México.- Estados Unidos ordenó suspender la importación de tomates provenientes de una compañía agrícola mexicana acusada de explotación hacía sus trabajadores.

La operación fue realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) por lo que las autoridades catalogaron como trabajo forzado.

Los envíos de tomate por parte de la compañía agrícola mexicana, a Estados Unidos, se realizaban de la empresa registrada como ‘Agropecuarios Tom’, con sede en San Luis Potosí.

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Luego de una serie de investigaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló evidencia de ‘Agropecuarios Tom’ de:

  • Engaño hacia sus trabajadores
  • Retención de salarios
  • Servidumbre por deudas
  • Condiciones laborales y de vivienda abusivas.

No es la primera vez que la compañía de tomates mexicanos se encontraba investigada por explotación

La misma empresa mexicana ya se encontraba siendo investigada por acusaciones de trabajo forzado desde octubre de 2020.

Época en la que Rommel Fernandez Veraud, representante de ‘Agropecuarios Tom’ negó las acusaciones en general.

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En esta ocasión, la empresa mexicana productora de tomates, de igual forma, se dijo sorprendida ante las acusaciones.

Estados Unidos ha comenzado a investigar campos de todo México por el delito de esclavitud

Durante los últimos años, diversos reportes de medios locales denunciaron como los trabajadores mexicanos se encontraban en condiciones similares a la esclavitud en campos de todo el país.

Este tipo de campos abastecen a las compañías alimenticias de Estados Unidos, por lo que el gobierno estadounidense ha ordenado el bloqueo hacía este tipo de empresas.

A través de órdenes de liberación de retención, el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado las importaciones para evitar este tipo de tratos inhumanos.

Las órdenes, que obligan a las compañías estadounidenses a indagar más profundamente en las prácticas dentro de su cadena de suministros, se mantienen vigentes hasta que los productores citados puedan ofrecer evidencia de que han corregido las prácticas abusivas.