Dijimos en nuestra entrega anterior que en México, realmente han sido muy poco o nada investigados en su salud mental, hablo de una investigación científica, a priori o a posteriori, o ambos comparativamente, los presidentes de la república y gobernadores, por ejemplo, para conocer datos sustanciales del desempeño de su encargo, no me refiero a un acto tendencioso con fines proselitistas o de guerra sucia y propaganda negra. No. Algo serio. Son los hacedores de las políticas públicas que nos dirigen y conducen, nos guste o no, una buena parte de nuestro destino más cercano tiene que ver directamente con las decisiones que ellos tomen. En cierta forma y medida estamos literalmente en sus manos.

En el mes de mayo de 2020, la diputada del PAN Annia Sarahi Gómez Cárdenas presentó una iniciativa de reforma al Art. 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, habría sido excelente tal iniciativa en sexenios anteriores. Es verdad como ella asienta en la exposición de motivos que en otros países de nuestra subregión latinoamericana (Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Honduras, Venezuela), está prevista la posibilidad de destituir a un jefe del poder ejecutivo “por incapacidad, impedimento físico o mental para el desempeño del cargo”. En tales países, el presidente necesita rendir un informe de salud mental al inicio de su gobierno y es responsabilidad del poder legislativo dar seguimiento a su estado de salud mental y recabar la información necesaria que asegura su capacidad mental para desarrollar el cargo. Aunque por lo que se sabe al respecto, no ha sido muy efectiva la previsión constitucional. Si no mal recuerdo, se la aplicaron facciosamente al destituido presidente del Perú profesor Pedro Castillo. Son los riesgos inherentes.

Me parece que la necesidad es absolutamente legítima y necesaria, pero cómo, cuándo, quién y por qué, son los cuestionamientos precisos para una sana normatividad constitucional, además de un mecanismo de valoración rigurosa. Los representantes del parlamento peruano dudo infinitamente que tuvieran las calificaciones profesionales y científicas para una valoración y un dictamen al respecto del profesor Pedro Castillo. No hablamos de una basura de ese tipo.

En la “Exposición de Motivos”, la diputada aludida, hace mención de datos interesantes para el caso de los presidentes de EUA: allí el 49% de los presidentes había sufrido una enfermedad mental en algún momento de su vida, y el 27% se vieron afectados por ello al estar en el desempeño de su encargo. Uno de cada cuatro tenía claros síntomas de depresión resultado de las presiones del trabajo, un empleo de exigencia máxima en el que es inevitable un margen grueso de error.

La iniciativa llevaba dedicatoria, estaba dirigida a cuestionar la salud del presidente AMLO -qué lástima que no se le ocurrió presentarla a alguien durante el ejercicio del poder por Felipe Calderón-. La iniciativa plantea adicionar un inciso X que a la letra dijera: “Solicitar un informe anual sobre la salud mental del presidente de la República. Dicha solicitud deberá realizarse por el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados y el informe tendrá que ser entregado en un plazo no mayor a 3 meses.” La iniciativa no pasó. Y es precisamente este tipo de actitudes tendenciosas (dedicatoria) lo que degrada y desnaturaliza cuestiones que pueden ser de verdadera defensa o control de la ciudadanía.

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Luego, el 7 de abril de 2022, una diputada del PRD, Olga Luz Espinosa, propuso “reformar el Art. 84, 86 y 87, y adicionar una fracción VIII al Art. 82 a fin de garantizar que el presidente de la república y su gabinete se encuentren en óptimas condiciones de salud mental para gobernar”. Bueno, pues, si así estamos, no estaría por demás incluir a los diputados y senadores para cerciorarnos de que estén en aptitud de conocimientos y salud metal para proponer iniciativas de ley y cambios a la constitución. Nuevamente, eso es lo que envilece un recurso de control y defensa ciudadana cuando se piensa en convertirlo en materia de politiquería. La flamante aliada del PAN y el PRI actúa con criterios facciosos, aunque los disfrace.

Seguramente que una inmensa mayoría de funcionarios públicos de rango elevado de las administraciones anteriores lograrían diagnósticos puntuales para casos de cleptocracia, amnesia disociativa y mitomanía aguda. Por lo menos.

