El programa creado por el presidente Enrique Peña Nieto el 22 de enero de 2013, luego de un informe detallado de la Auditoría Superior de la Federación sobre el mismo presentado en diciembre de 2019, desapareció mediante un decreto firmado el 19 de enero de 2022 por el Presidente AMLO.
El Programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) se presentó como el programa estelar de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, como expresión de su amplia y consustancial sensibilidad por las mayorías sociales más vulnerables, un programa que concentró decenas de programas sociales y sus recursos y los centralizó en la Secretaría de Desarrollo Social, dejando ésta a cargo de una antigua militante y dirigente de la izquierda mexicana, la Maestra Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión.
Se ha impugnado con fuerza el “carácter electorero” del programa, también que fue el origen y espacio público, con los principales funcionarios, de uno de los más grandes episodios conocidos de corrupción en las esferas oficiales denominado la “Estafa Maestra” mediante la cual se “desparecieron” más de $5,300 millones de pesos de recursos públicos mediante una ingeniería delictiva que involucró por primera vez en forma múltiple a las universidades públicas como “contratistas y proveedoras” de gorras, banderas, cachuchas, playeras, y otras mercancías de ese tipo. Inaudito pero cierto.
En suma, un programa clientelar, mediático y apto ampliamente para la corrupción desbordada. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado cuenta de sus graves y múltiples fallas como programa de gobierno, sobre lo cual fracasó rotundamente. Pero hay un aspecto que nosotros desvelamos mediante una investigación académica que llevó a la edición de un libro: la Cruzada Nacional contra el Hambre fue parte fundamental, la gran cobertura socio-política, de un programa de contrainsurgencia en el que el gobierno de EUA venía insistiendo desde los espacios del poder público, pero también desde los Think Thanks cercanos al Partido Demócrata y con los ideólogos del Partido Republicano.
Es la doctrina político-militar que conformó la espina dorsal del Plan Colombia orientado contra los carteles de la cocaína y la izquierda armada de ese país, construida por el pensamiento estratégico del Pentágono de los EUA, primero contra “el enemigo interno” dentro de la concepción de la Doctrina de Seguridad Nacional en tiempos de la guerra fría, y luego reconfigurada por el jefe del Estado Mayor Conjunto comandante de las tropas de ocupación en Irak y Afganistán, posteriormente director de la CIA, general David Petreus, para enderezarla como doctrina de soporte contra el crimen transnacional organizado, adicionando los avances en los enfoques sociales de la Antropología norteamericana encabezada académica e intelectualmente por la Dra. Montgomery McFate: “la antropología puede más que la artillería” decía ella; y el general Petreus repetía: “se trata de ganar las mentes y los corazones”. De allí que la contrainsurgencia se acompañe de los programas sociales con la participación masiva de las fuerzas armadas. David Petreus visitó a Felipe Calderón entonces presidente en Los Pinos en enero de 2012, ya director de la CIA.
La contrainsurgencia es una concepción socio-política y antropológica-militar, no exclusivamente militar. Algunos analistas en México la enfocan bajo la perspectiva de la represión militar al descontento social, absolutamente sesgado. El énfasis fundamental es el conocimiento a fondo de la parte cultural de quienes se insurreccionan contra un gobierno legalmente constituido y aliado de EUA, para defender los intereses estratégicos del gran complejo militar-industrial-tecnológico-financiero y cultural de los EUA como gran potencia mundial. Pero dicha doctrina debe estar acompañada del progreso social, de bienestar, de mejora social. Donald Trump al inició de su mandato presionó al gobierno de AMLO para lograr la aprobación de una nueva versión del plan en México, llamándolo “Plan Colombia” a secas. AMLO antepuso su propia concepción.
De allí los programas sociales que le acompañan en su visión integral, no sólo represiva. Uno de los aspectos (entre muchos) que se considera deben cumplir los programas de mejora social en dicho contexto es asegurar la alimentación de la población para evitar que los más pobres se insurreccionen contra un gobierno legalmente constituido, y se conviertan en base social de apoyo activo de la izquierda armada o del crimen organizado.
