Cuando el padre Manuel Arias Montes y el resto del grupo de sacerdotes de Oaxaca descubrieron que el Arzobispo José Luis Chávez Botello no estaba haciendo nada ante la denuncia de actos de pederastia en comunidades indígenas del estado, decidieron llevar el caso del párroco Gerardo Silvestre ante la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo.

Los sacerdotes denunciantes enviaron el 4 de agosto de 2010 un documento confidencial dirigido al entonces Papa Benedicto XVI, cuyo asunto era “un crimen abominable que tiene que ser denunciado”. Como lo indica el protocolo canónico, la denuncia tenía que estar dirigida a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la fe, que en ese momento encabezaba el Cardenal William Joseph Levada.

En el amplio texto, luego de explicar con sumo detalle los casos de las víctimas, así como el proceso de denuncia que habían realizado al interior de la Arquidiócesis local, los sacerdotes retoman los diversos postulados que por esos años había elaborado el Papa Benedicto XVI sobre los casos de pederastia clerical descubiertos en Irlanda. En una carta pastoral, decía que compartía “la desazón y el sentimiento de traición que muchos de vosotros habéis experimentado al enteraros de esos actos pecaminosos y criminales y del modo en que los afrontaron las autoridades de la Iglesia”. 

Los sacerdotes oaxaqueños usaron diversos fragmentos de este documento papal sobre los hechos de Irlanda para contextualizar la denuncia que estaban haciendo en contra de su autoridad local: 

En nuestro arzobispo se cumple lo que el Papa dice a los obispos en Irlanda: “habéis fallado, a veces gravemente, a la hora de aplicar las normas, codificadas desde hace largo tiempo, del derecho canónico sobre los delitos de abuso de niños… hay que reconocer que se cometieron graves errores de juicio y hubo fallos de gobierno. Todo esto ha socavado gravemente vuestra credibilidad y eficacia” (Ib., 11).

Al proteger al P. Silvestre, cambiándolo sólo del lugar, al castigar al diácono Angel Noguera y al alejar de ahí al P. Apolonio, al dejar sin párroco a la parroquia que se atrevió a denunciar y al silenciar a los sacerdotes del decanato, alentando al P. Pedro Ginés – Vicario regional – a difundir que todo es mentira inventada por el P. Apolonio, se puede afirmar que que el arzobispo está encubriendo al pederasta ya atentando contra las leyes civiles y de la Iglesia.

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Como presbíteros de esta Iglesia diocesana sentimos las palabras del Santo Padre: “Sé que muchos estáis decepcionados, desconcertados e irritados por la manera en que algunos de vuestros superiores han abordado estas cuestiones” (Ib., 10). Pero sintiéndonos corresponsales y amando con mayor amor en tiempos de prueba a nuestra Iglesia hacemos caso a esta recomendación papal: “es esencial que cooperéis estrechamente con los que desempeñan cargos de autoridad y colaboréis a fin de garantizar  las medidas adoptadas para responder a la crisis sean verdaderamente evangélicas, justas y eficaces” (Ib., 10). Por eso estamos recurriendo a la Santa Sede, queremos colaborar para que estas medidas que se tomaron que causaron mayor daño que bien, se reviertan y sean evangélicas, justas y eficaces.

Casi al final del documento, los sacerdotes denunciantes plantean una serie de conclusiones y posibles soluciones a la problemática. Entre las peticiones están que haya atención psicológica a los niños afectados, así como a sus familiares. También se solicita que se restablezca al diácono Ángel Noguera en su servicio religioso, que se pida perdón a los pueblos indios donde ocurrieron los hechos y que haya sanciones en contra de las autoridades que encubrieron los hechos.

El texto concluye así:

