¿Puede una paraestatal como API BCS para subconcesionar una concesión federal?

Debido a esta falta de transparencia y la presunta irregularidad que existe en torno en la licitación para entregar su concesión federal marítima entregada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la ciudadana Maribel Pérez Núñez interpuso el juicio de amparo 608/2021 para detener el proceso de licitación iniciado por Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur.

Se trata de la convocatoria pública APIBCS/02/20 lanzada el 16 de abril de 2020 para ceder la operación y administración de muelle de Usos Múltiples No 2 del puerto de Pichilingue, es decir, una superficie de 63,496.92 metros cuadrados. Allí una empresa podrá construir una terminal para recibir dos muelles para recibir a dos megacruceros al mismo tiempo. 1,200 millones de pesos costará la terminal.

“En la página anunciaron con bombo y platillo no han hecho público quién ganó el concurso. Es totalmente ilegal. Esto que está haciendo API BCS ni el gobierno federal puede hacerlo, esta empresa paraestatal del Gobierno de BCS tiene permisos para operar, para operación portuaria, dar otra concesión a una empresa extranjera totalmente privada, ya no para una operación portuaria sino turística”, explicó.

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API BCS es una de las compañías creadas gracias a las reformas de 1993 a la Ley de Puertos emprendidas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para fomentar la disminución del poder de la federación y permitir la entrada al sector privado en el manejo de estas zonas marítimas estratégicas.

“Justamente las omisiones y opacidad porque están lucrando con bienes de la nación y peor aún, se desconoce si tienen permisos ambientales, nosotros creemos que no”, añadió la denunciante.

En julio de 1997 la SCT otorgó una concesión por 50 años a API BCS. Ahora la paraestatal busca entregar los 25 años que le restan a su concesión e incluso, como si se tratase del gobierno federal, propone una prórroga por 20 años más para los interesados. Una concesión para operar portuariamente que “no se delimitó correctamente los límites territorio como marítimo nada más operación portuaria”, explicó la denunciante.

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Esto permitió que la SCT entregara una concesión federal al Gobierno de BCS a través de la creación de una sociedad anónima con un consejo administrativo donde el gobernador es el presidente.

Durante la administración de Carlos Mendoza Davis, luego de la aprobación en 2016 del marco regulatorio de asociaciones público-privados dio mayor oportunidad de empujar este tipo de negocios al amparo del poder público para incentivar el negocio de los grandes corporativos mexicanos y extranjeros.

Lo extraño es que desde el 11 de noviembre de 2020 debió darse a conocer al ganador de la licitación.

Sin embargo, el hermetismo de la paraestatal dirigida por José Soto López no ha permitido a saber oficialmente cuál fue el veredicto. A través de una solicitud de transparencia vía Infomex se pidió hace un mes sobre los datos del ganador, sin embargo, API BCS negó la información alegando que el concurso aún no ha terminado:

“Al respecto se le informa que a la fecha el proceso concursal no ha concluido, por lo que, por el momento no se puede proporcionar la información solicitada, misma que podrá remitida una vez que este haya finalizado en su totalidad”.

Lo realmente preocupante en esta convocatoria, contrario a la respuesta de la paraestatal, justo hace un mes las empresas ITM Group y Carnival (corporativo de Princess Cruises que tiene cuatro cruceros fondeados en la Bahía de La Paz durante su inactividad por la pandemia) se declararon ganadoras del concurso.

ITM Group y Carnival presentaron Under the Sea, un plan maestro para desarrollar puertos de altura para megacruceros de 6 mil pasajeros no solo en La Paz sino en Ensenada, Baja California también.

Under the Sea consiste en el desarrollo de 40 acres (16 hectáreas) adyacente al puerto de cruceros con un acuario, un museo, dos restaurantes, locales comerciales, cascadas, esculturas y, eventualmente, una playa artificial con una isla para niños y un centro nocturno con alberca.

Justamente el Gobierno de México anunció durante 2020 las modificaciones a la Ley de Puertos que facultan a la Secretaría de Marina para control y administración de los puertos del país donde existen:

“El decreto señala que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la SCT respecto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), incluidas las Administraciones Portuarias Integrales (API), en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que serán trasladadas a la Semar, tales como dragado, puertos, y educación náutica, se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo”.

Ya anteriormente había dedicado una columna para hablar de la inminente privatización del puerto de Pichilingue. En esa ocasión señalé que, del mismo modo, con poca transparencia y sin consultar a la ciudadanía, el gobierno estatal entregó mediante una licitación a New Fortress Energy para construir una microterminal de gas, electricidad y regasificación.