AMLO ha dado prioridad a las Fuerzas Armadas, pero no en términos del enriquecimiento de su prestigio como salvaguardas de la soberanía nacional, sino como actores activos de la vida pública; un trabajo iniciado por Felipe Calderón que ha sido continuado por sus sucesores.
Prueba de ello han sido las crecientes responsabilidades que han sido otorgadas al Ejército, tales como la construcción del AIFA y otros proyectos de infraestructura pública. Estos proyectos se han traducido en un aumento considerable de los presupuestos asignados a la Sedena. De acuerdo con el proyecto 2024, esta secretaría será la tercera con más recursos, superada únicamente por Bienestar y la Secretaría de Educación Pública.
Este empoderamiento de los militares ha suscitado severas críticas por parte de la mayoría de los intelectuales del país, quienes han desde antaño levantado la voz, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, para denunciar los abusos cometido por algunos soldados. En este contexto, no es sorpresa para ningún mexicano que a lo largo de los años han sido bien documentadas las violaciones a los derechos humanos perpetrados por militares, lo que ha provocado la cólera y el desprestigio de México en el mundo.
Algunos analistas han ido más lejos asegurando que AMLO, en tanto que cabeza del poder civil, y a la vez, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ha entregado las responsabilidades que emanan del poder civil a un grupo de militares que continúan provocando desconfianza en un buen número de ciudadanos.
En esta misma tesitura, especialmente tras la intentona de AMLO de hacer traspasar la dirección de la Guardia Nacional a la Sedena, intelectuales liberales acusaron en su momento al presidente de pretender utilizar a las Fuerzas Armadas ante cualquier controversia electoral provocada por resultados que pudiesen no satisfacer al jefe del Estado. Me refiero, en particular, al hipotético evento de que el candidato de Morena pudiese perder los comicios de 2024 con un margen estrecho. Todo queda, hasta el momento, en el mundo de la especulación.
En todo caso, lo que sí apunta hacia una realidad es que la próxima presidente, sea Claudia o Xóchitl, tendrá la titánica responsabilidad de construir una nueva relación con las Fuerzas Armadas. Esta relación deberá descansar en el respeto a la legalidad constitucional y al reconocimiento legal del presidente como Jefe Supremo.
Sin embargo, este nuevo entendimiento deberá estar revestido de la idea de que las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental para la protección de la soberanía nacional, pero a la vez, que sus funciones deben ceñirse a cierto espacio de la vida pública, quedando excluidas de responsabilidades que competen a las autoridades civiles.