  1. Estamos indudablemente ante un caso probado de pederastia clerical en una zona indígena. La patología del Padre Gerardo es manifiesta, combina la afición homosexual hacia los niños con su afición al alcohol, por eso su afición al dinero y al poder de párroco y decano que el obispo ha dado.
  2. Indudablemente debe someterse inmediatamente a estudios psicológicos serios y a un tratamiento apropiado lejos de esas parroquias y en el lugar apropiado, sin eludir – si llega el caso – la justicia. Las familias y comunidades, justamente indignadas, han actuado con una caridad enorme y propia de la nobleza de alma que portan los pueblos indígenas creyentes. Tienen que ser reconocidas y valoradas públicamente.
  3. Los conflictos legales que de esta situación se deriven son justos y tienen que ser resueltos sin corrupción, a favor de los ofendidos para que se restituya – hasta donde sea posible – la salud física y metal de las personas y los pueblos ofendidos.
  4. El Arzobispo tiene toda la información necesaria, puede obtener más, si lo quiere, pero con la que tiene debe actuar de inmediato para no provocar un daño mayor a los niños de las parroquias de Villa Alta y Camotlán y daño moral a la Iglesia. No actuar inmediatamente lo convertiría en ante los ojos de la Iglesia y la sociedad en encubridor de un clérigo pederasta, contra todas las exigencias de los últimos dos Papas.
  5. Tendrá que buscarse la forma de que el P. Gerardo se desdiga públicamente de hacer hecho gala de su protección del arzobispo, pues es una ofensa grave que ha quedado en el corazón y la memoria de la gente.
  6. Gran parte del presbiterio no va a permaneces ajena a esta situación ni se prestará a dilaciones de ningún tipo para retardar la justicia. Lo que sea necesaria se hará por fidelidad y amor a toda la Iglesia desde esta iglesia particular de Oaxaca.
Solicitamos a la Santa Sede que emprenda una investigación ya que nuestro arzobispo ha omitido hacerla de manera honrada y transparente, apegada a las leyes de la Iglesia que le ordenaban – ya hecha – remitirla a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (Cf. De Delictis Gravioribus, Congregación para la Doctrina de la Fe, 18 de mayo 2001). Las decisiones que ha tomado sin consultar a la Santa Sede, hacen necesaria la intervención de personas confiables – incluso que no sean de Oaxaca – y la intervención directa de representante de la Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe que puedan escuchar a las víctimas, familiares y testigos. En un acto de humildad suprema, si no se siente capaz de todo esto, podría renunciar a su oficio de Arzobispo de Oaxaca para que otro obispo lo llevara a cabo y, si fuera el caso, aceptar las medidas correctivas de la Santa Sede le dictara.

Con la conciencia de que – después de escuchar a muchos testigos – lo que decimos es verdad y lo qe pedimos redundará en bien para la Iglesia, nos hacemos responsables de este escrito y de la solicitud de intervención de la Sagrada Congregación para la doctrina de la Doctrina de la Fe y los diocesanos:

Fue hasta el 17 de febrero de 2011, cuando los sacerdotes denunciantes recibieron la respuesta del Vaticano. El documento de la Congregación por la Doctrina de la Fe, con folio 463/2010 – 343602, fue elaborado por el Arzobispo titular de Thibica, Luis F. Ladaria, quien informa que tanto Silvestre como el Arzobispo quedaban exonerados de las acusaciones que se les hacía. 

Con la presente me refiero al caso del Rev. Gerardo SILVESTRE, sacerdote de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, quien ha sido acusado del delito de abuso sexual de menores.

Este Dicasterio ha recibido las actas de la investigación que le fuera confiada. Agradecemos la rapidez y prontitud con la que su Excelencia llevó a cabo la misma dadas las implicaciones que se derivaban del caso.

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha estudiado detenidamente la documentación presentada, así como el voto de Su Excelencia. En consecuencia este Dicasterio considera que de la investigación, llevada a cabo no se desprende que el Rev. SILVESTRE haya cometido los delitos que se le imputan. Así mismo, las provisiones canónicas y pastorales tomadas por S.E. Mons. José Luis CHÁVEZ BOTELLOS, Arzobispo de Antequera-Oaxaca, al momento de recibir noticias posibles delitos contra menores -adjudicados al reverendo -responden en tiempo y forma a los principios básicos de la justicia, la protección de las presuntas víctimas y la preservación del bien común en la Iglesia. Las demás incidencias del caso, las posibles motivaciones de los acusadores, pertenecen al ámbito de la prudencia pastoral y merecen atención de los involucrados para que sea tratado en un clima de diálogo y mutuo respeto.

Visto lo anterior, este Dicasterio le pide a Su Excelencia que comunique a todas las partes involucradas que sobre el Rev. Silvestre no pesa denuncia verosímil que justifique la intervención de este Dicasterio en su ámbito de competencia, por lo que la causa queda desestimada en su mérito. A su vez, se invita al diálogo sereno que redunde en un mayor bien de cohesión y unidad pastoral.

