El pasado miércoles trascendió que la Fiscalía General de la República confirmó que Ricardo Anaya había recibido 6 millones ochocientos mil pesos para que el otrora diputado votase en favor de la Reforma Energética; todo ello en medio del escándalo provocado por las supuestas acusaciones en contra del panista.

¿Dónde ha quedado la autonomía de la Fiscalía General de la República? ¿Algún lector puede creer que en verdad esta institución está ejerciendo su libertad constitucional con respecto al presidente de la República? ¿Alguien puede creerle al presidente AMLO que no tiene nada que ver con el caso Anaya ni con la decisión de la FGR de encausarle penalmente? ¿Algún mexicano puede pensar que el presidente más autoritario de la historia reciente se ha hecho a un lado frente a un suceso político de tal envergadura? Poco probable.

Estos sucesos demuestran la desafortunada debilidad de las instituciones del Estado, y sobre todo, la ausencia de fortaleza de la letra constitucional.

Recuerdo, en este contexto, la acusación lanzada contra Hillary Clinton por el candidato Donald Trump en pleno debate presidencial en Estados Unidos, en el momento en que el anaranjado amenazó a Clinton de enviarla a prisión si algún día el republicano alcanzaba la presidencia.

La amenaza como propaganda política

Trump ganó en 2016, y sin embargo, el presidente estadounidense no inició ningún proceso contra su ex enemiga política. ¿Habrá derivado de la falta de voluntad de Trump o de la solidez institucional del Departamento de Justicia para resistir los atisbos autoritarios del presidente? Lo desconocemos.

Lo que sí que es una realidad es que México, a diferencia de los Estados Unidos, adolece de una profunda debilidad institucional que lo hace vulnerable ante cualquier acción que nazca de un fortísimo presidente quien no ha cejado en su empeño, desde que llegó a Palacio Nacional, en concentrar el poder del Estado en su persona, en detrimento del equilibrio de poderes y en contravención del espíritu de nuestra Constitución.