La zona del Istmo Centroamericano es un área de concentración y transportación de drogas y negocios criminales como el comercio de carne, la pesca, la deforestación y venta de maderas con importante valor de mercado, la llegada y transportación de cocaína y el lavado de dinero con organizaciones criminales de relevancia en dicha zona y en las costas mexicanas del Caribe y el Golfo de México, el territorio del sureste mexicano, por mar, aire y tierra, lo que la ha convertido desde hace años en un espacio geográfico de importancia estratégica, porque vincula los procesos criminales en América del Sur, Centroamérica y México, desde donde se diversifican las líneas de producción, distribución, comercio y consumo, así como la logística que todo ello requiere.

Mucha producción criminal se queda en México, otras líneas de productos ilegales  van a Europa y otros corredores de trasiego conducen a EUA. Las asociaciones criminales en las tres áreas geográficas (Suramérica, Centroamérica y México-EUA) sellan un proceso criminal transnacional y geoestratégico de gran envergadura que ha sobrevivido en condiciones en extremo complejas y se ha reconfigurado.

El corolario es la inmigración indocumentada controlada también por organizaciones transfronterizas del crimen organizado que en buena medida tienen su propia lógica, dinámica, y su propia rentabilidad, pero que funcionan también tal como se lo hacen contemporáneamente, en grandes oleadas, en masas de inmigrantes indocumentados, como inmensa cobertura y gran distractor de las autoridades fronterizas que concentran allí su atención cuando en la morfología socio-criminal se están produciendo otros varios procesos criminales de gran envergadura. En cualquier caso, las autoridades fronterizas y los cuerpos armados comisionados a tales regiones, quedan rebasados por la “marea criminal” de procesos inter vinculados y en donde las organizaciones protagónicas están presentes en unos y otros de ellos. Hasta hoy han sido incontenibles.

Elasticidad organizativa y operativa, alianzas criminales duraderas y con servidores públicos de alto nivel, distribución de ganancias y reconfiguración permanente de rutas, territorios y nuevos negocios, conforme la evolución y características de las ofensivas oficiales en las tres regiones geográficas señaladas, son la clave del predominio del CTO en las tres regiones señaladas que operativamente se articulan.

El tema sustantivo es la nueva relación que se ha ido forjando entre los Estados Nacionales, la institucionalidad pública en diferentes áreas de la administración pública y los otros poderes, y la economía criminal con espacios cada vez más dilatados dentro de la economía formal nacional, lo que evidentemente es un tema multidisciplinario. Como indican Rivera-Rhon y Bravo Grijalva, requerimos “identificar y caracterizar las cadenas de valor del narcotráfico desde una mirada de la EPI (Economía Política Internacional), por dos razones. Primero, las economías ilícitas han surgido como una respuesta al mercado criminal del narcotráfico a partir del caso colombiano, obviando la importancia de las cadenas de suministro para la fabricación de ilícitos y su conexión con mercados fronterizos. Segundo, la academia y los tanques de pensamiento han enfocado su atención desde el derecho, en explicar el “modo empresarial” del COT a partir de las mafias italianas”.

Es decir, en la economía criminal actual no sólo existen bien formadas cadenas de suministro transfronterizas, sino cadenas de valor trasnacional de productos criminales que se comercian en mercado interno y se exportan a otros países. Este es un tema de Inteligencia Económica, interrelacionado con la Inteligencia Estratégica. En México ya ha gravitado fuertemente la economía criminal con sus cadenas de suministro controladas en productos como el limón, el aguacate y otros. Comenté en la columna anterior cómo los productores de madera del sureste han perdido su mercado ante el empuje de la tala ilegal y la venta criminal de maderas, en la venta de carne igual y en la pesca de ciertas especies, igualmente.

En España hacia la primera década del siglo XXI la economía criminal (“economía sumergida”) era el 23% del PIB, según un estudio académico serio de la Universidad Carlos III. Lo siguiente es incorporar nuevos sectores de actividad y un régimen laboral especial a partir del control territorial, nuevas ramas de producción agrícola e industrial, comercial, minería y comprando financieras útiles a sus propósitos, con una red de empresas fachada, inversiones apoyadas en la fuerza fáctica armada y complicidad de autoridades de  dos, tres o más países. Tenemos así, una red criminal completa de orden transnacional con inmenso poder fáctico. Una respuesta simétrica desde los Estados regionales sería plausible de explorarse.

