Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido recientemente acusada de plagiar su tesis de licenciatura de 1987. La declaración ha venido de Guillermo Sheridan, investigador del Centro de Estudios Literarios de la UNAM. Según ha trascendido, la tesis de la ministra habría sida copia de otra que fue presentada el año anterior por un postulante para la obtención de la licenciatura en Derecho.

La ministra, por su parte, se ha defendido legítimamente aludiendo a una supuesta falsedad. Veremos, dentro de los próximos días, la conclusión de la polémica. Sin embargo, el tema tiene relevancia pública por tres razones. En primer lugar, porque se trata de un miembro del máximo tribunal judicial del país, institución responsable, si se quiere, de imponer un canon de honestidad y de cumplimiento de las leyes; porque se trata de una mujer que será probablemente la presidenta de la Corte (la votación tendrá lugar el próximo 2 de enero) y porque el plagio – si se comprueba- pinta de cuerpo entero la ausencia de valores y un desprecio hacia la ética intelectual en México.

El diario español El País, en su artículo de ayer, informó, tras la aparición de la investigación hecha por Latinus, que “ha comprobado que las dos tesis tienen exactamente el mismo índice, los mismos párrafos de planteamiento del problema, así como las mismas gráficas. En todos los capítulos revisados por este periódico los dos textos son idénticos. Se identifican hasta los mismos errores gramaticales repetidos…”

Como he señalado, el plagio de tesis profesionales no es un fenómeno nuevo en México, sino que ha sido una problemática recurrente, especialmente exacerbada tras el desarrollo de nuevas tecnologías digitales como el internet y los buscadores.

Si bien la responsabilidad de velar por la honestidad intelectual recae en un primer momento sobre las instituciones de educación superior, el Estado mexicano tiene la obligación de educar, desde los primeros niveles, a los jóvenes mexicanos con el propósito de concientizarles en torno al respeto a las normas y a la originalidad de las ideas de otros autores.

La ministra Esquivel tendrá el deber, pues, de aclarar esta polémica. Sus responsabilidades como intérprete de la ley y como última instancia para la resolución de controversias constitucionales, sumado al hecho de que es candidata para la presidencia de la Corte, le obligan a rendir cuentas a los mexicanos sobre sus estándares éticos, y aun más, como ejemplo para todos los jóvenes estudiantes de Derecho que aspiran a ser algún día miembros de la Suprema Corte de Justicia.