3 de diciembre de 2021 | 17:31

Dos historias contradictorias de la 4T

En la mañanera de AMLO se tocaron las ventajas de la competencia cuando el titular de Profeco se refirió a El Buen Fin y la reforma constitucional en materia eléctrica.
AMLO
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Ayer nos contaron dos historias contradictorias en el mismo escenario: la de un gobierno pro-competencia y la de un gobierno anti-competencia. Lo malo es que se trata del mismo gobierno.

La historia pro-competencia

Todos los lunes, el procurador Federal del Consumidor, ante el presidente de México como testigo, hace profesión de fe en la competencia. En la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, el procurador hace un recorrido por el país, en su sección ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Su dependencia compara los precios de las principales empresas privadas distribuidoras de gasolinas, diesel, gas que compiten entre sí para ganar más clientes.

El lunes pasado, el procurador del Consumidor habló también de las ventajas de la competencia cuando se refirió a El Buen Fin y los beneficios para los mexicanos de esta iniciativa del comercio organizado del país.

Entre las muchas virtudes de la competencia, se encuentra el hecho de que es el mejor método para asignar recursos en un mercado libre. Todos los elementos de una oferta -calidad, servicio, seguridad y durabilidad- y no sólo el costo inmediato, se ven impactados favorablemente por la oportunidad que tiene el consumidor de seleccionar entre ofertas alternativas.

¿Qué puede generar la competencia?

  • Menores costos y precios de bienes y servicios
  • Mejor calidad
  • Más opciones y variedad
  • Más innovación
  • Mayor eficiencia y productividad
  • Crecimiento y desarrollo económico
  • Mayor igualdad
  • Una democracia más fuerte
  • Mayor bienestar
  • Promoción de la iniciativa individual, la libertad y la libre asociación

La competencia en sí misma es buena. Cuando un gobierno y una sociedad son pro-competencia se logra un beneficio real. Los derechos de propiedad intelectual y las políticas antimonopolio se complementan para promover la innovación y la competencia.

La competencia es una fuerza universal y extremadamente poderosa. La competencia, de una forma u otra, es inevitable mientras las cosas que deseamos sigan siendo escasas, es decir, mientras no haya suficiente para que todos tengan todo lo que desean.

La naturaleza nos impone la competencia. La escasez es un hecho fundamental e ineludible de la vida. Siempre que dos o más personas quieran lo mismo, la consecuencia necesaria es alguna forma de competencia para determinar quién lo tendrá.

La historia anti-competencia

En la misma mañanera, el presidente defendió, de nuevo, su reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Qué busca esta propuesta? Tal y como el señor Bartlett la explica, la reforma busca garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como organismo de Estado, controle la industria eléctrica. El control del sector eléctrico se concentraría, sin contrapesos, en la dirección de la CFE. En la práctica, eso significa:

  • Eliminar el mercado. Se destruyen los tres pilares que requiere un mercado para operar: un regulador autónomo (Comisión Reguladora de Energía, CRE) que se integraría a la Secretaría de Energía; un operador independiente del sistema eléctrico nacional (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE) que se incorporaría a la CFE; y, por tanto, un despacho eficiente de la electricidad, para privilegiar ahora las plantas de la CFE sobre las limpias y de bajo costo
  • Crear un monopolio, en la práctica. Generación, suministro y comercialización eléctrica, hoy con garantía de competencia y libre concurrencia, quedarían reservados al Estado y controlados por la CFE. Los generadores sólo podrán venderle a la CFE y los consumidores sólo podrán comprarle a la CFE, a las tarifas que ésta disponga. México sería un país sin opciones
  • Cancelar todos los permisos y contratos vigentes, de manera inmediata, sin causa justificada. Esto tendría efectos confiscatorios sobre 44 mil millones de dólares de inversión privada, tanto nacional como extranjera. Prohibiría que las plantas privadas produzcan energía al momento de su publicación, pues carecerían de permiso para hacerlo