Desde esta perspectiva la Inteligencia Económica articulada a la Inteligencia Financiera y a la Inteligencia Estratégica, apoyadas por el Banxico, SAT, y SHCP, Secretaría de Economía y la FGR dentro de un Sistema Nacional de Inteligencia en México, ofrecería mejores perspectivas de éxito. Alguien tiene que informar con toda responsabilidad al presidente AMLO de estas enormes vulnerabilidades y vacíos de poder público frente a la expansión del CTO para actuar con una visión de Estado.

Porque esta es la forma más avanzada (junto a empresas que capturan contratos públicos) en que el CTO blanquea su capital y valoriza por sí mismo sus inversiones, acudiendo cada menos al sistema bancario. Le da una inmensa cobertura para inversiones inmobiliarias o de otro tipo creando una casta de directivos a su servicio con legalidad y legitimidad, paralela a los grupos de sicarios. Es la forma silenciosa de expansión criminal a través de la “economía sumergida”. El control territorial y el poder fáctico coercitivo o de violencia social, se va articulando con una economía criminal expansiva y unas finanzas con orientación a la actividad productiva y patrimonial con cobertura de legalidad, incluso, allende las fronteras. Ya no solo mediante inversiones bursátiles. Se expande la economía criminal a partir de la ampliación sin precedentes del crimen de “cuello blanco”, el más complejo de investigar, probar y castigar. Las vías entonces de la Captura del Estado se diversifican, se refuerzan y se expanden. Tiene que haber respuesta de Estado.

El poder económico-financiero transnacional, el control territorial y el poder armado fáctico de coerción del CTO, modifica su relación con el poder político, que es finalmente poder privado aunque de origen ilícito. Hablamos entonces de relaciones de fuerza, de institucionalidad pública e “institucionalidad privada”. El tema puede agudizarse si el aparato de fuerza del Estado (sus cuerpos armados) no logra controlar la generación de violencia de la que son capaces las organizaciones del CTO, es decir, si no reducen o debilitan el ejercicio del monopolio de la fuerza legítima arrebatada al Estado.

Y con todo ello, el CTO no sólo genera coacción y violencia, sino también en regiones pequeñas, medianas o amplias un “tipo gobernanza no violenta” a partir de cierta base social de apoyo con la entrega masiva de despensas y obra social.

El BACRIM-2020 es una base de datos de presencia criminal construida mediante un software especial dentro del Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE y del Centro GEO, que documenta la existencia de 150 grupos criminales distribuidos en todo el territorio nacional: CJNG en 23 Estados, Cartel de Sinaloa en 14 y Nueva Familia Michoacana en 8. Hay 51 grupos presentes en la Ciudad de México (la sede del asiento de los poderes federales).

Se identificaron, también, 179 rivalidades entre grupos criminales y 162 alianzas. Las entidades que tienen mayor presencia de estos grupos criminales son: Ciudad de México (51), Guerrero (15), Veracruz (13), Morelos (13), Chihuahua (12), Estado de México (11) y Sinaloa (11). Siete Estados saturados por la presencia criminal. MORENA gobierna 5 de estos 7 Estados. Urge un enfoque de criminalidad regional.

En Ciudad de México, por ejemplo, la presencia de estos grupos está liderada por Guerreros Unidos. Le siguen CJNG, Anti-Unión o la Rosa Nueva, los Rodolfos, los Maceros, los Sinaloas y Lenin Canchola. La BACRIM-2020 puede consultarse. Pero atención y acción, no estamos hablando de cosas menores Presidente AMLO. Hoy Morena  será la mayor fuerza en 22 gubernaturas, gobernando 56% de la población, esperaríamos mucho más de ella en esta crucial problemática para el futuro del país. Que se pueda apreciar que el voto tiene un valor fundamental frente a las problemáticas agudas de la sociedad. Hay una gran responsabilidad.