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El tema es mucho más serio: habría que empezar por una discusión seria entre científicos y luego quienes tengan carrera médica en el Congreso, discutir una Ley de Salud Mental que consagre otra vertiente del derecho a la salud, como derecho humano, para aplicar revisiones a fondo, diagnósticos y dictámenes psiquiátricos a aquellos que exhiban claras señales de trastornos importantes en su conducta y/o en su personalidad. Son parámetros de salud pública, no criterios de lucha política.

Y a todo esto, ¿qué debemos entender por salud mental? “El estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales, para la convivencia, el trabajo y la recreación” (Becerra-Partida, diciembre, 2014.)

El Dr. Alberto Perales Cabrera, establece las diferencias entre diagnóstico psiquiátrico y de salud mental, pero, esencialmente, su relación con el ejercicio del poder político: “Según Jean-William Lapierre es una función social que consiste en tomar decisiones soberanas para el conjunto de la sociedad global y de asegurar su ejecución por medio de la autoridad legítima y de la supremacía de la fuerza pública. En un extremo negativo puede ser utilizado para dominar y humillar al hombre; en otro positivo, para permitirle su más pleno desarrollo. La decisión al respecto dependerá de variables éticas y de salud mental de cada sociedad (país) representada por su clase gobernante”. (Simposio, junio, 2011)

Si se puede humillar y perjudicar severamente, o bien, favorecer en el desarrollo personal mediante el ejercicio del poder, es absolutamente indispensable revisar el estado de la salud mental del gobernante, incluso, conforme a una ideología. Que Vicente Fox haya rechazado los programas para adultos mayores, no solo diciendo que podían quebrar las finanzas públicas, sino porque es necesario que todos los huevones se vayan a trabajar, no solamente compromete la ideología, sino la salud mental. Considerar que los que están desempleados y/o ya no están en posibilidad de obtener un empleo, son huevones, habla de algo mucho más.

Lo digo porque una investigación publicada en la revista Journal of Personality and Social Psychology de la Asociación Estadounidense de Psicología, afirma que el estrés producido por la agenda política puede afectar negativamente la salud mental de las personas, aunque no recibir información al respecto también podría tener afectaciones. Entonces, la desinformación y el estrés que produce la política en el día a día, son causas de afectación porque generan emociones o motivaciones negativas que lastiman la capacidad cognitiva, y porque genera cargas emocionales que influyen en el sentir, decir y hacer de las personas.

A propósito de lo anterior, el periódico El País presentó los resultados de una investigación psicológica en la cual se correlaciona e interrelaciona el consumo constante de información política y sesgada, como la que hay en la casi totalidad de los medios de comunicación y de prensa, con un mayor estrés y deterioro del bienestar emocional. La investigación fue hecha por la Universidad de Toronto y la Asociación Estadounidense de Psicología. (Gurutz, 2023)

Por ello, la Organización Panamericana de la Salud, fue más allá de lo anterior, estableció la afectación a la salud mental (y el bienestar) posterior a la pandemia global, así como en los servicios de atención en los trastornos mentales, neurológicos y por el consumo de sustancias psicoactivas, lo que ha generado una brecha importante en las “inequidades de atención a la salud”. Por tanto, la importancia de “que los gobiernos promuevan el aumento de la inversión de recursos financieros y humanos para la atención de la salud mental y para establecer sistemas de salud mental más fuertes y resilientes en el período posterior a la pandemia”. (junio, 2022)

Así que, no nos haría nada mal que el siguiente gobierno emitiera una ley de salud mental, destinará mayores recursos a estos renglones de la salud pública, y que todo ello, incluya a políticos, dirigentes, aspirantes y en funciones, no veo por qué ellos debieran estar al margen de afectaciones que sufrimos todos durante la pandemia global, por las formas y técnicas con las cuales se atacó, y cómo se nos expresa en conductas y pensamientos, proyectos y relaciones en la etapa post- pandémica y post elecciones, sus resultados y conflictos. Los líderes políticos, sin duda, por delante.