No debiera sorprender que los empresarios más poderosos participen de la idea de llevarla bien y en paz con el presidente López Obrador. Es igual que antes, desde Carlos Salinas de Gortari; los grades empresarios en lo individual y en lo gremial se han sometido al gobierno en turno. La retórica antiliberal y la inclinación burocrática lopezobradorista no ha impedido el colaboracionismo de la cúpula empresarial. Las excepciones han sido singulares y sin posibilidad de articular una postura independiente del poder, no se diga crítica.

Hay miedo y ha sido exitoso en imponerlo. A través del responsable de la UIF en un reporte público, tan ilegal como equívoco, Santiago Nieto documentó la participación del Consejo Coordinador Empresarial en el financiamiento y promoción del documental sobre el populismo dentro del marco de la campaña presidencial de 2018. Nieto abusó de la confianza presidencial y aprovechó para inventar responsables que nada tenían que ver con el documental, pero que habían tenido una postura crítica cuando fue defenestrado de FEPADE. El titular de la UIF incurrió en responsabilidad penal al divulgar operaciones financieras protegidas por el secreto bancario, además de violentar la presunción de inocencia y la protección a datos personales.

Se bloquearon cuentas de importantes empresarios y sus intermediarios. También de quienes nada tenían que ver en el asunto, pero sí en los “pendientes” del titular de la UIF. Varios fueron extorsionados a través de lo que ya era práctica desde el gobierno de Peña Nieto. Abogados que intermediaban entre las autoridades y los afectados con honorarios desproporcionados simplemente para lograr el desbloqueo de cuentas, un tema a documentar por la FGR.

La realidad es que los empresarios entendieron que ingresaban a una nueva etapa en la relación con el presidente de la República. Bajo tales circunstancias es difícil pensar en algún empresario dispuesto a desafiar ese poder. Más aún, la mañanera se volvió recurso eficaz para intimidar a cualquier crítico o persona con postura independiente, sea empresa, gobernador, expresidente, editorialista o líder social. El mandatario ha recriminado reiteradamente a periodistas, opositores, críticos o conductores de medios; nunca a un líder de organización criminal.

Los empresarios viven en lo anecdótico. Sus encuentros con el presidente han sido ocasión no para el acuerdo y el entendimiento, sino para ratificar el sometimiento. Se entiende que los grandes empresarios requieren del favor oficial. No así del conjunto de la clase empresarial, alienados como nunca de la forma de gobernar y de las políticas presidenciales. Incluso en el tema de la política social no han podido alzar la voz para cuestionar el asistencialismo que la inspira. Tratándose de decisiones inaceptables como la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco o la iniciativa de reforma eléctrica presentan una postura esencialmente testimonial y no de razonada y eficaz oposición o de contención al abuso.

López Obrador tiene razón en la complicidad, connivencia o contubernio entre los grandes empresarios y el poder público. También en aquello de que los presidentes actuaban en función del interés de los hombres de dinero, particularmente en el gobierno que le antecedió. Ahora ocurre exactamente igual. La llamada mafia del poder persiste en el privilegio. El cambio es que ahora ellos están más al servicio del presidente que éste de aquellos. México sumido en la pobreza y con un creciente número de pobres. ¿Se puede decir lo mismo de los hombres más ricos?

El dinero de los grandes intereses no tiene patria, principios ni partido. En el vértigo del ejercicio del poder y las complejidades de su ejercicio han hecho a López Obrador ignorarlo. Una paradoja, el gobierno que dice actuar para los pobres, beneficiario de la oligarquía.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto