Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a AMLO, en un video colgado en sus redes sociales, no inmiscuirse en las funciones del poder Legislativo. Tuvo lugar en el marco del anuncio del presidente de convocar una consulta popular en torno a la prolongación de la presencia del Ejército en las calles.
Creel tiene razón, al menos a la luz de la Ley, de la Constitución y de cualquier interpretación de las funciones del Legislativo. Como es bien sabido, este poder es el representante de la nación mexicana, de la pluralidad política, de las diferencias de opinión. A la vez, es el responsable de otorgar las leyes que rigen la convivencia entre los mexicanos.
Para la mala fortuna de nuestro país, el presidente AMLO no cree en la democracia parlamentaria, a menos, desde luego, cuando el Congreso de la Unión le sirve incondicionalmente no como un poder independiente del Estado mexicano, sino como una oficialía de partes cuya única tarea es legislar “sin moverle una coma” a cualquier voluntad o capricho surgido del jefe del Estado mexicano.
Lo que AMLO pretende hacer -y así lo señaló acertadamente Creel- es pasar por encima de las funciones del Legislativo convocando a una consulta popular en el momento en que el Congreso discute una iniciativa. ¿Qué significa esto? Sencillo. Significa que un debate parlamentario, que aún sigue su curso, se verá tocado por un ejercicio de “democracia participativa” cuyo resultado- quiérase o no- tendrá un impacto decisivo en las opiniones de los legisladores, desvirtuando así la discusión en el seno del poder Legislativo.
Ningún demócrata está en contra de la democracia participativa, pues ésta es un rasgo importante en el seno de un régimen. Sin embargo, lo que sí debe repudiarse es la mañosa utilización de este instrumento para socavar a otro poder de la Unión.
En resumen, AMLO rechaza la democracia parlamentaria y el respeto a los poderes de la Unión cuando alguno de ellos -sea el Legislativo o el Judicial- no se pliega servilmente a su voluntad. En el caso del primero, busca convocar una consulta para meter “presión” a los legisladores, y con ello, pervertir el proceso en el Congreso. Y en el caso del segundo, cuando algún juez o miembro de la Poder Judicial emite una decisión contraria a los intereses del presidente, éste los descalifica tildándoles de corruptos, elitistas o miembros de la mafia del poder… lamentable para un país cuya joven democracia se ve amenazada por un presidente autoritario.