Decir que en el sector de la construcción y en la obra pública hay corrupción es casi un lugar común, se da por hecho. Peor aún, siempre se ha pensado así, no es de ahorita. Sin querer parafrasear al clásico, pero muchos políticos pobres se hicieron ricos de la noche a la mañana en ese ámbito de la delincuencia, hay todo un anecdotario al respecto en la tradición política mexicana.

El sector de la construcción, de los más dinámicos y de crecimiento constante, es uno de los más importantes de la economía nacional. Involucra a muchos otros sectores de la economía, además de la industria de la construcción, de la transformación,de los sectores servicios ycomercio, legales, financieros, y de todo tipo de negocios, pero sobre todo, es un gran generador de empleo.

El gobierno no puede soslayar esta actividad en tanto tiene que regular y asegurar que la obra pública y privada respete el Estado de derecho. Esas atribuciones en manos de gobiernos corruptos es materia fácil para el soborno, los fraudes, la comisión de los más diversos ilícitos por cantidades de dinero que deben ser proporcionales a los presupuestos de cada proyecto de construcción, o sea, hay mucho dinero en juego. Y si es obra pública, más.

Esta corrupción que viene de lejos no ha desaparecido, ni con los gobiernos de la alternancia pudo ser eliminada. Más bien al contrario. Resultaron alumnos aventajados del régimen. Como decía hace poco un académico del Colmex, José Luis Reina, en la alternancia, los partidos no cambiaron al régimen, más bien el régimen los cambió a ellos. Este sábado, Avelina Lésper, en su muy recomendable columna, pone un buen ejemplo del grado de corrupción existente en el país. Me doy licencia para hacer un resumen: los inmuebles destruidos en el terremoto de 1985 debieron ser una lección para cambiar las cosas de cómo se venía construyendo la ciudad, a 30 años del fatídico suceso, podemos decir que no pasó nada. Cuántos desastres naturales, provocados y exponenciados por la corrupción han pasado en todo el país, y no pasa nada.

En el caso del Distrito Federal ya son años que se acusa de corrupción a diversas autoridades en el ámbito de la construcción. Los temas relacionados con la violación al uso del suelo, las construcciones con papeles falsos, las autorizaciones con vicios legales, es nota de todos los días en los diarios. Si bien el conocimiento y el combate de muchos de estos problemas de corrupción se debe a una ciudadanía consciente y organizada, hay acciones gubernamentales en el ámbito local que reconocen el problema y lo intentan combatir.

Digamos que la creación en el 2002 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial?PAOT-, la del Instituto de Verificación Administrativa ?INVEA- bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, ciertos cambios y propuestas en el código civil sobre este tipo de delitos realizadas por la Consejería Jurídica, la participación de las instituciones señaladas, de la Unidad de Inteligencia Financiera del DF, y eventualmente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en investigaciones y recomendaciones, puntos de acuerdo y acciones diversas en el combate a estos ilícitos, han sido pasos que hay que destacar, y ha sido así, porque definitivamente no es un problema menor.

Sin embargo, queda claro que la atención al problema ha sido menos que suficiente, pareciera que se le echara leña a la hoguera con los afanes de obras que ya no se distinguen si son públicaso privadas y que tienen en guerra a la ciudadanía contra el gobierno central en esta capital. Desde los deprimidos pasando por los corredores, sin olvidar las torres, todo apunta a que se vienen conflictos en esta materia que el gobierno no está sabiendo atender y resolver, al contrario, es una absurda y cruenta paradoja que hasta para construir tengamos que reprimir.