El día de ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom, lanzó una seria advertencia sobre la precaria situación por la cual atraviesa México en relación con la pandemia de covid-19. Nada sorprendente. Nuestro país se ubica en el cuarto lugar con mayor número de muertes en el mundo, y con la tasa de letalidad más alta. Vale señalar —empero— que este número cercano al 9% no considera el sinnúmero de casos de contagiados quienes se alivian en sus hogares, o que simplemente, no acuden a un centro de salud para evaluarse.

México no está solo en la lista de países mayormente azotados por el virus. De acuerdo a epidemiólogos estadounidenses, la cifra de 250,000 fallecidos rebasada la semana pasada podría duplicarse a lo largo de los próximos tres meses previos a la disponibilidad de la vacuna. Esto representa la posibilidad de ¡medio millón de muertos! en nuestro país vecino del norte.

En el caso mexicano, a la luz de las cifras oficiales y los cálculos por “exceso de muerte” a saber, la diferencia numérica de defunciones en el periodo comprendido del año en curso en relación con el anterior, el panorama es igualmente desalentador. De acuerdo a información brindada por Ruy López Ridaura, Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, 155, 990 personas habrían fallecido por causas relacionadas con covid-19, lo que alcanzaría alrededor del cuarto de millón de los decesos en Estados Unidos. Con base en estos datos, y derivado del comportamiento de las poblaciones, México podría enfrentar un escenario similar de 500,000 fallecidos.

La declaración del director de la organización sita en Ginebra, Suiza y la información ofrecida por Ridaura coinciden con la víspera de la presentación del segundo informe de labores del presidente López Obrador. Como es costumbre —pues así fue su primer informe— el documento contendrá los mismos elementos narrativos habituales de sus mañaneras: la incesante lucha del gobierno contra la corrupción, el atinado manejo de la pandemia, la fuerza moral del presidente, la mafia del poder, la oposición infame de los conservadores, las críticas injustas de los intelectuales orgánicos, el exitoso combate contra la pobreza, entre otros.

El presidente López Obrador debe reconocer que la pandemia es el principal problema que enfrenta nuestro país. En este tenor, el juicio a expresidentes es secundario, y los proyectos esbozados en Tabasco y en la península de Yucatán merecen, por el momento, ser arrojados al basurero del olvido. ¡No son prioridad! ¡Nunca lo han sido y no lo serán!

Todos los esfuerzos del Estado mexicano, desde el gobierno federal hasta las administraciones estatales y municipales, en concierto con la responsabilidad individual y colectiva de todos los ciudadanos, deben estar orientados hacia el combate contra la pandemia y hacia el alivio de las consecuencias económicas. Cualquier otra definición de prioridad nacional —frente a la pavorosa posibilidad de que medio millón de mexicanos pierdan la vida— es demagógica e irresponsable.