Por más que se anuncien transformaciones desde el poder, la justicia mexiquense da señales de estar anclada en el pasado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), bajo el mando de José Luis Cervantes Martínez, opera como si viviera aún en los años autoritarios del priismo más rancio. En 2025, los métodos recuerdan a los de Gustavo Díaz Ordaz, cuando la ley se utilizaba como “garrote político”.
El fiscal mexiquense ha emprendido acciones contra organizaciones sociales históricas como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que por casi cuatro décadas ha acompañado las causas de las comunidades más vulnerables. Su único “delito” parece haber sido convocar a una manifestación frente a la sede de la FGJEM el próximo 26 de mayo.
La criminalización de esta organización no es casual. Al parecer, se trata de una vendetta personal del fiscal, hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la defensa nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. La estructura institucional no se mueve por los principios de la legalidad, sino por los impulsos de un funcionario que actúa como si el tiempo no hubiera pasado.
Este tipo de decisiones reviven prácticas del viejo régimen priista, donde cualquier disidencia se convertía en sospecha, y cualquier protesta, en crimen. Si en algún momento se creyó que la Cuarta Transformación erradicaría esas inercias, el caso mexiquense demuestra que el poder local puede actuar con la misma dureza de antaño.
Mientras la Fiscalía enfila sus recursos contra líderes sociales, los verdaderos grupos criminales controlan zonas enteras del Estado de México sin mayores obstáculos. Se han adueñado del espacio público disfrazados de sindicatos o asociaciones vecinales, y extorsionan, cobran derecho de piso y amenazan a familias sin que se les toque.
No es posible entender cómo una institución como la FGJEM invierte su tiempo en perseguir a la UPREZ, en lugar de contener el avance del crimen. La diferencia entre ambos no debería requerir demasiada reflexión: unos protestan por escuelas, vivienda o empleo; otros asesinan, secuestran y se enriquecen al margen de la ley.
En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los representantes de la UPREZ piden que se ponga freno al fiscal. Advierten que de no hacerlo, el Estado de México podría inaugurar una etapa de presos políticos, en abierta contradicción con los postulados del gobierno federal y del régimen actual.
Los hechos recientes muestran que las viejas estructuras de poder no han sido desmanteladas del todo. Aunque el Grupo Atlacomulco ya no controla las instituciones mexiquenses, el aparato de represión sobrevivió a los relevos partidarios. El estilo autoritario se ha camuflado, pero no ha sido erradicado.
El respeto a los derechos humanos pasa por garantizar que las organizaciones sociales puedan manifestarse sin miedo. Criminalizar la protesta no solo viola derechos fundamentales, sino que debilita la democracia local. Si se persigue a quienes piden agua, salud o educación, ¿qué se puede esperar para los demás sectores de la sociedad?
Punto Cero
A pesar de los llamados de autoridades del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, las descargas de aguas negras continúan. Municipios mexiquenses como Naucalpan, Xonacatlán, Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza envían -aún- corrientes contaminadas a dicha presa. Así, los niveles de toxicidad incrementan de manera alarmante en este importante cuerpo de agua del Valle de México en contra de la población. Por esto, es importante que la gobernadora Delfina Gómez atienda el tema con urgencia.
X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017