“El diablo no es el príncipe de la materia, el diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda.”
UMBERTO ECO
“Siempre me he identificado con Lucifer porque él quería ser Dios y no iba a aceptar las reglas de otro. Entonces, lo echaron del cielo y creó sus propias reglas. Si la otra parte hubiera escrito la Biblia, Lucifer sería nuestro salvador.”
MARILYN MANSON
No me cansaré de decirlo: la honestidad/honorabilidad y la experiencia/eficacia no están peleadas; no tienen por qué contraponerse ni en el ámbito de la política y contienda electoral, ni de la administración pública o privada. Maldita la hora en que permitimos que el presidente López Obrador nos presentara ese dilema como cierto. Doblemente terrible que en su gobierno una y otra brillen por su ausencia.
En ese tenor, a la recién estrenada coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, le ganó su pasión futbolera en “el partido en favor del combate a la corrupción” que muchos de los de la 4T creen jugar y, en aras de anotar un punto y justificar la entrada de la SEMAR en la administración de los puertos, le pasó información equivocada a su jefe. Este, que capitanea el terrorífico equipo en disparatado partido, anunció que cancelaría la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Dijo que se trata de una empresa privada que pretende beneficiarse de ese contrato durante un siglo, sin embargo esa API de Veracruz ¡es una firma paraestatal!, como varias de su tipo.
En fin, se puede decir que “pasa” la barrabasada, ya que la funcionaria está iniciando su periodo “de inducción” —uno que en principio debe ser muy acotado— en su nuevo cargo, pero esperamos que esta experiencia le haya dejado lecciones suficientes para esmerarse ahora en mostrar conocimiento y efectividad y no solo emoción. Y es que en aras de hacer promoción política no debe de sacrificarse nunca, por parte de los servidores públicos, ni el cumplimiento de responsabilidades, ni la entrega de buenos resultados, ni el ceñirse a lo que marca la ley.
Eso es precisamente lo que pretende hacer AMLO al sugerir la alucinante idea de solicitar que se juzgue a cualquier persona —y que mejor si se trata de un ex funcionario o presidente de sexenios pasados— a través de una consulta popular. Él lleva 20 meses en el cargo (no hay excusa para su falta de experiencia) y, supuestamente, 20 años preparándose para sortear el momento que actualmente vive México.
Pero cosa literalmente del diablo (que no diablura) ya que su planteamiento viola el estado de derecho, el derecho a un proceso justo, el derecho al debido proceso y “una que otra” garantía individual consagrada en la Constitución. Eso además de vulnerar las facultades del poder judicial, el cual en la Carta Magna es autónomo del ejecutivo.
Andrés Manuel insinuó que a través de las consultas populares se debería juzgar a los ex presidentes dado que él directamente no podría/querría hacerlo y que hasta ahora no se ha juzgado a ninguno...
Por supuesto que el primer mandatario no puede juzgar a nadie; sea ex presidente, funcionario público (pasado o presente) o cualquier ciudadano común y corriente. Pero que no sea ilógico y no quiera confundir a la ciudadanía: tampoco lo puede hacer una persona o un conjunto de personas —así sea el “pueblo bueno”.
Así que ya estuvo bueno: si López Obrador tiene pruebas contra Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, que las presente a la FGR. Que la fiscalía integre el caso y que el personaje en cuestión sea juzgado por las instancias judiciales correspondientes.
En todo el mundo (sea cual sea el tipo de gobierno), la justicia por propia mano (o manos) está prohibida. Si se comete un delito, el debido proceso debe cumplirse para que el acusado (presunto culpable) pueda defenderse y el acusador presente las pruebas de su dicho.
Pero el actual jefe del ejecutivo también juega y le apuesta a alimentar el comportamiento de masa; uno que es indudablemente fanático y fanatizado. En eso nos hemos permitido convierta nuestra vida nacional...
En un claro movimiento “fuera de lugar”, parte de la sociedad vitorea y alienta y aunque el árbitro ya pitó y canceló la jugada, el presidente igual chuta, tira a gol, anota y la gente celebra una anotación que es claramente inválida.
El presidente López Obrador pretende pasarse por el arco del triunfo el artículo 20 constitucional, donde se otorgan garantías a cualquier acusado. Sin olvidar el 21, donde se establece que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; la persecución de los delitos incumbe al ministerio público y a la policía, pero eso también a la perversa autoridad le tiene sin cuidado.
La propuesta de que alguien sea “juzgado” por una consulta ciudadana es lo más cercano al linchamiento público.
Además, rompería una garantía más consagrada en la Constitución en su artículo 14: “ninguna ley podrá tener efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, según el procedimiento de ley”. La propuesta de las consultas tan solo en este artículo lo vulneraría tres veces. El solicitar una consulta popular para juzgar a un ex servidor público (o cualquier persona) significa echar por la borda todo el poder judicial, así como la presunción de inocencia.
Tal vez la violación más fehaciente señalada en la Constitución se encuentra en el artículo 17: “Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo, ni violentarse para reclamar su derecho”. Y eso precisamente sería una consulta popular.
Las consultas populares pueden sonar seductivas al hacer suponer a la población que es en sus manos donde se encuentra la justicia. Sin embargo, no deja de ser un artilugio para lavarse de la responsabilidad y desterrar la justicia. Visto de esa manera, son recursos verdaderamente infernales.
A López Obrador que tanto le gustan las citas y evocaciones bíblicas, debería acordarse de aquella consulta popular que llevó a la cruz a Jesucristo. ¿Quiere ser él un moderno Poncio Pilatos? Así de ridículo, poco congruente y nada ético es la ocurrencia de hacer juicios a través de consultas populares, más viniendo de quien prometió cuidar y hacer valer la ley.
No se puede permitir que ideas tan perversas y con principios tan deformados lleguen a madurar. Propuestas de esa índole se deben señalar cuanto antes y parar en seco. De lo contrario, una vez socializada la ocurrencia será más difícil de desacreditarla e incluso, a veces, pararla.