La tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ya sea que la haya escrito o no pero que hace suya, tiene un eje central de análisis que llama mucho la atención en su construcción conceptual del derecho del trabajo, una visión patronal que ha formado desde que era estudiante de licenciatura, pues el título y texto de su tesis busca probar que los trabajadores de confianza del Estado no pueden sindicalizarse, es decir, les niega un derecho de organización colectiva a estos trabajadores, el cual ha sido materia de tratados internacionales firmados por México y del espíritu del derecho laboral en nuestro país.

No es un tema menor la formación patronal de un juzgador, pues la ministra Yasmín Esquivel se encuentra adscrita a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde se ventilan los asuntos laborales que generan criterios para todos los trabajadores del país.

En su papel de juzgadora del máximo órgano de justicia de la nación ha impregnado esta veta patronal en sus resoluciones, en especial en una de la cual fue ponente, es decir, que ella propuso, y ha tenido consecuencias nefastas para cientos de miles de trabajadores, me refiero a la jurisprudencia 10/2021, la verdadera tesis de la ministra que nos preocupa, por la que realmente pasará a la historia negra del derecho laboral.

En esta tesis de jurisprudencia citada, la ministra propuso modificar la jurisprudencia 1/96, que había sido materia de una larga lucha jurídica ante los tribunales en la época de los 90´s, para lograr que los trabajadores de los organismos descentralizados se considerarán como trabajadores del apartado A del artículo 123 Constitucional. Nos estamos refiriendo a los trabajadores de todos los centros de investigación de Conacyt (son decenas), del Servicio Postal Mexicano, entre muchos otros. La razón de la lucha que se llevó hace décadas, en la que participé asesorando investigadores de centros de Conacyt, era que como académicos se les consideraba de trabajadores de confianza del estado, así que cuando tenían un problema laboral con su jefe o director, eran despedidos sin derecho a ser reinstalados; estamos hablando de investigadores del más alto nivel académico el país, en su mayoría con estancias de investigación en las mejores universidades del mundo, que aportan conocimiento a la investigación de México, que lo mínimo que debían tener era apoyo y respeto en sus derechos como trabajadores.

Se logró la jurisprudencia 1/96 y con ello un cambio radical en la vida laboral y sindical de los organismos descentralizados, pues pudieron constituir sindicatos, luchas por sus derechos y mejorar sus condiciones como trabajadores, hasta que llegó la ministra Yasmín Esquivel y propuso cambiar esta realidad, por lo que ahora se deja de aplicar estos criterios de protección por los que tanto se luchó.

Una primera muestra del alcance destructivo de la jurisprudencia 10/2021 que propuso la ministra Esquivel, lo vemos en el emplazamiento a huelga de la universidad metropolitana, la UAM, pues un juez de distrito le está negando el derecho de emplazamiento a huelga por revisión al sindicato, utilizando como base este criterio, es decir, que están tratando de impregnar el derecho colectivo de las universidades (de forma ilegal porque es un derecho constitucional), con la visión patronal que adoptó la Corte a instancia de la ministra. Estemos pendientes, pues son millones los trabajadores y sus derechos los que están implicados.

La verdad celebro que se abra a la discusión de la realidad de los ministros de la Suprema Corte, que la sociedad analice sobre quienes están al frente resolviendo nuestros derechos humanos, que los juzguemos, los señalemos si son de ultraderecha, conservadores, progresistas, que les levantemos la toga y los veamos en su humanidad concreta, como pasa en otros países. Por lo pronto acuso que tenemos una ministra que desde estudiante tenía una visión patronal, que está decidiendo sobre el destino de millones de trabajadores y sus familias, y que ya está generando consecuencias con sus decisiones.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM.