No dudo que más de un contrato para la construcción del aeropuerto de Texcoco fueran producto de la corrupción entre los cacicazgos mexiquenses y los hambrientos empresarios: comenzando por Higinio Martínez y la compraventa de los terrenos en donde se proyectaría parte considerable del mega proyecto. 

Tampoco dudo que detrás de los delirios primer mundistas del gobierno anterior por tener un aeropuerto estilo Dubai, estuviese el amiguismo y el clasismo que no toleraba la idea de espacios sin primera clase o desarrollos a pie de suelo sin aquello a lo que suelen “valor agregado”.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador tenía razón: la pandemia le cayó como anillo al dedo al aeropuerto de Santa Lucía, pues al menos dentro del futuro cercano, no habrá actividad turística, empresarial y de conexión aeroportuaria suficiente como para comprobar la capacidad -o incapacidad- de los planes que se han realizado. 

El retroceso que la pandemia ha representado a la industria aeronáutica es, al mismo tiempo, la oportunidad del gobierno de la república para avanzar a las marchas forzadas que le han orillado a celebrar eventos como la inauguración del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía sin tener más del 50% terminado. A eso se le suma las cifras escandalosas de la Auditoría Superior de la Federación: La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tuvo un costo por hasta 232% mayor a lo previsto, alcanzando 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, que podría incrementarse aun más.

Perjuicios y lucro cesante

Cuando estudiaba la carrera de Derecho, llamaba mucho mi atención los conceptos de “perjuicios”, que son la ganancia lícita que se deja de percibir, o bien el deterioro de un bien o el detrimento que se debe a la acción u de otra persona y “lucro cesante” que consiste en una ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. 

El asunto es que dentro de la pérdida no calculada por la administración actual que estimaba un costo de cancelación por 100 mil millones de pesos que en realidad supera los 231 mil 996 millones 517.6 mil pesos, hay una cifra no cuantificada todavía: aquella que se perderá por los vuelos de interconexión no garantizados en las instalaciones de Santa Lucía, aquellos que cancelaron las aerolíneas por incapacidad del Aeropuerto Benito Juárez y aquellos que devengan después de la reactivación, esos del “boom” turístico y empresarial que seguramente surgirán pasada la pandemia, para los que no habrá capacidad.

La pérdida es peor que los 163 mil 540 millones 720.5 mil pesos, equivalente al 49.3%, ya erogados en 2019 para la terminal aérea, pues las cantidades que no podrán percibirse triplican la cifra de lo que se estima para la recuperación del sector.

Forbes desglosa que la pérdida alcanza la inversión ejercida en el periodo 2014-2018, que suma hasta 70 mil además de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios por 7 mil 629 millones 862.8 mil pesos, mientras que los costos producto del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, igual que la recompra del 30.0% de los bonos emitidos por 50 mil 887 millones 785.8 mil pesos; la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E por 34 mil 27 millones 215.6 de pesos prácticamente se dan por perdidos.

Ojalá que los que perdieran fuesen únicamente perversos, corruptos y neoliberales pero el boquete va directo a los bolsillos de las y los mexicanos pues el Gobierno tendría que pagar hasta 498 millones 504.2 mil pesos; además de 168 mil 455 millones 797.1 mil pesos por costos adicionales desprendidos de obligaciones vigentes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso).

Aerolíneas en quiebra: la otra crisis

Eso sin contar que al menos dos aerolíneas han anunciado su quiebre (Aeroméxico e Interjet). Detrás, van también familias de sobrecargos y pilotos que prácticamente han quedado en la calle y que, al paso de todo, seguirán engrosando las filas del desamparo.

Perder conexiones, rutas, empresas, trabajadoras y oportunidades ganando deudas es una terrible “inversión”. Las decisiones contrarreloj le van cerrando paso al crecimiento y la soberanía va saliendo tan cara, que prácticamente deja desnudo que los cambios tuvieron que ser realizados desdela reevaluación y no desde la cancelación. La soberanía no puede ser un impulso suicida presupuestal. La soberanía no puede matar el doble de lo que permite nacer. La soberanía tendría que ser México para mexicanos, no deudas y retroceso para los que se quedan.

También sin tomar en cuenta que los planes de la SEDENA para alcanzar los beneficios de Santa Lucía podrían esfumarse y quedar sobre el papel o el aire de las tantas mañaneras. La pérdida real es incalculable.

La pandemia habría evidenciado con mayor prontitud la incapacidad aeroportuaria para sostener el flujo de conexiones y vuelos, pero una vez más, la inactividad y la COVID19 le han hecho un favor a la 4T.