Decisión Presidencial: Grandes Retos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Este próximo lunes se dará a conocer la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, no de manera presencial por su convalecencia de COVID-19, pero se anunciará su aceptación al cargo, una mujer que combina experiencia en materia de políticas de bienestar social y seguridad pública, una interrelación activa que el gobierno actual necesita. Hay desafíos muy importantes que confrontará: el tema de la seguridad nacional replanteando la estructura operativa de los órganos de información del Estado mexicano en cuanto a inteligencia; la conformación de un sistema nacional de inteligencia que incluya la inteligencia policial; el reposicionamiento del actual CNI dentro de dicho contexto; así como el despliegue real del nuevo modelo policial de protección ciudadana que conlleva cercanía policial y participación activa de la ciudadanía, y mantener la dirección político-administrativa de la Guardia Nacional, todo, para recuperar la seguridad perdida y combatir eficientemente al crimen transnacional organizado.

a) La pandemia del Covid-19 fue declarada como “pandemia global” por la OMS el 30 de enero de 2020 (está presente en 114 países). En las pandemias (una epidemia convertida en tal) se ponen en tensión dos grandes espacios de una realidad nacional en doble vertiente: i) o logra preverse y contenerse antes de que empiece a causar estragos; o ii) una vez que se presenta, lo fundamental es la capacidad de contención debido a la velocidad de su expansión y su nivel de letalidad. En el primer caso (detección y prevención temprana, la reacción ante “la detección del primer caso”), se ponen en juego los sistemas de información y la inteligencia nacional; y en el segundo caso, la capacidad del sistema sanitario de un país (especialistas, científicos, recursos materiales, financieros, todo.

Dentro de los sistemas de información para este tipo de eventos de afectación masiva (no solo pandemias) están en México: el Centro Nacional de Desastres; el Sistema Sismológico Nacional; el Laboratorio de Observación de la Tierra; la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud. Todos considerados dentro del Atlas Nacional de Riesgos cuya generación de mapas integran el Sistema de Información de Riesgos, antes de dicha infraestructura, están el Centro Nacional de Inteligencia, (CNI) y la inteligencia militar (ejército, marina y fuerza aérea) y el policial.

Si todo este aparato de información clasificada falla, falla la información de Estado, falla la reacción oportuna, preventiva y/o correctiva. Y aquí estamos hablando no solo ni principalmente de México, sino de los servicios de información de los Estados de la sociedad internacional. Este aparato necesitará repensarse en México incluyendo la inteligencia para la seguridad nacional que hoy está adscrita a la SSPC, porque el COVID-19 derivó en todo el mundo en una crisis de la seguridad nacional. Vamos por otro modelo de operación de la información de Estado.

b) La experiencia internacional demuestra que la manera más eficiente y eficaz de ordenar los servicios de inteligencia del Estado es construyendo y operando un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que incluya a todos los existentes dentro de un marco jurídico-constitucional y una reglamentación operativa para que sean coordinados, cohesionados y convergentes dentro de una visión de Estado y con una estrategia nacional con claros objetivos definidos en función de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA) que guíe los esfuerzos y prioridades de neutralización y/o eliminación de estos últimos. La instrucción presidencial es precisa: que se empleé más inteligencia que fuerza contra la criminalidad.

Se integra con los distintos organismos preexistentes (o se recompone este emplazamiento institucional), se coordinan operativamente pero mantienen cierta independencia entre sí para hacerse cargo cada uno de la conformación de sus productos de inteligencia, conforme instrucciones de su decisor institucional. 

No existe un modelo policial, en nuestro caso que comprenda a la Guardia Nacional, con estándares internacionales de operación eficiente si no es acompañado de un modelo de inteligencia ad hoc al anterior, estructurado y funcional a él en los distintos espacios del mismo (organización, operación, mando, capacitación, marco legal). Para efectos nacionales, como un subsistema integrado y coordinado en su relación con los demás al SIN y comandado desde la SSPC. Es evidente que la nueva titular necesita buscar una solución definitiva al problema de la Policía Federal para poder reconfigurar este sistema: requerirá arte político y mando, que implica llegar a acuerdos viables y posibles, sin polarizar de inicio ni perder la postura de autoridad. La otra parte debe estar a la altura de esta necesidad que es mutua y conveniente, sin politizar el tema. Debe mantener el mando político-administrativo de la Guardia Nacional, es decir, el mando mixto. 

