Durante años, hablar de medio ambiente en Nuevo León era casi un sinónimo de evasivas y buenas intenciones que nunca pasaron del papel. Se hablaba de calidad del aire mientras los índices de contaminación rompían récords. Se prometía protección a los animales mientras los casos de maltrato crecían. Y ante un mundo con tiempos tan complicados como los que ahora discurren, es fundamental detenernos a observar más allá de los tabloides que está ocurriendo en el Estado en materia de medio ambiente.
Afortunadamente, todo ese guión descrito previamente está cambiando, se está transformando, y donde había impunidad, hoy hay sanciones ejemplares. Ahí están los datos, acciones y políticas públicas concretas que nos demuestran que la voluntad política puede traducirse en resultados verdaderamente tangibles, aún en medio de la crítica y la tribulación, pero también de la escucha y la integración de la ciudadanía.
Comencemos con lo más evidente, sin omitir la creación de la primera Secretaría de Medio Ambiente. La creación de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) a inicios de marzo de 2025, en la que por primera vez se construye un espacio de coordinación entre municipios para atacar de raíz la contaminación, buscando reducir las emisiones vehiculares y sancionar la quema de basura. Es decir, acciones frente a contingencias atmosféricas que en otros tiempos paralizaban la ciudad sin respuesta oficial, aunque curiosamente sin tanto señalamiento por parte de la prensa.
También resulta grato observar que se ha consolidado una División Ambiental, que se traduce en un esfuerzo inédito que logra articular a Fuerza Civil, Parques y Vida Silvestre, Protección Civil, la Procuraduría del Medio Ambiente e inclusive al Instituto de Movilidad y Accesibilidad. Y no se trata sólo de nuevas oficinas, o spots para la toma de fotografía oficial, sino de más de 100 vehículos y casi 500 elementos especializados en vigilar, atender denuncias y reforzar la política ambiental en campo. Grato que por primera vez, la defensa de nuestro entorno natural deje de ser un asunto burocrático y se convierta en un verdadero tema de interés y seguridad pública.
El Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire presentado por la actual administración ha incorporado a 230 empresas, de las cuales 23 se han comprometido a invertir más de 19 mil millones de pesos en proyectos de reducción de sus emisiones atmosféricas en la próxima década. Y esto no es por mucho un asunto menor. Implica responsabilidad empresarial y un Gobierno que deja en claro que aquí la sostenibilidad es obligatoria, y no opcional o discrecional como en otros tiempos.
Por supuesto que hay otros males, o problemáticas, que aquejan principalmente a la zona metropolitana, la Refinería de Cadereyta es uno de ellos, —un foco constante de contaminación y desconfianza social—. Sin embargo, luego de tantos sexenios de omisión hoy los ciudadanos podemos apreciar las acciones concretas, como la colocación de un sistema de medición continua y cámaras de vigilancia, además de los 252 recorridos de inspección y las cuatro visitas formales para documentar emisiones en los momentos críticos, en los que como usted sabrá la prensa sensacionalista busca incriminar y desinformar.
Otra situación similar sucede con el fenómeno de las pedreras, donde de 398 denuncias de contaminación recibidas, se realizaron 398 inspecciones, resultando en 213 sanciones y 174 suspensiones. Los números no mienten, y siempre es grato observar que en un tema tan delicado y competente para todos, hoy haya mano firme donde antes sólo reinaba el desinterés y la impunidad.
Por otro lado, en materia de bienestar animal, esta administración ha dado pasos sólidos, pues de octubre de 2021 a junio de 2025 se recibieron 11,774 reportes de maltrato animal, de los cuales 5,883 se tradujeron en denuncias formales. Más de 1,700 animales fueron resguardados. Todo esto sumado a que en agosto de este año abrirá el nuevo Centro Estatal de Atención Animal, con una capacidad para más de 100 animales y un espacio rehabilitado de más de 7 mil metros cuadrados.
Finalmente, el proyecto Bosques Ciudadanos reporta un avance del 82% en la plantación de un millón de árboles durante el sexenio. No es un dato menor: son pulmones urbanos que se traducirán en mejor calidad de vida para la ciudadanía.
Por primera vez en mucho tiempo, Nuevo León está construyendo un modelo ambiental que va más allá del discurso. Con coordinación institucional, inversión, vigilancia real y participación ciudadana. Se está demostrando que proteger el entorno no es un lujo, sino una obligación compartida entre sociedad, iniciativa privada y Gobierno.