En 1997 en San
Andrés Larráinzar, población de los Altos de Chiapas, se firmaron los
históricos Acuerdos de San Andrés por el Gobierno Federal y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con la mediación de la Comisión de
Concordia y Pacificación (COCOPA), que se lograron gracias a un proceso de
diálogo complicado, que comenzó después del alzamiento armado del EZLN el
primero de enero de 1994 por el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas.
Los Acuerdos de
San Andrés, pondrían fin al conflicto armado en Chiapas, y sus disposiciones
serían Constitucionales, pero lo más importante es que con la firma y
reconocimiento del Gobierno Federal se daría inicio a una nueva relación del
Estado con los pueblos originarios de México. Meses después, el Presidente
Ernesto Zedillo desconoció los acuerdos que había firmado y comprometido a
respetarlos.
Lo que motivó el
desconocimiento de los acuerdos por parte de Zedillo, y posteriormente de Fox y
Calderón, fue principalmente por el contenido del capítulo: "Derechos y Cultura
Indígenas", que en resumen reconoce a las comunidades indígenas como entidades
de derecho público y con libre determinación.
Dicho capítulo
dice señala: "Se creará un marco jurídico a partir de reconocer la libre
determinación de los pueblos indígenas... y como tales.. Podrán decidir su
forma de gobierno interno y sus maneras de organizarse política, social,
económica y culturalmente... El Congreso de la Unión reconocerá a las
comunidades como entidades de derecho público. Las autoridades realizarán la
transferencia de recursos, para que las comunidades administren los fondos
públicos que se les asignen."
Como vemos, los
acuerdos de San Andrés reconocen a las comunidades indígenas como entidades de
derecho público con autonomía y libre determinación, y con los recursos
necesarios para que estas comunidades ejerzan un presupuesto. Con lo dispuesto
en los Acuerdos se sientan las bases constitucionales para la creación de un
cuarto orden de gobierno, entendiendo a la Federación, Estados y Municipios
como los otros tres. Con esto se desconcentrarían las atribuciones, y los
recursos públicos para destinarlos a las comunidades para que sus habitantes
canalizaran sus presupuestos de acuerdo a las decisiones que tomaran
colectivamente.
Ernesto Zedillo
desconoció los Acuerdos después de haberlos firmado, después de que políticos
de todos los partidos le hicieron saber que había cometido un grave error, pues
ponía en peligro el status quo del sistema político mexicano: Una vez que se
reconociera constitucionalmente a las comunidades indígenas como entidades de
derecho público, se sentaría un precedente y cualquier comunidad del país
podría exigir ser reconocida igual.
En cualquier
estado de la República, las comunidades urbanas y rurales, como barrios y
ejidos, podrían haber gozado del mismo reconocimiento. De respetarse los
Acuerdos de San Andrés, en todo México cambiarían las formas de gobierno establecidas,
dando paso al cuarto orden de gobierno a nivel nacional.
El efecto que
preocupó al gobierno federal y a las cúpulas partidistas, es que al ser otro
orden de gobierno, las comunidades de todo el país tendrían derecho a acceder a
los presupuestos públicos y a decidir cómo ejercerlo, y aplicando herramientas
de la democracia participativa, las comunidades indígenas, barrios y ejidos
manejarían en su territorio los programas sociales y de obra pública, sin la
intervención de otros niveles de gobierno.
Hoy en día los programas y la obra pública se maneja a discreción por políticos
y funcionarios públicos a través de sus estructuras partidistas, dependiendo
del gobierno en turno, y se utilizan con fines clientelares para comprar y
coaccionar el voto en las elecciones, lo cual es una práctica común de todos
los políticos. De perder el control de los programas sociales y de obra
pública, los partidos no tendrían con que comprar votos, ya no podrían lucrar
con la necesidad de la gente y perderían el control político.
Con las
comunidades del país tomando decisiones se definiría el rumbo del país y
existiría un contrapeso a los poderes establecidos y a los fácticos, dándole
equilibrio a la vida política de México. Esta es una causa más por la cual los
Acuerdos de San Andrés siguen sin reconocerse.
¿Qué pasaría con
los partidos políticos sin clientelas electorales y sin el voto duro? Hay dos
respuestas: Una, modernizarse, cambiar su discurso anacrónico y adaptarse a las
nuevas formas de democracia participativa, abrir los partidos a la
participación activa de la sociedad, hacer trabajo de base organizativo y de
convencimiento a través de propuestas, ideología y honestidad, y mejorar su
imagen ante la opinión pública.
La segunda
posibilidad, que es la más probable que sucedería, es que serian rebasados
totalmente agotando el sistema representativo partidista, dando paso a una
nueva democracia, donde la sociedad fuera la verdadera protagonista: La
democracia participativa y popular...
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