La amenaza y la investidura

Desde el pasado 14 de junio, AMLO amenaza con dar a conocer los nombres de quiénes están promoviendo amparos en favor de la suspensión de la obra del aeropuerto de Santa Lucía. Pocos dichos del presidente López Obrador han generado tanta indignación.

Se trata, en mi opinión, de una clara equivocación, pues vulnera el Estado de Derecho y el acceso libre y gratuito a la justicia (lo cual presupone que las personas quienes promuevan acciones jurídicas no se verán intimidadas o exhibidas por ningún poder).

Por supuesto que el anonimato no es consubstancial a la figura de amparo, pero el que el presidente López Obrador amedrente y juegue con ello es en sí mismo abusar de su poder. Irónico, pues es precisamente él quien está obligado antes que cualquier otro mexicano a respetar las leyes. De hecho, justamente por la responsabilidad de su investidura, el poner en entredicho su ejercicio lleva doble culpa.

Que a mí en lo personal me interese conocer a los valientes patriotas que ejercer su derecho de amparo —para aplaudirles—, no le resta un ápice a lo que acabo de señalar en el párrafo anterior con respecto al actuar del primer mandatario de este país. Tampoco, por cierto, que dichos amparos sean el resultado de una estrategia de actores económicos y políticos para detener las obras en Santa Lucía. Se vale; es parte de nuestros derechos como gobernados.

López Obrador pretende hacer pasar por inmorales y hasta ilegales dichas acciones; nada más falso y poco ético que eso. Los amparos promovidos por las obras de #SantaLucía y el #NAIM son un derecho consagrado en la Constitución. AMLO no tiene razón al exhibir a quienes se ampararon como “malos mexicanos” ni, para el caso, decidir “cuáles son sus intereses”. Esto último siempre queda asentado en el amparo mismo.

El amago y la campaña 

La Barra Mexicana de Abogados pidió al presidente de México no intervenir en asuntos jurisdiccionales mediante acciones mediáticas —o de otra índole—, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, pues hacerlo atenta contra de la división de poderes y también contra el Estado de Derecho. En otras palabras, los jueces deben poder decidir sobre los asuntos que se les presenten sin tener la presión de los otros poderes de la Unión.

El lugar del “show” de las mañaneras, mejor sería que el presidente conociera un poco más al respecto de lo que se “pide” con esos juicios y lo que ya se ha otorgado.

147 juicios de amparo fueron interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches, integrado por diversas organizaciones, despachos de abogados, ciudadanos, pilotos y pobladores tanto de Texcoco como de Santa Lucía. Se conoce, sin embargo al momento, solo de cuatro suspensiones provisionales y una definitiva concedidas por tribunales y un juzgado federal de amparo contra la cancelación del NAIM).

¡Al diablo las suposiciones! y #YoTambiénApoyoElAmparo

Tal vez, en realidad, los “adversarios” del presidente son los miembros de su propio equipo de trabajo quienes no le cuentan sobre todos los problemas que presenta la construcción de Santa Lucía. Y es que a la fecha no han producido los estudios validados de factibilidad, de impacto ambiental, de afectaciones arqueológicas, ni de seguridad aérea.

Claramente el problema no son los amparos; estos son solo el resultado de que no haya permisos, ni licencias, ni estudios de viabilidad de acuerdo a las leyes que nos rigen.

“El que es buen juez, por su casa empieza.” Y si Andrés Manuel quiere “balconear” a sus adversarios, que empiece con sus colaboradores más cercanos y le digan por qué no tienen listos los estudios mínimos requeridos para echar a andar la construcción del aeropuerto. Tal vez, cuando vea el desaseo que hay en Santa Lucía, tenga que decir: #YoTambiénAppoyoElAmparo.

Cabeza fría, no cabeza hueca

En lo personal considero que en México se ha abusado de la figura del amparo, pero ello no elimina el hecho de que dicha figura jurídica fue pensada justamente para limitar el abuso de poder que ejercen las propias autoridades. En todo caso, si se quiere “vencer” el amparo en cuestión, que el presidente lo haga de forma legal y conforme a derecho.

El haber promovido un amparo y haberlo obtenido, no es sinónimo de estar en contra de México o del presidente; tampoco hace adversarios de nadie a quienes promovieron el amparo. Los amparos se otorgan cuando los derechos de quienes los promueven (de forma directa o indirecta) pueden ser vulnerados.

Si se desea terminar de una vez por todas con esa figura, refórmese el marco legislativo que la alberga. Pero antes, muy importante, como primer mandatario de la nación, habría que asegurarse de que sea norma aplicada la adecuada impartición de justicia en México, empezando por erradicar cualquier abuso de poder desde la presidencia.

AMLO lleva más de medio año siendo presidente de todos los mexicanos. Debe, por tanto, dejar el discurso divisor y pugnar por la unión de todos sus gobernados. Si quiere atacar o se siente atacado, sus verdaderos adversarios son los secuestradores y los asesinos; son quienes incitan a la violencia y a la ilegalidad, no los acuden a las instituciones jurídicas para dirimir sus diferencias.

P. D.

Otro con el que el presidente López Obrador mide fuerzas es con el ingeniero Slim Helú, un peso pesado más adecuado para “batirse en el ring”. Independientemente de la calidad moral de ambos personajes (asunto que no deseo discutir aquí), ¿no resulta incongruente que el primer mandatario pida al empresario no cerrar una pequeña mina en Chihuahua para defender una centena de empleos, cuando que le canceló —junto a otros inversionistas— el proyecto de NAICM en Texcoco que aseguraba trabajo a más de 60 mil mexicanos?