El Corredor Cultural Chapultepec (CCChapultepec) nació viciado de origen, como dicen los abogados. Otro proyecto fallido de una larga lista de obras públicas de cuantiosos presupuestos en los que más temprano que tarde supura la corrupción. Más que una nueva ocurrencia, es una arbitrariedad. Ese es el talante de los proyectos de obra pública de nuestros gobiernos federal, estatal y municipal en los últimos años. No por nada ahora la obra pública tiene que hacer uso de la fuerza pública para llevarse a cabo, por lo mismo es fácil inferir que la obra de gobierno ya no es pública, sólo responde a intereses particulares.

Ahora bien, en tanto hay ausencia de requisitos de planeación, hay ausencia de legalidad. Porque la planeación tiene carácter de ley, es obligatoria para el sector público y de observancia general para el sector privado, pero nadie la atiende. En este proyecto hay ausencia de planeación, tanto en términos técnicos como legales.

No había pasado ni un mes en que el jefe Mancera había anunciado que gobernaría con la ciudadanía cuando presenta un megaproyecto que ya se había cocinado en lo oscurito. Por motivos como éste, el jefe de gobierno ya empieza a ser comparado con Mr. Hyde, que para colmo, también era abogado. Llámele usted como quiera pero un proyecto de esta envergadura no sólo debió ser consultado o haber contado con la participación de la población desde un principio, empezando con los vecinos, debió también haber emanado de estudios más generales en materia de planeación del desarrollo urbano.

Por la ausencia de los requisitos de planeación es que este tipo de proyectos se vuelven fallidos, peor aun si son llevados a cabo. Lo mismo pasó con los segundos pisos desde la época de López Obrador, se empezaron a construir o ya estaba tomada la decisión sin haberse actualizado el Programa General de Vialidad y Transporte, ahora denominados de Movilidad. Proyectos de estas características, con tremendos impactos urbanos y ambientales tienen que emanar de estudios de planeación más generales. Por lo menos deben estar actualizados los estudios que de ley deben hacerse para el Distrito Federal, y no lo están.

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por ejemplo, no se actualiza desde el 2003. Cuando se emitió ese programa, la entonces vigente Ley de Desarrollo Urbano del DF establecía que los programas debían ser revisados cada tres años. La legislación vigente ya no establece ningún periodo pero es evidente que los programas deben actualizarse, y no se ha hecho. Lo mismo pasa con toda una gama de programas de desarrollo urbano delegacionales, sectoriales, parciales. Si no se actualizan los instrumentos de planeación tendremos siempre una normatividad caduca o anacrónica, más aun en un sistema tan dinámico como el desarrollo urbano de la ciudad. Para que megaproyectos como el CCChapultepec funcionen, es necesario saber cuáles son las condicionantes de los demás niveles de planeación, empezando con los planes generales y sectoriales.

Hay graves omisiones y mucha demagogia en este nuevo proyecto del Gobierno del Distrito Federal. Hay falta de participación ciudadana y carencias de instrumentos de planeación que son necesarios para que funcionen y sean exitosos. La participación ciudadana en la elaboración de los planes, programas y proyectos no debe limitarse a la consulta pública, menos aún a posteriori, se trata de que todos estos instrumentos tomen en cuenta las necesidades sentidas de la comunidad desde antes de ser diseñados a efecto de que el producto final tenga el mayor consenso posible y cuente con la satisfacción de todos o, por lo menos, de la mayoría. En pocas palabras, el usuario debe participar en el diseño del proyecto y es obvio que nada ha tenido qué ver.

La participación de la comunidad además de ser un requisito insoslayable de la planeación democrática, de ser parte de la metodología y la técnica de la planeación urbana, es un derecho constitucional. Por eso este proyecto no es una ocurrencia más, es un arbitrariedad.