La propuesta de Reforma Eléctrica presentada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados refleja de cuerpo entero a nuestro presidente. Se trata de un personaje anclado en el pasado que piensa que las recetas económicas previas al neoliberalismo de los años ochenta serán capaces de resolver los problemas del siglo XXI. Se equivoca.

Quizá AMLO ha interpretado mal a economistas modernos como Thomas Piketty, Paul Krugman o Anthony Atkinson. Estos especialistas en materia fiscal y en combate contra la pobreza y la desigualdad se han expresado abiertamente en contra de las consecuencias del modelo neoliberal. Sin embargo, no plantean, bajo ninguna circunstancia, la vuelta al modelo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Me explico. AMLO entiende terminar con el neoliberalismo. Es un error. Este modelo económico no requiere ser reemplazado (y mucho menos por uno del pasado) sino reformado para que el Estado intervenga no como motor de la economía –como lo interpreta AMLO-, sino como instrumento para resolver las imperfecciones del mercado.

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Si bien un alto nivel de inversión pública es fundamental para el desarrollo económico, ésta debe ir dirigida hacia prioridades como la educación, salud y proyectos viables de infraestructura, la participación privada es indispensable para apoyar las labores del Estado.

En nuestro contexto, México no necesita que el Estado desplace a los inversión privada en materia eléctrica, sino que las leyes establezcan mecanismos de producción y distribución de la energía que permita una disminución de los precios y así se favorezca al usuario final. AMLO busca, en cambio, que un organismo público encabezado por un funcionario como Manuel Bartlett, se convierta en árbitro indiscutible y quien decida cómo debe funcionar la industria.

El neoliberalismo de hoy sí que necesita una reforma; pero una reforma cuyos principios estén basados en la evidencia empírica del siglo XXI y donde el Estado no se superponga a la inversión privada ni que desincentive su participación, sino que intervenga para que el interés general la nación no quede merced de un puñado de intereses particulares. No se necesitan agencias todopoderosas reguladoras de la industria (como lo que se busca hacer de la CFE) sino leyes bien planteadas que establezcan las reglas del juego, y que a la vez, sean atractivas para la inversión privada.

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En suma, AMLO, quien vive en el siglo XXI, pero continúa anclado en otros tiempos, no entiende los desafíos del neoliberalismo, sino que lo interpreta a la luz de principios desfasados del siglo pasado. México -y el mundo- exige una nueva interpretación del neoliberalismo, en la cual el Estado, a través de sus leyes y sus agencias regulatorias, facilite un sano desarrollo de las industrias, incentivando a la vez la participación privada. Sí que se requiere un mayor nivel de inversión pública, pero en áreas estratégicas y no así en proyectos inviables que contravienen a la ciencia y a los consensos internacionales.

José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4