A la luz de los datos del aumento de la violencia en el primer trimestre del año, que quedarán en el registro del naciente gobierno y que deberá acumular a su contabilidad el homicidio de 14 personas, incluido un niño de un año, en Minatitlán, Veracruz a manos de un comando armado, aumenta la percepción de que las estadísticas nacionales se modifiquen para demostrar que, a partir de ahora, todo será diferente.

El temor de que se alteren las cifras se fundamenta en la declaratoria presidencial de que la inseguridad es producto de “la mala herencia, ese fruto podrido, el cochinero que nos dejaron, pero vamos a limpiar al país, se va a acabar la corrupción y va a haber justicia”, sin que nuevamente se aluda el tema de la aplicación de la ley.

A menos que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que próximamente se deberá dar a conocer y que en ese documento se precise la estrategia que se seguirá para consolidar el cambio en favor del crecimiento económico con oportunidades sociales en un marco de seguridad, legalidad y derecho, no se ven elementos capaces -más allá del reforzamiento militar con la Guardia Civil – que puedan restablecer la paz en el país.

Una de las rutas más socorridas en muchas partes del mundo y por muchas autoridades o gobiernos para generar un cambio palpable en la percepción de la sociedad está en el “ajuste” o cambio de los datos estadísticos.

Por ahí, se pueden reencauzar objetivos y alcanzar los aciertos en plazos mucho más breves que mediante la aplicación de programas que requieren de movilizar inversiones y pesadas estructuras de gestión pública, en donde la aplicación de la ley ha sido supeditada a la justicia.

El tema de cambios en las estadísticas, por ser probable y porque cualquier metodología que se imponga o alteren las bases para lograr la credibilidad de sus resultados, es preocupante porque afectará necesariamente el porvenir de cada uno de los mexicanos.

La manera en que los gobiernos pueden justificar sus políticas públicas en materia de producción, empleo, crecimiento económico, consumo, las exportaciones o la migración, pero sobre todo en materia de criminalidad, no hay más que por la vía estadística.

Si como dijo el presidente López Obrador, la herencia del anterior gobierno “es un cochinero”, lo que el país necesita es un cambio y si los científicos se valen de muestreos, nada mejor para los políticos que valerse de la teoría estadística.

Las estadísticas pueden exponer muchas tendencias positivas, neutras o negativas y también pueden demostrar resultados de forma confiable y certera. Los resultados dependen de la pregunta o preguntas que se establezcan.

Sin embargo, las estadísticas no consiguen probar las causas.

El problema, en consecuencia, no puede ser de un cambio de percepción ni es volitivo o que se resuelva con retorica. Exige remover y transformar efectivamente las causas y los fenómenos que de manera asociada originan el problema.

Recordemos que, en el pasado reciente, el gobierno federal trató de generar un cambio de percepción en el tema de pobreza modificando bases de datos del INEGI, que le hizo estallar el descrédito internacional y la confirmación de la corrupción en sus políticas sociales que, por mantenerse a la fecha lejos de la aplicación de la ley, son uno de los factores de más desconfianza ciudadana.

El riesgo prevalece porque la Ley de Williams y Holland establece que “si se reúnen suficientes datos, se puede demostrar cualquier cosa con la ayuda de la estadística”.

Y todavía más, George Gallup decía que con el uso de las herramientas de la estadística podía probar la existencia de Dios.

No vaya a ser que dentro de unos meses nos despertemos con una estadística hechiza de que se resolvieron los problemas de corrupción e inseguridad.

El tiempo es, sí de revisar las causas de los problemas, de medirles el pulso con las mejores prácticas metodológicas internacionales para alcanzar un cambio verdadero, sin manipulaciones ni duda alguna.

Ahí radica la confianza.

@lusacevedop