Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo hoy; más de 17,3 millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares cada año, lo que representa casi la mitad de las 36 millones de defunciones reportadas por concepto de enfermedades no transmisibles; según estimaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se espera que el número de muertes por ECV aumente a 23,6 millones de personas para el año 2030.

En México, 250,000 personas mueren anualmente como consecuencia de alguna forma de enfermedad cardiovascular, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que convierte a este tipo de padecimientos en la primera causa de fallecimientos en la República Mexicana. Su impacto social y económico es indiscutible; alrededor del 80% de estas muertes son prematuras, ocurren antes de los 70 años de edad, afectando severamente a la población económicamente activa, con la repercusión consecuente en la economía familiar, comunitaria y regional del país.

Por otra parte, se estima que el gasto en salud derivado de la atención a las enfermedades del corazón fue de $ 7,949 millones de pesos en el año 2012, sin contar los gastos de mantenimiento de enfermos en recuperación, sobrevivientes de desenlaces no fatales de las enfermedades cardiovasculares.   

En un cambio de paradigma, la vieja idea de que las enfermedades cardiovasculares sólo afectan a varones de mediana edad, estresados y con exceso de peso, en los países desarrollados, ya no es válida. En la actualidad, varones, mujeres y niños se encuentran en situación de riesgo, y el 80% de los enfermos se encuentran en los países de ingresos medianos y bajos, como México.

En Latinoamérica, la prevalencia de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el sedentarismo es muy alta, lo que, agregado a la reducción de recursos gubernamentales destinados a combatir estas enfermedades, incrementa poderosamente la posibilidad de enfermar de la población, al tiempo que pone en jaque los presupuestos nacionales para los cuidados de salud; así se desprende del primer análisis regional sobre el peso de estas condiciones en la región donde, todos los años, aproximadamente 89,6 millones de personas son diagnosticadas con cardiopatías.

El costo de estas afecciones en América Latina es impactante; un cálculo, sobre bases conservadoras, estima que la atención de pacientes con cardiopatías (ataques del corazón, insuficiencia cardíaca, fibrilación atrial e hipertensión arterial) tuvo un costo promedio de US$ 30,900 millones en el año 2015, poco menos de tres veces el costo de la organización de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuyo valor se estimó en alrededor de US$ 13,200 millones. Y el futuro no resulta promisorio; las enfermedades cardiovasculares se han incrementado un 50% en los últimos 12 años.

Anualmente mueren en México cerca de 100 mil personas por infarto al corazón, más de diez en promedio cada hora, lo que convierte a las enfermedades cardiovasculares en la primera causa de muerte en el país por arriba del cáncer, causa por la que fallecen 10 mil enfermos cada año. De continuar esta tendencia, se calcula que, para finales de esta década, el 60% de los fallecimientos se deberán a una afección cardiaca.

Por todo lo anterior, se hace imperiosa la necesidad de atención pronta y efectiva a las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en poblaciones jóvenes.

Enfrentamos como país un reto enorme para garantizar a la población su derecho humano a la salud, en particular, con acciones dirigidas a abatir los casos de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y metabólicas, dentro de un marco asistencial de calidad, eficiencia y con apego a una filosofía humanista regulada por normas bioéticas de observación obligatoria.

Es cierto que, desde la creación en los años 80´s, de las unidades coronarias hospitalarias para tratar a pacientes con infartos agudos del corazón, junto con el desarrollo de dispositivos y medicamentos útiles en el manejo de estas enfermedades, el número de muertes entre los afectados atendidos en forma temprana ha descendido en más de la mitad; asimismo, en el mismo lapso, el desarrollo tecnológico favoreció la aparición de técnicas para el control de complicaciones graves, pero sin embargo, paradójicamente, los médicos con entrenamiento de alta especialidad en estas disciplinas son cada vez más escasos, personal que resulta muy necesario para realizar cirugías y otorgar la atención posquirúrgica que requieren los enfermos, así como aquellos dedicados a prevenir y/o detectar oportunamente las patologías y sus complicaciones en la población.

En el país hay 0.4 cardiólogos certificados por cada 10 mil habitantes, cuando lo recomendado es que exista 1 por cada 10 mil; esta carencia se extiende, al mismo tiempo, al personal profesional vinculado a la atención médica, como enfermeras y técnicos, cada vez más escasos y/o menos preparados. En este panorama, la atención de un infarto en México demora hasta 12 horas, cuando el promedio en países integrantes de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de 4.

