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El “Derecho a Aprender” como discurso

EstudiantesEspecial

El problema es que el derecho a aprender es un reduccionismo de un derecho más amplio y completo

Reitero las ideas que expuse el año pasado sobre el “Derecho a Aprender” como discurso. Mi crítica consiste en señalar que esa expresión es un reduccionismo intencionado, que corre el riesgo de simplificar a un concepto más amplio: el del “Derecho a la Educación”. Expongo a continuación los argumentos, sugiero preguntas y agrego algunas propuestas de análisis.

En primer lugar me pregunto ¿El Derecho a la Educación (DE) puede ser reducido o equiparado al Derecho a Aprender (DA)? Pregunta de discusión pertinente y actual, por dos razones: 1) Porque la visión del “máximo logro de aprendizaje de los educandos” y de la “mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, (ideas insertadas en la Constitución Política de México desde 2013, ratificadas en 2019, y defendidas por un sector de la academia y del círculo empresarial), se traduce solamente “en términos de los aprendizajes escolares” o “de los aprendizajes clave, curricularmente programados”; y ello sólo se podría evaluar, medir o valorar a través de exámenes o pruebas estandarizadas (sobre todo en las áreas de pensamiento matemático y comprensión de textos, desde un enfoque predominantemente “competencial”); y 2) Porque este tema está en el fondo del diseño de las leyes reglamentarias del Artículo 3o. Constitucional, hoy vigentes, que fueron aprobadas por el Poder Legislativo en 2019. (1)

En segundo lugar pienso que, para retomar el análisis, en el lenguaje pedagógico y en el análisis de las políticas públicas educativas en México, el hecho de sustituir la noción de “Derecho a la Educación” por el concepto de “Derecho a Aprender” tiene implicaciones profundas y sobre las cuales conviene reflexionar. Sobre todo, porque con ese tipo matices conceptuales los actores públicos, los grupos de interés y los tomadores de decisiones tienden a definir sus posiciones ideológicas, al respecto de esos derechos y sobre las prácticas que están asociadas a ellos, en el seno del sistema educativo nacional. Me refiero específicamente a la complejidad de rumbo que en la actual coyuntura política y administrativa toma la escuela pública, y más aún en un contexto de crisis sanitaria prolongada como la que vivimos.

Para entrar en precisiones, pongo como referencia un fragmento del discurso de la “supremacía del aprendizaje” (como derecho preferente de las y los estudiantes), que ha difundido durante los últimos años David Calderón, presidente de la organización empresarial “Mexicanos Primero” (MP), en contra el concepto-principio del “Derecho a la Educación” (como derecho humano fundamental). Hay en ese discurso empresarial una intencionada negación del término “Derecho a la Educación” y una abierta inclinación por reivindicar el concepto y las prácticas orientadas, por pragmáticas, del “Derecho a Aprender”. ¿Cuáles son las implicaciones de estos énfasis discursivos?

Es probable que el discurso y la lógica interna del pensamiento empresarial de MP se hayan apoyado en textos de origen académico, pero que después hayan servido como fundamento implícito de sus objetivos políticos e ideológicos. Mi hipótesis es que una fuente de interés para dicha organización haya sido el famoso texto de Darling-Hammond: “The Right to Learn”, en el cual la autora señala lo siguiente: “En El derecho a aprender examino las lecciones de la historia y de nuestro conocimiento creciente acerca de lo que funciona en nuestras escuelas y en las aulas, y analizo de qué modo las reformas escolares podrían transformar nuestras concepciones y políticas del sistema educativo ayudando a todos a aprender.” (2)

El problema es que el derecho a aprender es un reduccionismo de un derecho más amplio y completo, que es el derecho a la educación, que no puede ser simplificado en la acción (no sólo con “aprender” se cumple o verifica este derecho), sino que éste tiene un sentido más amplio, con sentido social, es decir, como derecho humano fundamental, que implica la formación integral de las personas y la construcción de ciudadanía. El derecho pleno a la educación, es visto en esta propuesta como un complejo sistema de relaciones donde confluyen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto en esta visión, la figura del docente y su rol en la educación pública (puesto que preferentemente cumple con la tarea de “enseñar”) no pueden ni deben ser anulados.

