La propuesta de la secretaría de Gobernación, para que los padres de los 43 normalistas- desaparecidos en más de cien días- puedan visitar la 27 zona militar, en Iguala, y constaten que los muchachos no están en dicho lugar, es loable, no obstante las críticas de muchos conservadores y derechistas. Máxime si en esta acción van acompañados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual pidió la aceptaran los indignados señoras y señores.
La CNDH tiene hoy credibilidad, no sólo porque su actual titular, Luis Raúl Gonzalez Pérez, es un funcionario responsable, sino debido a que hace poco señaló que en el caso Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos a dos mujeres a quienes se les detuvo, amedrentó y se hizo testificar falsamente. Y además, puso en predicamento al equipo de justicia del Estado de México, al ejército y diferentes fuerzas del orden, ya que éstos habían señalado, falsamente, que hubo un enfrentamiento y no un ajusticiamiento contra personas inermes. Por lo que Eruviel Ávila y las Fuerzas Armadas deben rectificar y aceptar sus culpas y, obviamente, sancionar a varios servidores públicos.
Pero lo más importante, es que por vez primera el gobierno de Enrique Peña Nieto se da cuenta que no puede ?enterrar? un problema que sigue llamando la atención, no obstante que existan acontecimientos importantes mundiales como el asunto de Charlie Hebdo.
Y es que en contraste con Francia, donde se mostró que hay una política estatal contra los malhechores, acá existen grados de impunidad excesivos. Asunto que lo mismos Estados Unidos, los empresarios nacionales y hasta organismos como la Cepal y la OCDE ven como grandes obstáculos para que una nación pueda salir adelante en los problemas que le aquejan.
Enhorabuena que exista una leve apertura en el cambio de rumbo autoritario, en el caso de Ayotzinapa. Pero ya sabemos que una golondrina no hace verano por lo que esperamos acciones de fondo contra la corrupción y la prepotencia.
@jamelendez44