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Fideicomisos en su justa dimensión: ¿confianza a ciegas?

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¿Cuántas estafas maestras podrían haberse realizado al amparo de las causas más justas?

El dictamen para extinguir los fideicomisos de ciencia y tecnología podría devolver al libre ejercicio del gobierno cerca de 50 mil millones de pesos urgentes para mitigar la crisis sanitaria. Aunque no necesariamente implicaría que arte, ciencia y tecnología perdiera de tajo todos los ingresos y apoyos al grade de desaparecer, en realidad, altera las reglas e incentivos para acceder al presupuesto que anteriormente habría estado asegurado hacia ese fin pero que, de igual manera, no eran administrados con toda la transparencia.

Es simplista el debate que condena al presidente y a su bancada en la Cámara de Diputados por extinguir el doble de fideicomisos que en su mayoría, contemplan programas de beca, intercambios, incentivos a la creación artística y otros objetivos que han sido fundamentales para el desarrollo individual de talentos mexicanos y ahí se encuentra uno de los detalles ideológicos que se contraponen con el actual gobierno.

El problema es previsible: una mala administración que ha priorizado mega proyectos y militarización sobre salud, crisis económica, pandemia con gastos inesperados junto a fondos de emergencias ya terminados han colocado al gobierno en apuros. Tienen recursos que no pueden utilizar al gusto porque la ley y los contratos públicos lo prohíben.

Según la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los fideicomisos públicos tienen como objetivo lograr que el recurso se destine a un objetivo específico bajo la lupa de un administrador bancario, que los hace herramientas financieras para auxiliar al ejecutivo federal en impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo.

A pesar de ello, un gran número de fideicomisos han sido utilizados para el desvío de fondos a través de contratos con un objetivo claro pero sin la capacidad de verificación. Según FUNDAR, Centro de Análisis e investigación, cerca de 140 fideicomisos se encuentran constituidos en instituciones financieras privadas, que bajo secreto fiduciario, impiden el acceso a toda la información relacionada a sus funciones a pesar de ser presupuesto público.

Han documentado cómo la cantidad de recursos destinados a fideicomisos se incrementó durante el último decenio pero sin la garantía de transparencia y vigilancia, haciendo que a final de cuentas, el uso de aquellos recursos sea discrecional, con poca transparencia y nula rendición de cuentas.

Exactamente el mismo escenario con el que se quedarán los 50 mil millones de pesos si es que el dictamen para la extinción de fideicomisos se aprueba.

Hipotéticamente, en la Ley General de Transparencia se prohíbe el secreto fiduciario y se establecen obligaciones específicas para fideicomiso, pero los detalles como las contrataciones hechas con el presupuesto de fideicomisos se mantienen dentro del ámbito secreto y privado, sin que puedan verificarse en cumplimiento o fines.

¿Cuántas estafas maestras podrían haberse realizado al amparo de las causas más justas?

Según Fundar, en la cuenta pública de 2019, había 835 mil 033 millones de pesos disponibles en 375 fideicomisos públicos federales y de ellos, tan sólo 19 que representan el 6% de la disponibilidad total, tenían controles propios de vigilancia, es decir, que el 92% con 762 mil 845 millones de pesos no cuentan con controles de vigilancia del gasto, ni tienen estructura orgánica y se crean como un simple contrato entre distintas entidades.

Eso no implica que los fideicomisos deban extinguirse de tajo, sino que tendrían que ser auditamos y en todo caso, reestructurados con medidas que no hagan imposible seguir la ruta del gasto público.

Lo que sí sería inaceptable es que la confianza a ciegas en los fideicomisos se traslade a ceguera impuesta total, pues la única justificación para interrumpir o reducir el financiamiento al arte, tecnología, ciencia, cine y otros que serán afectados es la crisis sanitaria. Eso significa que la medida sólo podría ser temporal, con fines de reestructuración y con la obligación de utilizar el recurso en salud, hospitales y reactivación económica. No en trenes, aeropuertos o más militares.