México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) podría perder más de 70 mil millones de pesos en caso de que se no se modifique el contrato de compraventa de gas etileno que tiene con Etileno XXI, el consorcio formado por Braskem, empresa filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa.
Así lo explicó al diario La Jornada el abogado Paulo Diez Gargari, quien ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que estuvieron involucrados en la firma del acuerdo.
Durante la administración de Felipe Calderón, Pemex Gas y Petroquímica Básica (actualmente Pemex Transformación Industrial) acordó vender a este consocio casi 3 millones de metros cúbicos de etano por día por 20 años, con posibilidad de ampliar el trato a 35 años.
Para ello, explicó, se estableció como precio el referencial aplicable a nivel internacional, pero con un descuento de entre 20 y 30 por ciento, lo que supone un gran trato para Etileno XXI y un riesgo enorme para la empresa productiva del Estado.
Debido a la caída en la producción que inició con Calderón y se extendió con Enrique Peña Nieto, México debe importar en la actualidad gas para cumplir con el compromiso, aunque esto le represente pérdidas.
México tiene elementos para cancelar contrato con Etileno XXI, afirma experto
El alto costo al que Pemex está obligada a importar el energético por culpa del convenio acordado en 2010 no le deja margen de ganancia alguno y, por el contrario, representa enormes pérdidas, explicó Diez Gargari.
Esta situación, continuó, solo puede explicarse si se recuerda que Odebrecht sobornó a autoridades de decenas de gobiernos latinoamericanos para obtener jugosos contratos.
Además, consideró que los funcionarios de Pemex de aquellos años “mintieron al afirmar que existían reservas suficientes para vender etano a Etileno XXI”.
“La brasileña Braskem y la mexicana Idesa saben en el fondo que ese contrato es resultado de un acto de corrupción”.
“La brasileña Braskem y la mexicana Idesa saben en el fondo que ese contrato es resultado de un acto de corrupción”.
Paulo Diez Gargari
Por ello, insistió, se debe pedir “la nulidad de ese convenio”, además de exigir a las autoridades “que se finquen responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios que lo celebraron”.