Metidos como estamos en la vorágine de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, las advertencias de los mercados sobre la estabilidad económica del país de cancelarse dicha obra y la caravana migrante que recorre el país rumbo a la frontera norte, los mexicanos no nos damos cuenta de muchos otros temas igual de importantes que ocurren en el día a día y que nos pasan desapercibidos, pero que pueden significar retrocesos importantes en lo único que hoy día puede conducir y salvar al país, las instituciones.

El país ha dado una batalla muy larga a favor de la existencia de contrapesos al poder. Se ha reglamentado y sobrereglamentado el tema, y lo que tenemos, diría Perogrullo, es lo que hay. Pero no es poco. Por eso debemos estar atentos a que las instancias que nos hemos dado para ese equilibrio, se mantengan, persistan y fortalezcan.

No es lo que parece estar ocurriendo ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde la amenaza contra la independencia de un poder autónomo proviene no de fuera, donde sería hasta cierto punto lógico que ocurriera, sino desde dentro mismo, de un grupo de magistrados que con una actitud contraria a la Constitución, pretenden violentar un principio básico para la convivencia en nuestro sistema democrático y más para la operatividad realmente autónoma del Poder Judicial, como es la no reelección.

La historia se remonta al año pasado, cuando el magistrado presidente del órgano jurisdiccional de la capital del país, Edgar Elías Azar, presentó su renuncia para ser embajador de México ante los Países Bajos. Fue el 30 de marzo de 2017, cuando se nombró a su sucesor para cumplir los tres años del período y fue electo con 59 votos a favor y 19 abstenciones, el abogado Álvaro Augusto Pérez Juárez, quien para entonces, sólo tenía 6 años como magistrado.

Durante la pasada Asamblea Constituyente en la que se aprobó la primera Constitución Política de la Ciudad de México, uno de los debates más interesantes fue el del fortalecimiento de la separación de poderes en la capital del país, tema no menor por tratarse de una entidad federativa donde la pluralidad se ha reducido a gobiernos con partido prácticamente único desde 1997, primero con el PRD y ahora con Morena, organizaciones que, cada una en su momento, han avasallado a sus competidores. La concentración de poder en una sola persona o grupo, siempre ha sido el mayor riesgo al sistema democrático.

Por eso era importante fortalecer a los otros poderes, sobre todo al Poder Judicial, cuya tarea es fundamental para garantizar la convivencia social. Los constituyentes, a mi juicio de manera acertada, decidieron empezar por reducir el período del presidente del TSJ de tres a un año, y prohibir la reelección, medidas que contribuyen a que no se creen grupos de poder en un órgano que requiere independencia para actuar con autonomía frente a los otros poderes.

La Constitución Política de la capital del país entró en vigor el pasado 17 de septiembre y su cumplimiento obliga a todos los habitantes de las 16 demarcaciones o ayuntamientos que integran esta entidad. No se supondría que hubiera dudas de lo que la primera carta magna de la Ciudad de México establece, y menos que una institución como el TSJ careciera de la claridad de interpretación de lo que los constituyentes establecieron.

Sin embargo, eso está ocurriendo. Resulta que el presidente magistrado del Poder Judicial, Álvaro Augusto Pérez Juárez, pretende reelegirse en el cargo por otros tres años, pretextando que la Ley Orgánica del TSJ vigente lo contempla, y que la nueva, que prohíbe reelegirse y que disminuye a un año el período, entrará en vigor hasta el año próximo.

Parece un mal chiste que un profesional del derecho que sabe de leyes y que todos los días las interpreta y aplica, pretenda aplicar para su beneficio, una ley orgánica que, aunque vigente, hasta el más neófito sabe que no puede estar por encima de la supremacía de la Constitución.

La elección de presidente del TSJ está programada para la primera semana de noviembre, y hasta ahora, son pocas las voces que se alzan para advertir que el intento reeleccionista del actual presidente no sólo no tiene sustento, sino más grave, es una clara violación a la Constitución. Un magistrado que pisotea la carta magna de esta manera, quedaría moralmente inhabilitado de impartir justicia.

Hasta ahora, sólo el abogado Javier Quijano, que fue uno de los constituyentes que como parte del Grupo Parlamentario de Morena impulsó la reforma al Poder Judicial, le ha exigido al magistrado Pérez Juárez desistir de su intención reeleccionista. Falta que la Cámara de Diputados local haga lo propio, y que la gobernadora Claudia Sheinbaum se pronuncie al respecto, porque todas las instituciones pierden cuando la constitución es considerada no el marco referente de la actuación pública, sino un simple obstáculo que puede librarse con marrullerías.