En realidad el caso de la eventual corrupción del ex presidente Enrique Peña Nieto sobre el software espía Pegasus viene de atrás, desde el gobierno de la dupla mafiosa de García Luna-FECAL, sólo que en este último caso se concentraron todas las culpabilidades en García Luna y hasta hoy, FECAL ha capoteado el temporal, sin ninguna imputación directa o una carpeta judicial completamente integrada, los panistas esperan que ello se dé en cualquier momento y Marco Cortés ha reiterado que desconocen la gestión criminal de FECAL como una gestión de filiación panista. Saben lo que puede venirse.
Efectivamente, tanto Fox, FECAL y EPN protagonizaron administraciones sexenales con claros tintes de criminalización del poder presidencial, de acuerdo con distintos periodistas de investigación, escritores de libros, al alcance de la mano de prácticamente cualquier ciudadano interesado, y testigos protegidos durante el juicio al Chapo Guzmán, incluso, de directivos de la DEA en EUA y México, cuyos criterios testimoniales fueron recogidos en distintos medios, personalmente hice un trabajo de investigación que publiqué el año pasado en una revista de circulación nacional de cinco partes en donde ofrezco los datos, nombres y medios de prensa, no obstante, no hay un juicio abierto a ninguno, el más cercano hoy es EPN.
En otro trabajo periodístico también, incluyendo este espacio, establecí mi criterio de que el equipo de software Pegasus, por las ventajas que contenía respecto de equipos informáticos anteriores para desarrollar trabajos de seguimiento, recolección de información sobre objetivos definidos, escuchas telefónicas desde puestos de observación, etc., presentaba un costo de adquisición muy elevado y que multiplicado por varias dependencias que lo adquirieron (CISEN, PGR, SEDENA, SEMAR, PF), además de Estados de la república, forman un monto en millones de dólares que generaba muy amplios incentivos para una transacción ilegal de corrupción, para quien vende como para quien compra, en un contexto de desregulación miope en las leyes de adquisiciones de la administración púbica federal, era una ruta segura de corrupción, de “moches”, etc.
Poder acceder mediante el otorgamiento de contratos a emolumentos de 100,000 o 200,000 dólares o más facturando con sobreprecio, sin que haya un parámetro comparativo de precios porque la empresa fabricante ofrecía un producto “único” en el mercado, ofrecía la cobertura idónea para un negocio de coimas sustanciales. Además, se garantizaba su efectividad para el espionaje a objetivos preestablecidos, no sólo los de perfil organizativo y criminal, sino a periodistas y comunicadores, intelectuales y dirigentes de partidos opositores o gobernadores de oposición, críticos o hipercríticos, organizadores de resistencias activas a tales gobiernos, que de muy lejos se percibía actuaban con grandes márgenes de corrupción al interior de su primer círculo de poder.
Casi todas las grandes empresas, o muchas, tienen áreas corporativas que se encargan de gestionar acuerdos de compra, de reducciones fiscales, omisión de impuestos, etc. mediante coimas, en el caso del gigante latinoamericano Grupo Odebrecht fue más que evidente, a pesar de que difundan una cultura y doctrina corporativa que incluye códigos de ética, y demás, ante la eventualidad de una venta altamente atractiva, suelen correr el riesgo, omiten los escrúpulos y proceden a cerrar el negocio. No dudo que haya quienes se resistan.
He dicho en otra ocasión que el salto del espionaje ambulante –que practicaban el Servicio Secreto, la Dirección Federal de Seguridad, el Estado Mayor Presidencial y otros organismos militares– a la observación y seguimiento informático-digital –en donde las distancias desaparecen y una infinidad de obstáculos de todo tipo quedan superados– es un cambio cualitativo de enorme importancia y trascendencia, porque ha potenciado como nunca las capacidades del aparato de inteligencia de Estado para lograr objetivos que antes podían parecer en extremo complicados de lograr. Sus capacidades invasivas hoy son muy amplias. Por eso debemos prestar a ello la máxima atención y plantear propuestas de equilibrio.
Adicionalmente, este cambio transformó la relación del Estado y su aparato de inteligencia, órgano fundamental, con las grandes empresas de alta tecnología proveedoras de los equipos para desarrollar una inteligencia moderna. Este punto es muy delicado porque abre la operatividad de los organismos y de los propios especialistas al conocimiento de las empresas de alta tecnología. Tal vez no podamos hablar de una dependencia tecnológica, pero sí de una relación de sumo compleja, pues además abrió la puerta a contratos multimillonarios y relaciones de corrupción entre empresas-funcionarios públicos. Un ámbito muy sensible y complejo en un organismo de Estado de carácter estratégico.
El tema se vuelve complejo y hasta espinoso porque se introduce un aspecto de grandes negocios en un área extremadamente sensible de la institucionalidad pública y del proceso político y social en un país y, por lo tanto, un factor susceptible de contaminar las relaciones entre Estado contratante, empresas contratistas y funcionarios con informaciones privilegiadas sobre determinados grupos sociales, privilegio proveniente del dominio de las nuevas tecnologías aplicadas. Por que además, por lo menos en México por el tipo de servicios de que se trata y la secrecía con la que se ejercen en general los recursos públicos en los organismos de inteligencia de Estado, los contratos millonarios son regularmente entregados por adjudicación directa. Por ello hablamos de grandes negocios multimillonarios en un área muy sensible, lo cual modifica la relación gobierno-empresa-altos servidores públicos y abre espacios para cualquier posible tipo de componenda ante la ausencia de una normatividad especial y estricta.
Hoy EPN está en problemas, no podrá resbalar su probable responsabilidad, pero dependerá de la FGR la contundencia de las imputaciones. Pero más allá de la contienda política, los ajustes de cuentas pendientes con el pasado y los íconos necesarios de la lucha contra la corrupción, destaca, el vacío normativo en materia de adquisiciones de este tipo de equipos que no poder persistir. La Dra. Sheinbaum creo que lo entenderá y pondrá a trabajar a su equipo para un marco jurídico a la gran relevancia del problema aquí expuesto. Continuamos.