¿Cuánto intervenimos las mujeres en las decisiones trascendentes del país? En México, a pesar de los avances jurídicos para intentar reducir las brechas de género, la realidad aún muestra una diferencia abismal entre hombres y mujeres. Aunque las mujeres representamos el 51% del padrón electoral, tenemos todavía una participación mínima en cargos de toma de decisiones dentro del Poder Judicial, en la Administración Pública, en el Poder Legislativo y en los órganos constitucionalmente autónomos. Si bien se ha incrementado en los últimos años nuestra participación, la realidad es que las mujeres aún seguimos rezagadas en este ámbito, tal y como podemos apreciar en la siguiente radiografía:

La situación en el Poder Legislativo Federal resulta muy ejemplificativa de la situación en general del país:

A nivel estatal y municipal, la situación es aún menos favorecedora:

La Administración Pública Federal se caracteriza también por las diferencias entre ambos géneros:

En el Poder Judicial, la situación no es mejor:

La situación en los órganos constitucionales autónomos no resulta más halagüeña:

Como puede apreciarse, la proporción de mujeres en puestos de toma de decisión en la mayoría de los espacios públicos es aún mínima. Las cifras demuestran que todavía estamos lejos de lograr que la participación política de las mujeres en México sea plena e igualitaria, sin embargo, me parece que para lograr avanzar en la presencia femenina en los Poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos se deben tener en cuenta los siguientes 4 ejes de acción:

1. La eliminación de los roles sociales que contemplan a la mujer exclusivamente dedicada a cuestiones relativas al ámbito reproductivo y doméstico y al hombre como proveedor del hogar y símbolo de fortaleza. La eliminación de dichos roles estereotípicos permitiría fortalecer los papeles de ambos en la sociedad. Por un lado, las mujeres buscarían involucrarse más en la toma de decisiones importantes para el país, y por el otro, los hombres contribuirían más en el ámbito doméstico, lo cual ayudaría al fortalecimiento de la equidad de género desde la familia.

2. La implementación de acciones afirmativas ─entendidas como medidas de carácter temporal dirigidas a remediar la situación de los miembros de un grupo históricamente marginado o discriminado con la finalidad de alcanzar una igualdad efectiva─ las cuales fomenten legalmente la paridad de género en la integración de los órganos públicos hasta en tanto dicha equidad se logre de manera natural y sin la necesidad de acciones afirmativas.

 

3. La creación y ejecución de políticas públicas que tiendan a la capacitación de mujeres para dotarlas de los elementos suficientes y otorgarles las herramientas necesarias para maximizar su competencia en el campo laboral.

 

4. La necesidad de impulsar mecanismos laborales que fomenten en la realidad la igualdad entre hombres y mujeres con la finalidad de lograr la paridad en cargos de alta jerarquía en la estructura organizacional de cualquier empresa u órgano público.

En ese contexto, tiene una enorme importancia la implementación de mecanismos tales como las acciones afirmativas, las cuales fuercen institucionalmente una mayor igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sin embargo, el revertimiento de las brechas de género no se logrará únicamente mediante reformas legislativas sino también mediante políticas que acompañen a las acciones afirmativas, para que éstas tengan el efecto deseado. Se debe recordar que las brechas de género tienen un origen profundo e histórico en la sociedad, por lo que para ser eliminadas se deben igualar las condiciones desde la línea de arranque a través de acciones enfocadas a la educación y capacitación femenina mediante campañas en las que se haga énfasis en la importancia de la participación de las mujeres en el ámbito público, la cual es hoy escasa.

[1] PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO; Participación política de las mujeres en México: A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino; p. 31; Publicación coordinada por María de la Paz López Barajas, 1ª edición, México, 2013.

[2] Secretaría de Turismo: Claudia Ruiz Massieu; Secretaría de Desarrollo Social: Rosario Robles; Secretaría de Salud: Mercedes Juan.

[3] Ministra Olga Sánchez Cordero y Ministra Margarita Luna Ramos.

[4] Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.

[5]Consejera  Adriana M. Favela Herrera, Consejera Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Consejera Pamela San Martín Ríos y Valles.

[6] Mariclaire Acosta Urquidi, Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, Ninfa Delia Domínguez Leal y Carmen Moreno Toscano.

[7] Comisionada Adriana Sofía Labardini Inzunza y Comisionada María Elena Estavillo Flores.

[8] Alejandra Palacios Prieto.

[9] Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel.

[10] Comisionada Ximena Puente de la Mora, Comisionada Patricia Kurczyn Villalobos y Comisionada Areli Cano Guadiana.