Algunas evidencias encontradas:
a) En el mes de abril de 2009, se dio a conocer el contenido general de un documento elaborado por la Dra. Vanda Felbab Brown (evidentemente, ella al frente de un equipo de especialistas), del Brookings Institute (BI, American Think Tank basado en Washington D.C.), un Centro de Investigaciones muy cercano, en general, a los dirigentes y gobernantes del Partido Demócrata, pero particularmente, al Presidente Barak Obama, quien tildaba a la estrategia seguida –hasta entonces- en México contra la criminalidad transnacional, como “fallida”, por ser esencialmente “reactiva y limitada”, y que sólo aumentaría su eficacia mediante tres grupos de medidas: el empleo de un enfoque de contrainsurgencia urbana, con las tácticas que le son inherentes; la creación de una policía militar con carácter transitorio, es decir, que cumpla funciones específicas y luego pueda desaparecer; y mediante una mayor asistencia multilateral por conducto también, de la eventual regulación fáctica del mercado ilegal de las drogas (se referían a un liderazgo criminal que impusiera ciertos controles en los mercados);
b) Una resolución del “Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (la iniciativa “HR/3401), que aprobó un Plan de Contrainsurgencia para combatir a los cárteles mexicanos” como organizaciones terroristas, así lo establecía la noticia dada a conocer en la prensa internacional desde Washington D.C. (15 de septiembre, de 2011), enmarcada en la Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada (parte de los convenios suscritos por México en el ASPAN, Acuerdo por la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte). La nota periodística citada sobre la resolución del Congreso agregaba:
“Bajo esta iniciativa los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional deberán elaborar un plan contrainsurgente definiendo a las organizaciones criminales en México, sus líderes, objetivos, evolución y áreas de influencia. Asimismo debe incluir una evaluación de las capacidades de la policía federal y de las fuerzas armadas de México, así como de instituciones gubernamentales estatales y locales, y organizaciones no gubernamentales”.
c) Se dio a conocer en México la noticia en el mes de junio de 2010: que desde el año 2008 el ejército estadounidense envía anualmente 20 equipos integrados por cuatro o cinco militares (es decir, entre 80 y 100 instructores) para entrenar a militares mexicanos “en contrainsurgencia, tácticas que se usan para desmantelar redes” terroristas, y que también se aplican para combatir a los cárteles criminales, pero sin participar en operaciones concretas (lo cual significa que podrían estar sobre el terreno sin entrar en combate directamente, pero sí, dirigiendo, asesorando, la conducción de movimientos armados), todos ellos, personal militar experto en guerra urbana irregular, en inteligencia, pero también, “en trabajo social y reconstrucción” desde las experiencias en Afganistán e Irak, actuando sobre la idea esencial de “que el enemigo vive entre civiles” y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha “formado a los militares mexicanos”, información dada a conocer por el general James Winnefeld Jr., nuevo comandante del Comando Norte, que es el encargado de cuidar y garantizar la seguridad nacional de EUA por cielo, tierra y mar, en todas las formas posibles.
d) No sólo entrenan a militares, policías y agentes mexicanos en contrainsurgencia, las agencias del gobierno estadounidense: The Washington Post publicó una nota el 27 de enero de 2012 (no desmentida), en la cual confirma el entrenamiento que están recibiendo desde algunas firmas privadas especialistas en seguridad, como “MPRI”, uno de los contratistas más activos en la guerra de Irak, por militares estadounidenses en funciones y ex militares que trabajan para tales empresas, quienes imparten cursos sobre “contrainsurgencia, vigilancia electrónica y otras técnicas”.
Vean todas las semejanzas que existe entre lo antes afirmado y lo que ha venido sucediendo en México. Toda esta información aparecida en fuentes abiertas, no he sabido que haya sido desmentida por nadie. Hay otros diversos aspectos que no tenemos espacio para presentar. Quede constancia de algunos de ellos.