En un contexto más amplio, y como parte de un análisis situado en los discursos de los organismos internacionales, existen críticas adicionales a ese reduccionismo. En esta parte, coincido con los dicho por Camilla Croso cuando señala que: “Aunque es innegable que aprender resulta fundamental y es una de las condiciones ineludibles para que la educación sea un derecho efectivo, el énfasis sobre las pruebas estandarizadas y la medición de algunos resultados específicos, comenzó a distanciarse del debate, la fundamentación y los propósitos enunciados históricamente por la UNESCO y establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.” (3)

 

El Discurso de la supremacía del “Aprendizaje”

David Calderón, discípulo y heredero-continuador de la obra de su mentor Claudio X. González Guajardo, señala lo siguiente, en un texto donde analiza las políticas públicas educativas del gobierno de AMLO: “Es una convicción arraigada en Mexicanos Primero: defender el derecho a aprender de niñas y niños pasa por defender el derecho a aprender de sus maestras y maestros. Los profesionales a quien la sociedad entera recurre para que apoyen el aprendizaje de la joven generación no pueden quedarse sin aprender.” (4)

Hay un doble campo de significaciones en el discurso de la supremacía del aprendizaje o los aprendizajes escolares (que busca estar por encima o sobre los procesos de enseñanza): 1) Por una parte, la simplificación implícita y explícita en este orden de discurso sobre el papel que juega el aprendizaje o los aprendizajes escolares, al reducir en un solo polo a los complejos procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan en la escuela como institución del Estado y organización de la sociedad civil (en el sentido Gramsciano del término). Y 2) Por el hecho de colocar en primer plano los derechos de los beneficiarios (las niñas, los niños y jóvenes), y ubicar en un segundo plano los derechos laborales de los profesionales de la educación (a quienes sólo se les reivindica, en el discurso analizado, su derecho a aprender).

Calderón (MP) menciona con desdén a los “profesionales a quien la sociedad entera recurre para que apoyen el aprendizaje de la joven generación”. El sujeto en primer plano –en el discurso de “Mexicanos Primero”- es “el aprendizaje de la joven generación”… Las niñas y los niños, antes que ser estudiantes, como beneficiarios del “Derecho a Aprender”, para lo cual hay una figura que “apoya”: la o el docente. Como puede apreciarse, se trata de un discurso donde la y el docente, y las demás figuras educativas, quedan anulados en el cuerpo de las ideas, en el contenido del discurso empresarial.

Considero que la supremacía del “Aprendizaje” en el debate sobre el “Derecho a la Educación”, tiende a negar implícitamente a la figura del educador; es decir, de la maestra y del maestro. Y niega, implícitamente, el trabajo docente. Esas serían algunas de las implicaciones de la sustitución del concepto del Derecho a la Educación por el del Derecho a Aprender.

Por otra parte, observo en el discurso de MP un aroma cargado de discriminación social implícita, cuando su presidente se refiere a los “verdaderos” docentes: “…Apilar los materiales, o leer unas páginas de libro de texto y parafrasearlas como se nos ocurra no es garantía del aprendizaje. El mejor videojuego, el más avanzado “curso en línea” palidece ante el saber sazonado de una gran maestra, de un verdadero educador profesional…” (misma fuente)

 

A debatir y colocar los argumentos sobre la mesa

Tal como lo señalé en el artículo antes referido (publicado por SDP Noticias), queda sobre la mesa la necesidad de profundizar esta discusión pertinente y oportuna del Derecho a la Educación tanto para establecer los criterios de exigibilidad y judiciabilidad de este derecho humano fundamental, como para fijar también los parámetros de su ejercicio pleno en las sociedades democráticas a las que aspiramos. Por el momento, es importante que en los contextos de los debates por venir, se reconozcan los riesgos conceptuales y sociales –debido al pragmatismo y reduccionismo señalados-, que hoy en día parecen hegemónicos o dominantes en algunos sectores significativos del magisterio.

Fuentes consultadas:

(1) Recupero mi texto: Derecho a la Educación ¿Derecho a Aprender? SDP Noticias, 21 de junio, 2019. Donde se desglosan más argumentos sobre este debate.

(2) Linda Darling-Hammond (2001) El Derecho de Aprender. Ariel Educación.

(3) Camilla Croso (2017) “La lucha por los sentidos del Derecho a la Educación. Más allá de los falsos consensos”, El País. Agosto. Sao Paulo.

(4) David Calderón. Cuando más se necesita. Profelandia, 18 de septiembre, 2020.

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