¿En qué se convertiría la CFE? La reforma le daría a la CFE poder sobre todo el sector, al hacerla juez y parte en los distintos mercados. CFE adquiría facultades constitucionales para decidir discrecionalmente sobre:

  • Quién puede generar electricidad y quién no, incluyendo hogares y empresas
  • En qué orden se puede inyectar la energía a la red privilegiando sus propias plantas por encima de las limpias y de bajo costo
  • Qué tarifas deben pagar las familias y los empresarios
  • Qué tecnologías –generación con gas, diésel, combustóleo, o limpias- se permiten para la instalación de nuevas unidades de generación

La reforma de Bartlett haría dos cosas que vuelven inviable la participación del sector privado: cancela unilateralmente todos los contratos y permisos vigentes, y elimina las condiciones que permitían la competencia de las empresas para generar energía más limpia y a menor costo y sólo podrá vendérsele a CFE bajo las condiciones que ésta decida.

El 46 por ciento del mercado que plantean es una simulación de competencia para beneficiar a CFE, quien puede decidir ese porcentaje de 0 por ciento hasta 46 por ciento, según considere. La reforma es retroactiva y confiscatoria en la práctica: cancelaría todos los permisos y contratos vigentes, sin causa justificada, sólo podría vendérsele a CFE bajo condiciones que ésta decida y cambiaría radicalmente todas las reglas con las que se estructuraron financieramente 44 mil millones de dólares de activos en operación.

La retroactividad de la reforma es equivalente a una expropiación al cambiar arbitrariamente las condiciones sobre las que se pactaron las inversiones. Todos los proyectos financiados caerían inmediatamente en bancarrota.

El argumento del 46 por ciento del mercado es una simulación de competencia para beneficiar a la CFE. Al concentrar, sin contrapesos, todo el control del sector eléctrico en la dirección de la CFE, se le permite tomar decisiones arbitrarias sobre quién genera electricidad, y al precio al que se vende y compra.

Conclusión

Cuando una institución del gobierno, como la CFE, se libera de la necesidad de competir por los ingresos, los resultados que podemos esperar son totalmente indeseables: disminución de la calidad, aumento de los costos, gestión irresponsable y prepotente.

Uno de los peores errores que podemos cometer como sociedad es eximir a una institución de la competencia. Una vez que hacemos eso, una vez que cortamos esa conexión vital entre el desempeño y los ingresos, alteramos drásticamente los incentivos que enfrentan. Ya no deben concentrar sus energías y habilidades en hacer todo lo posible para servir a los clientes o colaboradores. Ahora los ingresos y los recursos se utilizarán para hacer más cómoda la vida del director general. La eficacia y la eficiencia disminuyen inevitablemente. La sociedad sufre.

La competencia es el estado natural de las cosas. El intento de escapar de la competencia sólo puede lograrse mediante el uso de la coerción para evitar que otros persigan sus objetivos. Sólo a través de la voluntad de emplear la amenaza de violencia, bajo los auspicios del Estado, las instituciones pueden intentar escapar del rigor de la competencia. No se debe sustituir la competencia pacífica (el mercado) por la violenta (la política).

¿Preferimos un México de libertad y competencia o uno en el que los inescrupulosos usen la coerción para sofocar o eliminar la competencia económica donde les beneficia hacerlo? Cuando un gobierno y una sociedad son anti-competencia, se genera un perjuicio generalizado. Obstaculizar la competencia puede provocar resultados antidemocráticos, como poder económico y político concentrado, inestabilidad política y corrupción.

Como ciudadanos, debemos sospechar cuando el gobierno decide, a través de una reforma constitucional, si la participación de las empresas privadas se convertirá en una “competencia destructiva” en “mercados que ya están adecuadamente atendidos” y que “no sería de interés público”. Creo que sería mejor para todos dejar esas decisiones a los consumidores, no al gobierno.

Los jóvenes mexicanos ya están poniendo a las personas por delante del Estado. Es hora de que la 4T se ponga al día.

Javier Treviño en Twitter: @javier_trevino