del contrato de arrendamiento.

Lo que planteará Monreal para proteger al arrendador y al arrendatario ante situaciones extraordinarias que afecten los términos de su contrato, se resume en el propósito de reformar los artículos 2431 y 2432 del Código Civil Federal a efecto de establecer que, en caso de que una emergencia sanitaria que impida total o parcialmente el uso o goce de un bien arrendado, exista la protección legal para acordar la exención del pago o la reducción del monto que inicialmente se pactó.

De esta manera, se brinda certidumbre jurídica en tiempos de crisis sanitaria, con la posibilidad a las partes de generar acuerdos según su situación económica se los permita, garantizando así las mejores condiciones económicas para ambas partes.

El asunto es de interés general puesto que la gran mayoría de los mexicanos tienen contratos de arrendamientos, por sus negocios o su vivienda, y seguramente están con miles de dudas de qué va a pasar con sus locales, oficinas o sus hogares ahora que el dinero no llega.

Asimismo, los dueños de los inmuebles, quienes viven de las rentas, se han visto afectados y presentan ya los efectos negativos a nivel individual y familiar, poniendo en riesgo su estabilidad económica. Al ser un problema de doble vía, se provoca lo que se conoce como el quiebre de la llamada “cadena de pagos” y de poco les servirá tener cuentas incobrables y sus inmuebles ocupados. Es momento de construir nuevos acuerdos entre las partes bajo el amparo de la Ley para juntos superar esta crisis.