Uno de los cambios más interesantes que propone el nuevo régimen es el apoyo al campo por la vía del polémico proceso de los precios de garantía que, según Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, no sólo encauzará al país hacia la autosuficiencia alimentaria, sino que no provocarán distorsiones en el mercado nacional. Al contrario, le faltó decir.

Este modelo productivo no es novedad para México porque se aplicó por primera vez en 1953 y con igual objetivo que ahora: promover la producción -en aquel entonces- de maíz, frijol y trigo, especialmente entre los agricultores más pobres.

A esos tres cultivos, el gobierno de López Obrador incorporó arroz y leche, porque de estos cinco alimentos el país mantiene un fuerte déficit y somos uno de los más grandes importadores. De ahí que el objetivo de la Cuarta Transformación sea revertir esa dependencia.

Contra la volátil metodología seguida en el pasado, el gobierno ha centrado su esquema de precios de garantía en destinar este año un presupuesto de 6 mil millones de pesos sobre un universo de 2.4 millones de mexicanos que subsisten en condiciones de pobreza y pobreza extrema y que representan el 80 por ciento de la población rural de México.

El proceso está delimitado a un padrón de productores que, teóricamente excluye a las organizaciones campesinas tradicionales, y para lo cual todas compras de los granos y la leche se llevarán a cabo directamente en los depósitos regionales de la agencia gubernamental Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fusiona a Diconsa y Liconsa. Además, los pagos se harán directamente al campesino mediante tarjeta electrónica digital, con lo que se reduce el coyotaje y se asegura transparencia.

Con cupos específicos que se definirán por ciclo agropecuario, para el maíz se pagarán 5 mil 610 pesos por tonelada en este arranque del programa, para el frijol corresponderán 14 mil 500 pesos. El precio de garantía para el trigo será de 5 mil 790 pesos con la distinción de que solamente se adquirirá con precio de garantía el trigo panificable.

En el caso del arroz se pagará la tonelada en esta cosecha en 6 mil 120 pesos y por cuanto a la leche se colocó un valor de 8.50 pesos por litro.

Se infiere que, por la estructura de los precios de garantía, en cada ciclo productivo se ajustarán los precios de garantía en función de los montos internos de producción generados en los casos específicos de esos alimentos, de la demanda nacional y del costo de los insumos, entre otros. Así que el programa resulta loable, aunque no deja de ser audaz asegurar oficialmente que no provocará distorsiones en el mercado nacional o que no se pueda convertir en una indeseable fuente de corrupción o de clientelismo político.

Eso, sin contar que la globalización o el medio ambiente puedan modificar abruptamente tan buenas intenciones. Imaginemos que por cualquier motivo se modificaran mecanismos de distribución o que por un alza generalizada de precios se afecten ramas productivas en las que estos cinco alimentos son materia prima.

Los precios de garantía, en pleno siglo XXI y en un escenario de libertad de mercados, llaman la atención y se consideran costosos para las finanzas públicas porque están diseñados para elevar el precio a los productores por encima del precio de equilibrio de mercado y para mantener los precios a los consumidores, con lo que son los contribuyentes los que finalmente pagan la diferencia.

Otra de las críticas es que estos precios, al buscar cubrir el costo de producción estimado para cada alimento y elevar los precios en cada cosecha en función del avance de la inflación, también incentivan la ineficiencia del campesino.

En otros casos, tienden a favorecer a los productores que pueden trasladar sus cosechas más fácilmente en camiones o por otras vías eficientes a los puntos de acopio, en detrimento de los más pobres; pero más grave aún es que los centros de acopio tienden a ser ineficientes administrativamente por no ser actualizados tecnológicamente.

Todavía más, desde que existe la Ley Federal de Competencia Económica, el gobierno está obligado a promover, proteger, garantizar la libre concurrencia y la competencia, además de combatir prácticas que restrinjan el funcionamiento de los mercados, y esta medida eventualmente puede ser base de algo más que un debate.

La experiencia en México desde los años sesenta a ochenta, así como las experiencias internacionales en un entorno globalizado acotaron la utilización de los precios de garantía no solamente a un número reducido de productos, sino al tiempo de vigencia; en todo caso acompañados de esquemas de capacitación, mecanización y uso de tecnologías digitales, como sucede en Estados Unidos, Japón y diversos países de Europa.

A nuestros precios de garantía no se les ve que lleven consigo alguno de estos incentivos de inversión en eficiencia productiva, capacitación y tecnología que beneficie a los campesinos más pobres en sus hogares y en sus regiones.

¡Ahí está el detalle!

@lusacevedop