Algo ocurre en las políticas públicas de salud que no permiten alcanzar las metas deseables.

Del año 2006 al 2012, la hipertensión aumentó 34% para hombres; en el grupo de edad entre los 20 y 29 años, el aumento en la incidencia de HTA, hipertensión arterial, fue de 16%, cuatro veces más que en cualquier país desarrollado. Motivo de alerta es que la mayoría de los enfermos desconoce su condición, lo que complica el diagnóstico temprano y el tratamiento, y constituye la base de la tendencia epidemiológica de las ECV; a medida que la población enferma avanza en edad y ante la falla o ausencia de tratamiento, las cifras se tornan preocupantes; 50% de la población entre 60 y 69 años de edad padece de hipertensión y se halla expuesta a complicaciones fatales y no fatales asociadas a incapacidad.

Con base en los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, se sabe que, para ese año, se tenían 22.4 millones de hipertensos en México; de éstos, la mitad desconocía que padecía la enfermedad y sólo una de cada cuatro personas con la enfermedad se atiende; el resto, o no sabe que tiene hipertensión o, aunque recibe tratamiento, no sale del cuadro de riesgo. Esta enfermedad está presente en 30% de la población adulta, comparado con la diabetes, que la padece el 14% y el colesterol total elevado, con una incidencia de 10% entre la población. La hipertensión sigue siendo el padecimiento silencioso más importante en el país, y determinante para la mortalidad por infarto al corazón.

Diseñar políticas públicas efectivas que abatan este problema valen la pena desde el punto de vista económico, ya que el tratar 20 pacientes hipertensos durante un año puede costar 200 millones de pesos; un infarto le cuesta, a quien lo tenga que pagar en este país de manera particular, medio millón de pesos. Si es preciso hacer una cirugía a corazón abierto o de bypass, el costo podría incrementarse a $ 600,000 o 1 millón de pesos, en costos actuales promedio.

Los recursos económicos para poder ofrecer atención en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son vitales y constituyen en muchas ocasiones la limitante en la excelencia que puede proveer un equipo médico bien entrenado. El IMSS gasta 80 mil millones de pesos en atender únicamente cuatro enfermedades de alto impacto epidemiológico: diabetes, cáncer de mama y próstata e hipertensión arterial. Ese gasto va a crecer inercialmente, de aquí a 2050, a 350 mil millones de pesos, si no se anticipan políticas públicas sanitarias apropiadas de prevención.

La situación para el resto del Sector Salud es similar: En el ISSSTE se destinarán este año 15 mil millones de pesos a la atención de cuatro grupos de enfermedades crónico degenerativas: enfermedades cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal crónica y diabetes, representando, así, el gasto prácticamente total del Instituto para 2015. Y pese a este panorama, el 19 de febrero pasado, se informó sobre un recorte al presupuesto de la Administración Pública Federal por un monto de 132,301.6 millones de pesos resultando afectado el rubro de salud y educación por un total de $ 13,000 millones de pesos.

De forma adicional, el recorte que el pasado junio determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 6 mil 500 millones de pesos en el Seguro Popular, pone en riesgo la viabilidad financiera y subsistencia del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC) de este sistema. Por su parte, a la Secretaría de Salud, la autoridad hacendaria busca retirarle casi 10,400 millones de pesos para el 2017. El recorte supone una caída de casi una cuarta parte, 23.1 por ciento, respecto del monto ejercido en 2016.

Ante esta debacle de recorte presupuestario, una de las consecuencias será la disminución en el monto de recursos destinados por las instituciones de salud a la compra de medicamentos, y será difícil que exista dinero suficiente para proveer servicios médicos con oportunidad y calidad. La reducción en el presupuesto también se cargará a los gastos de operación de institutos nacionales de salud, algunos hospitales de alta especialidad y organismos desconcentrados.

En términos generales este es el status de la salud cardiovascular en México para el año 2015. Si atendemos la recomendación de la OMS de reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y metabólicas en un 25% para el año 2025, la elaboración de un planteamiento diferente al actual en materia de salud pública resulta urgente, estratégico y vital para no perder el control en la materia en las administraciones públicas futuras, llevándonos de paso, la vida de miles de mexicanos. 

Dr. Sergio M. García-López

Médico, periodista y asesor legislativo en Sistemas de Salud

Twitter @sergio_untradio