El 25 de enero pasado, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC 2021).

En esta edición, para el ejercicio de medición de la percepción de dicho flagelo social a nivel mundial, se evaluaron a 180 países; ubicándolos, a través de la métrica en mención, en una escala del cero al cien del más corrupto al más limpio, respectivamente. Es importante destacar que de conformidad con el informe publicado, los niveles de corrupción se han visto estancados al no presentarse avance significativo o avance alguno siquiera en esta materia en el 86% de los países evaluados en la última década. Asimismo, otros indicadores preocupantes que revela el IPC 2021, es que la calificación promedio de esa gran muestra de naciones es de 43, mientras que dos tercios de ellas tienen calificaciones por debajo de los 50 puntos.

En lo tocante a nuestro país, este se mantuvo sin alteración con una calificación de 31 para ubicarse en la posición 124 del ranking internacional de países evaluados. En otras palabras, México pertenece a aquellos que no solo están por debajo de la mitad del rango de evaluación, sino que, al no haber mejoría en nuestra posición, muestra que pertenecemos al grupo de países sin avances visibles en la materia.

Como lo destaca de igual modo el IPC 2021, los estragos de la pandemia no solo se han resentido en el mundo entero en forma de pérdida de salud y de vida de millones de personas. El problema es que esta situación dolorosa y emergente, como lo refiere Transparencia Internacional en el informe en mención, ha sido aprovechada por diversos Estados como excusa para, por un lado, socavar las libertades de las personas aumentando restricciones y, por otro, para recurrir a la opacidad como medio para realizar contrataciones y alinear a sus intereses, indebidamente, los recursos y medios que en muy diversas formas podrían servir para no solo atender a las personas en sus necesidades y demandas, sino para fortalecer, de igual modo, los mecanismos de combate a la corrupción.

Cerrarle el paso a esta práctica, exige que se dote de mayor vigor y efectiva operatividad a las instituciones encargadas de combatirla. Asimismo, requiere de convicción y voluntad política, no solo discursivas o formales para hacernos cargo del problema que como país enfrentamos; pero también, debemos exigir a nuestras instituciones y ponerlas bajo la lupa del escrutinio de la ciudadanía, debemos señalar y hacer nuestra parte como personas, denunciando, cuestionando.

En presencia de corrupción se rompen la confianza, la legitimidad pública y es claro que no hay equidad posible, porque se trastocan indebida e ilegalmente las condiciones que proveen a su existencia y eficacia. Lo que debemos entender, sobre todo, es que sin equidad, se hace imposible la sustancial vigencia de las libertades y los derechos humanos al restarse voz y posibilidades a las personas y, con ello, se torna imposible pensar en desarrollo.