En su intento por convertirse en autoridad moral sobre el problema de las desapariciones en Jalisco, la Universidad de Guadalajara ha abierto, sin quererlo, una pregunta que incomoda a su propia comunidad: ¿qué está haciendo la UdeG para proteger a sus estudiantes?
En días recientes, la universidad presentó un informe que advierte un alza en las desapariciones de personas entre los 15 y los 19 años. El documento, sin embargo, no se basa en carpetas de investigación oficiales, sino en cédulas de búsqueda, registros que pueden duplicarse, cancelarse o no derivar en un proceso formal. La metodología ha sido cuestionada por especialistas y autoridades, pero el verdadero problema va más allá de un debate técnico.
El verdadero problema es que muchas de esas desapariciones involucran a jóvenes que forman parte de la comunidad universitaria. La propia UdeG lo reconoció en un informe reciente: son sus estudiantes los que están desapareciendo. No lo dijo el gobierno, no lo sugirió ningún actor externo. Lo dice un informe redactado por ellos mismos.
Ahí es donde la narrativa se rompe. ¿Cómo puede una institución exigir rendición de cuentas cuando no ha asumido la suya? ¿Cómo puede pedir mayor presupuesto si no ha destinado recursos, acciones o protocolos efectivos para cuidar a los suyos?
Mientras el Gobierno del Estado ha creado una Secretaría especializada en búsqueda de personas, ha desplegado operativos en 66 terminales, ha canalizado apoyos directos a más de 500 familias y ha sostenido reuniones constantes con colectivos, la universidad más grande del estado ha optado por convertir el dolor en discurso político. ¿Cuántos recursos ha destinado la UdeG a fortalecer la seguridad en sus preparatorias? ¿Qué acciones ha emprendido para garantizar entornos seguros en sus planteles? La respuesta es el silencio.
Más allá de los informes y las conferencias, hay una realidad que duele: los jóvenes desaparecen y muchos de ellos son estudiantes que cruzaron una puerta de entrada sin saber si volverían. Si hay un espacio donde deberían sentirse protegidos es la universidad. Y si hay una institución que debería responder con responsabilidad, es la que se define a sí misma como pública, crítica y comprometida con la sociedad.
Pero hoy, la UdeG no está cumpliendo esa misión. En lugar de asumir su parte, prefiere señalar hacia fuera. En lugar de revisar sus fallas, prefiere buscar culpables. En lugar de actuar, prefiere acusar.
La crisis no está solo en las cifras. Está en una institución que ha preferido convertir el drama humano en un argumento político. Y al hacerlo, ha demostrado que el mayor vacío no está en las estadísticas, sino en la coherencia.