Habrá elecciones generales en España el 29 de noviembre. En medio de una polarización política propia de la era de Pedro Sánchez, los partidos de oposición, y en concreto los derechistas PP y Vox, pretenden arrebatarle de una vez por todas al PSOE el control del gobierno central. Como se recordará, la actual composición de la Cámara de los Diputados no refleja la voluntad de los españoles pues el actual residente de La Moncloa y su partido no obtuvieron la mayoría de los votos en los comicios anteriores. Sin embargo, derivado de una serie de negociaciones y de presuntos actos de corrupción, se han mantenido en el poder.
La Ley de Nietos está en medio de la polémica. Debe recordarse que la Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022, busca, entre otros objetivos, reivindicar la memoria de los españoles que se vieron obligados a dejar su país como consecuencia de la Guerra Civil y del franquismo.
Para ello, a través de la llamada Ley de Nietos, las Cortes Generales establecieron que los nietos de hombres y mujeres que salieron de España entre 1936 y 1955 como resultado de persecución por motivos políticos, religiosos o de orientación sexual, tendrían acceso a la nacionalidad española.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia, bajo el gobierno de Sánchez, y en un acto que ha sido descrito por juristas como ilegal y desproporcionado, estipula, mediante una instrucción, es decir, bajo un instrumento jurídico inferior a una ley general, que la aplicabilidad no se limitaba a lo que establece la propia ley, sino que se extendía en el tiempo a un momento previo al año de 1936 y a cualquier persona que hubiese dejado España, haya sido por motivaciones políticas u otras.
Derivado de esta instrucción, los consulados generales de España alrededor del mundo, principalmente en países hispanoamericanos como Argentina y México, comenzaron a recibir cientos de miles de solicitudes de nacionalidad. Según información oficial, hoy existen alrededor de 2 millones de potenciales nuevos españoles, a la vez que se han concedido unas 500 mil nacionalidades mediante la citada ley.
El Tribunal Supremo en Madrid, en una lectura prístina de la Ley de Nietos, ha ordenado, mediante una medida cautelar, que estos nuevos españoles no queden inscritos en el padrón de votantes en el extranjero, sentando un precedente sobremanera controvertido. Por primera vez en la historia de la España democrática, un grupo de españoles no tendrían derecho a votar.
Y como corolario, algunos juristas han asegurado que la reciente medida cautelar podría derivar en la declaración de la nulidad de la adquisición de la nacionalidad española de aquellos que no hayan comprobado mediante documentos que alguno de sus abuelos salió de España por las razones que son motivo de la propia ley.
En México se estima alrededor de cien mil el número de personas que habrían presentado solicitud de adquisición de la nacionalidad a través de la Ley de Nietos, y se habrían aprobado unas 40, 000. De entre ellos, un buen número no podrá votar, a través del Consulado General o por vía postal, en las elecciones del 29 de noviembre, y podrían eventualmente, a reserva de conocer las decisiones del Tribunal, ver declarado nulo el proceso de obtención de su nacionalidad española.