El acceso a servicios financieros o la falta de acceso a los mismos, se ha convertido en un indicador multifuncional, que refiere lo mismo a grados de competitividad y desarrollo económico, que de calidades de vida y oportunidades.
Esto que puede sonar sin mucho sentido si es leído en la comodidad de un Starbucks en el corazón de cualquiera de las mayores ciudades mexicanas, se entiende diametralmente diferente si la lectura se hace en una comunidad rural o en la lejana periferia de una zona urbana.
Y es que parece mentira, pero un cajero bancario dice muchas cosas...
Es un fiel indicador del desarrollo económico que refleja tipos de empleo y consumo, que a lo largo del tiempo van siendo causa y consecuencia a la vez, de una serie de complejos procesos que terminan definiendo el futuro de un grupo social y/o una comunidad.
Y es que donde hay cajeros y sucursales de banco hay desarrollo económico... Mismos que evidentemente están ausentes de aquellos lugares que no han merecido la pena como para gastar en poner un cajero o una sucursal.
Y conste que hay que decir que en estos tiempos modernos, la inclusión financiera llega al extremo de apoyarse también en la estructura de un número cada vez más importante de tienditas de conveniencia, en las que el ciudadano ajeno a servicios financieros, puede hacer uso de una plataforma física que le permite hacer e incluso recibir depósitos.
Sobra decir que estamos dando por descontado el acceso ya casi generalizado a internet y su mundo desde un teléfono inteligente...
El hecho es que la falta de inclusión financiera, referida a comunidades ajenas a estos servicios, se puede traducir, solo por dar un ejemplo, en que quienes ahí viven, difícilmente podrán contratar el crédito que les permita comprar, construir o mejorar su vivienda.
Ni modo, la inclusión financiera es termómetro de desarrollo y oportunidades...
Sobra decir que los segmentos sociales de mayores ingresos cuentan con altos grados de acceso a servicios financieros y que, por el contrario, conforme un grupo social se va haciendo económicamente más vulnerable, se aleja exponencialmente de ellos y queda sujeto a la disponibilidad de la oferta que pueda encontrar en instancias públicas.
El punto es que también los programas de gobierno terminan privilegiando a unos y consolidando la vulnerabilidad de otros.
Porque si bien existe una muy amplia gama de programas asistenciales que brindan servicios financieros, estos siempre quedan limitados a un grupo por alguna razón acotada de posibles beneficiaros.
Tal es el caso de los dos mayores fondos de vivienda que tenemos en México, Infonavit y Fovissste, que si bien tienen un señalado énfasis hacia segmentos de menores ingresos, este énfasis está supeditado a que su padrón de derechohabientes está formado por trabajadores de la economía formal, unos en la iniciativa privada y otros en organismos públicos.
Y es que el acceso a la vivienda está limitado a la capacidad de tener un crédito, y tener un crédito termina estando limitado al acceso a servicios financieros.
Para entender dónde y por qué se mueve el crédito hipotecario en el país, basta con tirarse un clavado a los números de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que de entrada, señala que en el 2018 se generaron en el país 1 millón 222,000 créditos (la cifra incluye subsidios) para vivienda.
Ojo, que este dato está lejos de referirse solo a créditos usados para adquirir vivienda nueva... Nada de eso, porque de ese total, si acaso poquito más de 400,000 créditos fueron para comprar una vivienda nueva, todo lo demás fue para financiar adquisición de vivienda usada, o construcción o mejora de una vivienda existente.
Por supuesto, se originaron más créditos en zonas urbanas que rurales... Por supuesto, se originaron más créditos en entidades desarrolladas económicamente.
Y si hacen los cruces adecuados, verán que esas gráficas van a coincidir con las que reflejan el grado de bancarización o inclusión financiera de cada entidad.
Es así, que dice la Conavi que de 1 millón 222,000 créditos para vivienda originados en el 2018, la mitad se concentró en ocho estados: Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Veracruz.
Sobra decir que esos estados son motores económicos del país y en consecuencia concentradores de población e imanes para todo tipo de servicios financieros.
En contraste, los estados en que menos créditos para vivienda fueron otorgados el año pasado fueron: Colima, Nayarit y Tlaxcala.... estados que apenas pintan en las metas nacionales de vivienda, respecto al total de población nacional y en desarrollo económico.
El reto es llevar servicios financieros a todo el país... Pero la esencia de dicho reto no es pretender mover cajeros y abrir sucursales, sino crear condiciones que detonen un crecimiento económico capaz de generar apetito a quienes prestan esos servicios.
Hay que detonar desarrollo para que ese desarrolle detone a su vez muchas cosas más... Inclusión financiera y muchas viviendas, por ejemplo...
· Horacio Urbano es presidente fundador de Centro Urbano, think tank especializado en temas inmobiliarios y urbanos
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @horacio_urbano