Aprovecho la circunstancia para manifestarle mis mejores sentimientos, confirmándome.

La respuesta provocó un cisma al interior del grupo de sacerdotes denunciantes e indignación entre los familiares de los niños agredidos. El 23 de noviembre de 2011 decidieron enviar una nueva carta al Vaticano en la que apelan la decisión. Los firmantes son los sacerdotes Manuel Arias Montes, Sergio Herrera Arias, Miguel Angel Morelos García, Jorge Pérez García, Juan Antonillo Jiménez, Guillermo Velázquez Gordillo, Juan Ruiz Carreño, David Elías Mendoza Maldonado, Leonicio Hernández Guzmán, y el Diácono Angel Noguera Nieto. Tras hacer un recuento de los sucesos, deciden ventilar el encubrimiento al interior de la Arquidiócesis:

4.1. Fue muy evidente la negativa del arzobispo a recibir a las víctimas para escucharlas. Esta actuación dejó muchas dudas respecto a su propia persona. Aun estando convencido de que la presunta víctima que fue a buscarlo era mayor de edad y estaba “mal de la cabeza” - uso imperfecto de la razón – haberlo recibido hubiera sido en cumplimiento de la ley de la Iglesia conforme al canon 99: “Quien carece habitualmente de uso de razón se considera que no es dueño de sí mismo y se equipara a los infantes” (también: “El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con menos de 18 años. En ese número se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón; Las nuevas formas Art. 6, 1E), así habría podido verifica si era relación homosexual o pederastia. De haber recibido a una sola víctima, la solución podría haberse tomado más evangélica para todas las víctimas, sus familias, la iglesia y lo pueblos afectados. No fue así y ahora las secuelas son más dañinas para los afectados y la indignación de familiares y víctimas crece. Un caso ya ha sido llevado a los tribunales civiles y otros están por hacerlos.

4.2. El aplicar debidamente las nuevas normas de la iglesia para estos casos, investigando no sólo con sacerdotes, sino escuchando al menos por caridad a una de las víctimas, podría haber impedido mayor escándalo y el que, ahora, enteradas del caso, algunas parroquias y autoridades ya hayan tomado cartas en el asunto y reclamen al obispo que no les envíe como párroco a algún sacerdote pederasta (Vgr. Ixtlán, 30-10-11).

4.3 El dar a conocer el caso tan públicamente a dos grupos de sacerdotes la denuncia ante la CDF, hizo más visible el problema y causó alerta en varias parroquias. La madurez de ese clero impidió que, por esa información, se diera la confrontación entre defensores del obispo y quienes fueran señalados como sus detractores.

4.4. Quienes hemos denunciado, no habríamos llegado hasta ese momento si, desde que distintos sacerdotes y nosotros al solicitárselo, el obispo hubiera hecho una verdadera investigación. Ahora nos sentimos en el deber de promover la aclaración de este caso llegando hasta el fondo por el bien de las víctimas, que también son Iglesia, por el bien de la Iglesia y toda y hasta por limpiar nuestra propia reputación de toda sospecha de ser calumniadores y mentirosos. Seríamos muy perversos y ruines si, sólo por oponernos al arzobispo, inventáramos tamaña calumnia a un hermano sacerdote; y no lo somos, somos sacerdotes conscientes de nuestro ser y quehacer en la Iglesia.

4.5. La actuación del Sr. Arzobispo Chávez Botello, y de quienes se unieron a él para lograr la exoneración del Pbro. Gerardo Silvestre Hernández, lamentablemente, nos convence más de que él ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para encubrirlo. No nos atrevemos a juzgar su intención y su conciencia, pero el hecho es que, aunque se haya logrado esta resolución, las víctimas ahí están, la mayoría indígena y pobres, con miedo muchos de ellos a la autoridad eclesiástica y civil , que les impiden denunciar el abuso que sufrieron y el dolor que todavía padecen. Quienes han denuncia han vencido sus miedos y animan a otros a hacer lo mismo.

Ante el encubrimiento también del Vaticano a los crímenes cometidos en las comunidades indígenas de Oaxaca, fue la justicia civil la que tuvo que intervenir en los meses siguientes en contra de Silvestre.

La siguiente entrega: Quinta parte. La Cruzada. Lee Lejanía (Primera Parte), La Revelación (Segunda Parte) y Negación (Tercera Parte).