México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, informó –sin revelar nombres- que hay una investigación a funcionarios del sector salud por un fraude de 83 mil millones de pesos cometido durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Lo que sí dijo, es que la indagatoria se centraría en el extinto Seguro Popular hoy reconvertido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues se encontró que el gobierno mexicano benefició a farmacéuticas con contratos que representan pérdidas fiscales por 416 millones de pesos.
Antes de presentarse a una reunión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el titular de la UIF dijo que en la investigación se encontraron evidencias de “contrataciones ilegales” en el Seguro Popular.
Investigación de la UIF se suma a la de Rosario Robles y Emilio Lozoya
Aunque Santiago Nieto no reveló los nombres de los funcionarios, dijo que la indagatoria abarca a directores y titulares de institutos del sector salud designados durante el sexenio del presidente EPN.
La investigación se suma a las que la UIF ha abierto en contra de otros titulares de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presidida entonces por Rosario Robles –quien se encuentra presa- y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que presidió Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció este año, así como el que fuera director de Pemex, Emilio Lozoya.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no existe una investigación en contra de Enrique Peña Nieto o su exesposa, Angélica Rivera, recupera la agencia EFE.
Millones se utilizarían para combate de coronavirus
El objetivo de la UIF es recuperar 5 mil 400 millones de pesos más 52 millones que se encuentran congelados derivados de actividades ilícitas, para emplearlos a la atención de la epidemia de coronavirus en México.
Aunque, según Nieto, no ha sido posible usarlos debido a la ausencia de una disposición legal, por lo que podría solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) su facultad para que planteen la extinción de dominio ante los jueces.
Entre dichos recursos millonarios se encuentran decomisos al Cártel Jalisco Nueva Generación y otro grupo vinculado a la trata de personas que no fue identificado, sin embargo, existe demora porque hay 169 casos pendientes de 2019 y otros 35 del año en curso ante la FGR.