Una parte fundamental es la operación efectiva del SIN en los términos acordados, no solamente su presencia en documentos legales y oficiales, porque de ello depende su enorme utilidad y efectividad para la seguridad del país, nacional, interior y pública. Nuestro marco jurídico regulatorio requiere cambios en materia de seguridad nacional y seguridad interior. En el primero, un nuevo ordenamiento jurídico que actualice, añada y corrija lo existente para tener una Ley de Seguridad Nacional a la altura de los grandes retos del presente. Y en el caso segundo, luego de la anulación de la Ley de Seguridad Interior promovida en el anterior sexenio de EPN, al ser anulada por sus anomalías jurídicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó un vacío que es necesario cubrir con una nueva legislación.

c) El reposicionamiento del CNI en el conjunto institucional de la inteligencia para la seguridad en México es también relevante. Su esencia es mantenerse en la seguridad nacional y la seguridad interior como su variante. Los militares doctrinariamente insisten en que la Seguridad Nacional es la Seguridad Interior y la Defensa Exterior. Es correcto. En ese marco legal, organizativo y operativo debe quedar el posicionamiento del órgano civil de la inteligencia nacional, y como eje estratégico del SIN, lo que lo reposicionaría en todo el territorio nacional. Puede coadyuvar como el propio ejército mexicano con inteligencia dentro del SIN en el subsistema de inteligencia con la Guardia Nacional y policías del país para la seguridad pública, pero jamás confundir su objetivo nacional con ella. Para eso estará la Guardia Nacional al frente del subsistema de inteligencia policial y colaboración orgánica directa con la inteligencia del ejército mexicano.

Pero la inteligencia civil de Estado demanda una reforma importante que la actualice para asegurar a la Nación y al Estado su independencia efectiva respecto del régimen político en turno: sus demandantes y decisores deben actuar desde el poder del Estado con sus demandas y prioridades, el Jefe del Estado y el secretario de Estado, respetando la independencia del titular del propio órgano de inteligencia. El Jefe de Estado responsable constitucional de preservar la seguridad en todo el territorio nacional, demandando productos desde la independencia real del organismo, no desde la subordinación del mismo. Eso no ha funcionado. Un órgano con el perfil organizativo, jerárquico, administrativo y operativo del Estado que atienda los requerimientos del Jefe del mismo, sin recibir órdenes en otro sentido, mucho menos consignas políticas o ideológicas, y con un tipo de fiscalización adecuada, no directamente invasiva, desde los poderes legislativo y judicial, como sucede en países latinoamericanos que se han reformulado en medio de muy grandes resistencias de orden interno y fáctico externas también. Es una gran asignatura pendiente en el gobierno de la 4T-4R.

d) La creación de la SSPC se planteó como una solución institucional que desde ese ámbito contribuyera y fuera parte de ello, a la reconfiguración del combate a la criminalidad, a recuperar para los ciudadanos la seguridad, pero desde una nueva concepción de la propia seguridad y el combate al crimen organizado, partiendo de una base filosófica y política distinta en ambos aspectos, y recuperando el enfoque preventivo que establece nuestra Constitución, desechando así el enfoque reactivo-punitivo anterior fracasado. Esta inmensa área de oportunidad sigue siendo una tarea fabulosa que da sentido a la gestión institucional de la Seguridad Pública. Ello demandó la implantación con todos sus complementes de un modelo de seguridad ciudadana, de una policía de proximidad ciudadana también y de un modelo de inteligencia enfáticamente preventiva funcional a los términos de la ecuación anterior. Indispensable todo ello, para un combate eficiente a la criminalidad apoyándose en un nuevo cuerpo armado como la Guardia Nacional, con el apoyo subsidiario del ejército nacional, pero no para derrotar por la vía armada a la criminalidad, sino para desarrollar en paralelo un proceso de pacificación del país.

En la estrategia correspondiente, el eje transversal de la política social que entiende a la seguridad como parte del bienestar de la población es una pieza angular. Pero no se puede derrotar a la criminalidad ni bajar la incidencia delictiva solo con política social, así que requerimos una interacción fundamental y relevante entre ambos procesos, junto a otros, y la nueva titular de la SSPC lo entiende perfectamente bien por su experiencia de tiempo atrás junto al actual Presidente AMLO.

De otra forma, sin los cambios antes mencionados efectivamente instrumentados y en operación, los resultados van a seguir siendo avances pequeños, importantes, pero que no son lo que la sociedad demanda y necesita urgentemente.