La tesis que defiendo aquí es nítida: a mayor transparencia de los actos, decisiones y dinámicas políticas entre gobiernos y entre estos y los particulares, entonces más pública es la vida pública –según bien reitera el presidente López Obrador– y de mejor calidad será la democracia en todos sus ámbitos: electoral, económico, social o cultural y hasta propiamente comunicacional.

Si bien aquella premisa y conclusión lucen obvias, es relevante hacer notar que en las condiciones contemporáneas, en las que los medios de información y las redes sociales juegan un papel central en la transparencia, incluida la de los propios medios y redes, la comunicación gubernamental es igualmente clave.

Es parte, según lo apunta el famoso jurista italiano, Luigi Ferrajoli, de la “división y el equilibrio real de poderes

De allí que “La Mañanera”, en tanto espacio de comunicación entre gobierno, medios y sociedad, haya cobrado la trascendencia que mantiene.

Hasta donde se sabe, no hay un ejercicio así de comunicación de gobierno en el planeta y mucho menos bajo la conducción directa del titular del poder ejecutivo o su equivalente.

Al mismo tiempo, el contexto nacional se distingue por el poderío de los medios de comunicación, sus concesionarios y operadores, los cuales, antes y durante la transición democrática pluralista sostuvieron e incrementaron su influencia económica, política, social y cultural, al grado de condicionar fuertemente a los presidentes en turno, quienes llegaron al punto de ser o parecer débiles ante aquellos.

De hecho, puede afirmarse que en muy pocos paises de América Latina un poder mediático tan concentrado ha sido capaz de apoyar o retar al titular del poder ejecutivo o a la presidencia de la república.

Así es que “La Mañanera” es un espacio estratégico de comunicación política y social que vino a balancear las dinámicas e interacciones de la información, el manejo de la agenda mediática y las percepciones públicas.

A ella se debe en buena medida el posicionamiento y credibilidad de que goza el presidente López Obrador y su irradiación que beneficia a la candidatura presidencial de Morena.

Dicho eso, es pertinente mirar al futuro, al próximo período sexenal de gobierno, a efecto de esperar que “La Mañanera” perdure, e incluso se legalice o se prevea mínimamente desde la Constitución a través de principios jurídicos de la comunicación política que hallen desarrollo legal.

Su relevancia y trascendencia es tal, vista desde el mercado mediático, político y social, que justifica su institucionalización para reforzar la garantía de la integridad, la anticorrupción, la transparencia y el acceso a la información pública. En cuatro palabras: la rendición de cuentas.

Más aún, ello servirá para afianzar la garantía de acceso a la verdad sobre lo que realmente ocurre en las relaciones y actos políticos y de gobierno en el nivel de la decisión ejecutiva y de los poderes y órganos públicos y los principales actores sociales. Algo como lo que está sucediendo ante nuestros ojos con la tensión entre presidencia y Salinas Pliego.

Si se diera ese paso, entonces un órgano como el INAI podría reajustarse para cumplir de mejor manera con su papel, incluso podría jugar de interlocutor en el referido ejercicio de comunicación, digamos, de cara a la nación, junto con otros organismos, por ejemplo, la Auditoría Superior o la Unidad de Inteligencia Financiera.

En el marco de sus competencias constitucionales, los órganos autónomos no pueden girar en una órbita propia sin interactuar con los poderes y actores implicados en la trama jurídico política, y por supuesto que tampoco y, en particular, con el centro del sistema, en nuestro caso la presidencia de la república y el Poder Ejecutivo Federal.

Constitucionalizar o legalizar “La Mañanera” significaría un paso progresista para cualificar la democracia mexicana a través de la máxima publicidad y el mínimo secreto.

A partir de allí, toda la operación de la transparencia y el acceso a la información pública cobraría más eficacia en beneficio de la integridad, la verdad y la democracia.

Simple y sencillamente, el pueblo, la sociedad o la ciudadanía tenemos derecho, en serio, a saber sobre los actos y decisiones políticas y de gobierno entre poderes formales y reales, y no únicamente sobre su administración.