Mérida, 25 Feb. (Notimex).- El abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Renán Solís Sánchez, se pronunció por impulsar reformas que permitan fortalecer la autonomía universitaria y evitar una posible intervención en su vida interna, por parte de grupos y autoridades locales en turno.

En el marco de una sesión solemne del Consejo Universitario, para conmemorar el 90 aniversario de la fundación de esta institución, añadió que es necesario impulsar el ?fortalecimiento de la universidad pública y que continúe siendo, gracias a su autonomía y cumplimiento de sus fines, una en la que más confían los mexicanos?.

?Pese a que la autonomía universitaria es una garantía institucional y un sólido principio altamente apreciado, es un régimen inacabado, pues carece de la protección férrea que permite cabalmente su subsistencia, por lo tanto, los universitarios aspiramos, en un futuro no lejano, al fortalecimiento de la autonomía?, enfatizó.

Agregó que esta petición es posible mediante la implementación de dos figuras protectoras, la consulta universitaria obligada, previa a la reforma de la ley que otorgó la autonomía a la institución; así como la suspensión oficiosa universitaria, al impugnar actos que vulneran la autonomía universitaria.

En torno a la consulta universitaria, indicó que de esta manera cada vez que se intente reformar o expedir nueva ley que otorgue la autonomía, necesariamente se consulte al Consejo Universitario o como se denomine su órgano máximo de gobierno.

El objetivo es que se le dé oportunidad de expresar lo que estime conveniente, ?pues finalmente somos los universitarios quienes mejor conocemos a nuestra institución y el rumbo que para ella deseamos?, señaló.

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Respecto a la suspensión oficiosa universitaria, expuso que ?esta medida, en perfecta armonía con la anterior, tiene como objetivo el que se otorgue a la universidad pública de manera oficiosa y sin depositar fianza alguna la suspensión correspondiente, cuando impugne cualquier acto que signifique intromisión o vulneración de la autonomía universitaria?.

Es decir, ?que dicha suspensión no esté condicionada de ninguna manera y no propicie interpretaciones subjetivas que lleven a negarla, modificarla en perjuicio o revocarla, sino que se garantice la no ejecución del acto reclamado y se estudie siempre, sin pretexto alguno, el fondo del asunto, a fin de determinar si existió la violación señalada?, manifestó.

La coexistencia de ambas figuras provocarían seguridad y estabilidad para la universidad pública y, desde luego, transparencia en el acto del gobernante, habida cuenta de la certeza jurídica que proporcionaría el hecho de que el asunto sea examinado íntegramente en definitiva, consideró.

?Las figuras mencionadas coadyuvarían al cumplimiento de los fines de la universidad pública y permitirían a ésta un mejor desarrollo de sus proyectos, pero sobre todo, alejaría las intenciones de grupos o autoridades de vulnerar la autonomía, es decir, las tentaciones se enfrentarían a un obstáculo poderoso?, dijo.

Por su parte, el rector Alfredo Dájer Abimerhi recordó que en la actualidad la UADY atiende más de 21 mil estudiantes en dos escuelas preparatorias, una Unidad Académica con Interacción Comunitaria, una Unidad Multidisciplinaria en Tizimín, 15 facultades y el Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi.

Señaló que además se imparten 45 licenciaturas, 28 especializaciones, 27 maestrías y cuatro doctorados, programas educativos atendidos por más de mil 300 profesores altamente calificados.

NTX/JMC/RMF/GPG