El fin de semana pasado fue marcado nuevamente por la violencia. Unas balaceras, desatadas por el crimen organizado, sacudieron nuevamente su ciudad favorita: Ciudad Juárez. En ellas, resultaron 11 muertos, 12 heridos y 10 detenidos. Según la información brindada por la Fiscalía General de Chihuahua, los actos fueron consecuencias de las acciones de los grupos Los Mexicles y Los Chapos. Por primera vez (o al menos una de las primeras) se reportaron ataques a la población civil. Así fue confirmado por el propio AMLO el viernes. También se registraron actos violentos en los estados de Baja California, Zacatecas y Guanajuato.
Horas después el gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en México, emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajen a México, en medio de las noticias internacionales de las cuales nuestro país ha sido protagonista.
Estos sucesos violentos han puesto nuevamente de manifiesto el estado de ingobernabilidad que impera en el país. Y no debemos escatimar palabras para decirlo claramente: ¡El crimen organizado reina en México! Las células del narco han penetrado en lo más profundo de nuestras sociedades, han corrompido funcionarios, han destruido el tejido social, han delinquido y han asesinado a familias relacionadas directamente -o no- con el tráfico de drogas.
El problema de la violencia supera, desafortunadamente, colores o siglas de partido. Mientras algunos han optado por el enfrentamiento y por una estrategia de aniquilación, como fue el caso de Felipe Calderón, otros se han decantado por una tregua y apaciguamiento. Así como no funcionó la política de la guerra abierta durante el periodo calderonista, el liberar personajes a Ovidio Gómez tampoco ha dado los resultados esperados.
Mientras la “izquierda” mexicana acusa a Felipe Calderón de haber iniciado el baño de sangre, la oposición recrimina a AMLO haber “cedido las plazas públicas” a los capos del narcotráfico. Sin embargo, según podemos anticipar, el presidente mexicano busca involucrar a las Fuerzas Armadas en labores que corresponden a las autoridades civiles, lo que representa un paso de regresión hacia la estrategia implementada por Calderón.
La crisis de la inseguridad que azota a México no será resuelta con discursos, y menos aun con los partidos de oposición utilizando la tragedia para ganar terreno político. Ha llegado el momento de que la clase política mexicana, dejando a un lado momentáneamente sus intereses inmediatos, reconozca que la inseguridad es una problemática estructural que supera a los políticos y a los partidos.