El general secretario Luis Cresencio Sandoval decidió hace unos días cancelar la reunión que tenía prevista con miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ocasión tenía el objetivo de que el titular de la Sedena informase sobre el hackeo perpetrado por Guacamaya contra los servidores del Ejército mexicano.

La actitud del general Sandoval refleja por sí misma el estado de las cosas en México en relación con el tratamiento que se da a las Fuerzas Armadas. A lo largo de la historia reciente de nuestro país, los militares (y con ello me refiero a los soldados que se encuentran en lo más alto del escalafón) han quedado exentos de las obligaciones exigidas por la ley y que debería corresponder a cualquier funcionario mexicano cuyo cumplimiento de responsabilidades está ligado al ejercicio del presupuesto público salido de los bolsillos de los contribuyentes.

Pero, como si se tratase de una exención que corresponde a otra naturaleza, los altos mandos de las Fuerzas Armados han omitido el cumplimiento. Ello ha respondido, entre otros factores, al tratamiento que el propio civil le ha conferido. Quizá temeroso de una actitud hostil por parte del Ejército (lo que podría conducir, en el más dramático de los escenarios, a un intento de golpe de Estado) los sucesivos presidentes han desestimado cualquier exigencia de rendición de cuentas a los militares.

Si bien es verdad que no se trata de un problema creado por AMLO o Calderón, el asunto yace en el conflicto exacerbado por el empoderamiento de las propias Fuerzas Armadas. Si bien antes también debía rendir cuentas a los mexicanos, tras el empleo de los soldados en asuntos de seguridad interna, mayores recursos públicos han sido destinados y operados por la Sedena, lo que recrudece la necesidad de que los soldados se comporten como verdaderos servidores públicos.

El problema ha sido agravado por las políticas de AMLO. Con la asignación de responsabilidades como la construcción del AIFA y la prolongación de su presencia en tareas civiles, se ha fortalecido la exigencia de que informen a los ciudadanos sobre su actuar. Y recientemente, aun más, con la salida a la luz de escándalos de corrupción, conflicto de interés y actitudes inmorales por parte de los soldados, Luis Cresencio Sandoval debe someterse, sin demoras, al escrutinio de los organismos fiscalizadores del Estado mexicano.

En conclusión, ha sido el propio poder civil quien ha fomentado, a lo largo de las décadas, que las Fuerzas Armadas se conduzcan en las penumbras en términos de rendición de cuentas. Ello atenta abiertamente contra nuestros valores democráticos, y desde luego, promueve la desconfianza de los mexicanos en los soldados.