Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, los aranceles han dejado de ser una amenaza retórica para convertirse en una estrategia sistemática de anuncios y de desgaste hacia todos sus socios comerciales, particularmente México. Nuestra economía, altamente dependiente del vecino del norte, enfrenta un nuevo ciclo de presión sin haber corregido sus vulnerabilidades internas ni planteado una alternativa estratégica o políticas públicas para el mercado interno.
Mientras Trump endurece su política exterior —con el fentanilo, la migración desordenada y el déficit comercial como banderas—, el gobierno mexicano no articula una respuesta técnica ni diplomática coherente. La narrativa oficial sigue atrapada en el “no pasa nada”, “sigamos con la cabeza fría”, “a ellos no les conviene porque los mexicanos somos muy trabajadores”, mientras se avecinan afectaciones directas en exportaciones manufactureras, tipo de cambio revaluado por un dólar inducido a la baja y no por productividad mexicana, inversión extranjera y un empleo industrial a la baja.
Justicia a modo: comienza el relevo político en los juzgados
En el frente interno, el arranque de la reforma judicial en septiembre, con el relevo masivo de personas juzgadoras, ha profundizado la incertidumbre institucional. Más que una transformación técnica del sistema de justicia, se ha instalado una visión politizada, donde lo prioritario no es resolver los rezagos ni profesionalizar a las nuevas generaciones, sino reconfigurar el poder judicial al gusto del ejecutivo.
Esta reforma ha desatado una ola de apatía, desechamiento acelerado de asuntos, parálisis operativa por cambios administrativos, y un ambiente de “sálvese quien pueda”. Todo esto se da en medio de vacaciones, paros intermitentes y una prisa institucional por cerrar expedientes sin estudiar a fondo sus efectos, lo cual desincentiva gravemente la inversión, encarece los litigios y mina la confianza jurídica en el país. Así tenemos miles de asuntos en materia familiar, civil y mercantil con sentencia sin ejecutar. No hay métricas de gestión y solo se está a la expectativa de lo que vendrá con estos cambios impuestos por el oficialismo como una gran solución a la corrupción judicial y los excesos en su versión de propaganda.
Gasto opaco y planes sin tracción económica
Las promesas de desarrollo siguen girando en torno a proyectos del sexenio pasado que aún no se consolidan, como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA, y se suman nuevas ocurrencias bajo el rótulo de “polos de bienestar” o trenes del bienestar, sin diagnóstico ni presupuesto transparente. El gasto público crece, pero sin control de resultados ni evaluación social.
En contraste, decisiones estructurales como el decreto para fusionar IMSS-Bienestar con el IMSS ordinario pasan sin debate, sin explicar sus consecuencias financieras ni su impacto en el sistema de salud laboral y patronal. El universo patronal sigue reducido: apenas 1.3 millones de registros en el IMSS, de los cuales el 95% son MIPYMES, que sostienen más del 80% del empleo formal registrado. Una cifra que, lejos de crecer, se estanca o decrece. La informalidad laboral supera ya el 55% de la población económicamente activa (PEA).
Sistema financiero: supervisión deficiente, señales de riesgo
El sector financiero mexicano enfrenta su propia tormenta. Los casos acumulados de Famsa, Ficrea, CAME, Crédito Real, Unifin y Accendo nunca se resolvieron con transparencia. Ahora, las señales de alerta se encienden con CiBanco, Intercam y Vector, donde la reacción de la autoridad ha sido lenta, evasiva y sin estrategia de contención visible, eso sí con autoelogios porque se dio más plazo y no tocando temas como el fiduciario y otros como podrían ser Afores o fondos de inversión que podrían generar mayor riesgo sistémico.
Esta falta de capacidad para anticipar y gestionar crisis debilita la estructura del financiamiento empresarial, restringe el crédito, incrementa las tasas para sectores productivos no privilegiados y desalienta la inversión institucional. Peor aún: el riesgo sistémico es negado en público mientras se gestiona en privado, a puerta cerrada.
Conclusión: crecimiento en cámara lenta, informalidad en expansión
México vive una fase de desconfianza extendida, donde los sectores productivos detectan un entorno de alto riesgo político, legal y financiero. El trumpismo con su carga arancelaria, una justicia local en proceso de captura política, un gasto público opaco y un sistema financiero mal supervisado, conforman un coctel que frena decisiones de inversión y profundiza la precariedad laboral.
Los indicadores macroeconómicos ya lo reflejan:- PIB estancado (promedio menor al 1% en el sexenio).- Tipo de cambio volátil ante cualquier señal internacional y dónde factores como el dólar y el Bitcoin pueden ser elementos ya a considerar.- Mercado accionario rezagado frente a economías comparables.- Inversión privada débil y concentrada en sectores ligados al gobierno.- Empleo formal estancado, informalidad creciente.
México no necesita más programas asistenciales ni propaganda, ni chocolate del bienestar. Requiere instituciones sólidas, justicia imparcial, supervisión técnica y visión de largo plazo. De lo contrario, seguirá siendo el país de las oportunidades pospuestas.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO
Banquero a nivel directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx