La nota importante de ayer fue la compra que el gobierno de México hizo de 13 plantas de generación de energía eléctrica que poseía la compañía española en Iberdrola en nuestro país.

Hay muchos comentarios sobre ese hecho realizados por gente especializada en asuntos de negocios. Mencionaré uno de ellos, el de Enrique Quintana, director de El Financiero:

“Iberdrola cometió ‘el error’ de invitar al consejo de administración de una de sus filiales, Avangrid, que opera en Estados Unidos, al expresidente Felipe Calderón en 2016″. El señor Quintana culpa a ese “error” de la mala relación entre Iberdrola y la 4T.

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El directivo principal del diario propiedad de Manuel Arroyo llega al extremo de soltar una afirmación que no se sostiene: “El nivel de agresión —del gobierno de AMLO contra Iberdrola— llegó a un punto intolerable y la empresa española empezó a considerar la venta a la CFE”.

Quintana se va muy lejos en otro de sus juicios: “Para qué seguir en un país en el que no se respeta el Estado de derecho y en el que uno de los escenarios más probables es que repita el mismo partido otros seis años”.

Lo cierto es que no ha habido agresiones contra Iberdrola, sino que simple y sencillamente se le ha exigido frenar sus abusos.

Por cierto, los desmanes de esa empresa en perjuicio de la gente no solo los ha cometido en México, sino también en su país de origen, España. Cito algunas cuantas notas tomadas al azar de Google:

  • En 2022: “La Audiencia Nacional abre juicio oral a Iberdrola por manipular e incrementar el precio de la luz. FACUA, que ejerce la acusación particular en la causa, ha solicitado una multa de 107.5 millones de euros a la compañía y tres años de prisión para los cuatro directivos procesados”. FACUA-Consumidores en Acción —leo en su página de internet— “es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores”.
  • En 2008: “Los promotores denuncian los 100 abusos de Iberdrola. Critican la ‘indefensión’ que sufren en el sector de la distribución de la energía eléctrica”.
  • En 2007: “Competencia multa a Iberdrola con 38,7 millones por abuso de posición dominante”.
  • En 2017: “Las eléctricas reinciden en el abuso: se eleva el fraude detectado al comercializar la luz. La CNMC está a punto de incoar alrededor de una docena de expedientes contra las grandes comercializadoras después de que este año ya sancionara a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo”.

Si Iberdrola se ha ido de México ha sido porque encontró inaceptable que un gobierno intentara frenar sus abusos.

Los accionistas de Iberdrola en eso no habían quedado con anteriores presidentes, como Calderón, a quien pagaron sus favores con un puesto en el consejo de administración de una de las filiales de la empresa.

Frenar abusos no es atentar contra el Estado de derecho; no se vale salir con eso. Porque a Iberdrola no se le expropió arbitrariamente, sino se le compró, y a muy buen precio, porque sus accionistas decidieron vender.

Y han vendido porque el negocio de Iberdrola dejó de ser lo que era: el reino del atropello contra la gente para maximizar la rentabilidad.

Más allá de los análisis que se hagan acerca de si es conveniente o no para México la adquisición por unos 6 mil millones de dólares del 87 por ciento de la capacidad instalada de generación eléctrica de Iberdrola, lo cierto es que se trató de un muy normal, neoliberal y decente acto de comercio: la empresa vendió y el gobierno compró.

Insisto, Iberdrola vendió porque se acabaron los privilegios que les dio uno de sus exempleados, Felipe Calderón, quien ahora vive exiliado en España.

Calderón goza de la protección en ese país de políticos de ultraderecha como José María Aznar, quien colaboró en una empresa similar a Iberdrola, la eléctrica y gasística Endesa, donde el expresidente del gobierno español llegó a cobrar unos 200 mil euros al año por sus funciones de asesor externo.

Ya liquidado el negocio de Iberdrola en México, quizá los amigos españoles de Calderón dejarán de serlo y le quitarán la protección, que el esposo de Margarita Zavala evidentemente buscó porque anticipa la posibilidad de que Genaro García Luna habla de más en Estados Unidos y lo señale como cómplice en sus tratos con el cártel de Sinaloa.